EL MOTÍN DE LA GRANJA

El corto ministerio de Istúriz (15 de mayo a 17 de agosto de 1836) se encontró, desde el primer momento, en minoría en las Cortes y con una fuerte oposición radical que abogaba por la vuelta a la mágica y "casi mítica" Constitución de 1812.

El "motín de La Granja" era el broche de otra situación revolucionaria, similar a la de 1835, comenzada en provincias y sancionada, en último extremo, por Madrid.  Quienes dirigieron el tramoyaje conspiratorio eran Mendizábal, Calatrava y Joaquín María Soler.  Su trabajo caía en el terreno abonado de los sargentos, muy familiarizados con las ideas libertarias y siempre tarde y mal pagados.  Para colmo, había intenciones serias de disolver la milicia por considerarla preñada de liberalismo y "vanguardia de la dictadura plebeya".

Como cuentan algunos historiadores muy detallistas, mientras los oficiales de la guardia se hallaban en Madrid, en el teatro de la Cruz, donde la Alberti, famosa "prima donna" estrenaba L'Esule di Roma, de Donizetti, 18 sargentos, embriagados y sobornados por Mendizábal y Calatrava, irrumpieron en La Granja, obligando a la reina a firmar un decreto restableciendo la Constitución de 1812.  Se cuenta que cuando la reina preguntó a uno de los sargentos por qué estaba a favor de la Constitución de 1812, éste respondió: "Era mejor antes.  El año 1822, en La Coruña no había impuestos sobre el tabaco y la sal".  Significativa respuesta, aunque adoleciendo de ideas políticas primarias.

A los pocos días los descamisados madrileños asesinaban al general Quesada, "toro bravo", y su mano cortada circulaba por las mesas del Café Nuevo haciendo de cucharilla.

Los progresistas suben al poder por imposición de los soldados amotinados en La Granja.  El ejemplo es asimilado por moderados y progresistas, en lucha violenta por derribar el poder de sus enemigos, acudiendo a su arma favorita: "el pronunciamiento".

Calatrava, con un íntegro pasado liberal, presidía el gobierno, del que era ministro de Hacienda Mendizábal.  Convocaron Cortes extraordinarias para que la nación expresara su voluntad acerca de la Constitución de 1812 o diera otra más conforme a las necesidades públicas.  Elaboraron y sancionaron la Constitución de los progresistas de 1837.

Los liberales avanzados la tacharon de tímida y reaccionaria, ya que era una Constitución conciliadora y un intento de mantener la armonía de la familia liberal.  Organizaba el poder legislativo en dos cámaras: Senado y Congreso, iguales en derechos, excepto en materia hacendística, en la que correspondía la primacía al Congreso.  Se potenciaba al ejecutivo real y la Corona debería convocar las Cortes todos los años; y si no cumplía esta obligación, ellas podían reunirse por acuerdo propio.  Los senadores eran elegidos por la Corona de entre las ternas votadas por las asambleas provinciales.  Los diputados lo eran por sufragio, pero ara ser elector se exigía ser propietario de una cantidad o pagar una contribuciones, lo que, lógicamente, excluía a las clases trabajadoras.  Se sancionaban el principio de igualdad ante la ley, la libertad de prensa y la supresión de las pruebas de nobleza.  En cada provincia había una diputación provincial, elegida por los mismos electores que los diputados a Cortes, y en los pueblos, ayuntamientos nombrados por los vecinos.

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MEDIZÁBAL (I)

Si el objetivo revolucionario era enterrar el régimen absoluto y la Iglesia lo defendía con todas sus fuerzas, no es extraño que la revolución intentara destruirla para poder continuar su camino.  Esta tenacidad del clero en situarse siempre contra la Historia será la causa de las sucesivas olas de anticlericalismo y, más profundamente, de desalienación religiosa, sobre las cuales camina hasta nuestros días, el movimiento revolucionario.

Este anticlericalismo radical se percibe con la sola comparación del artículo 12 de la Constitución de 1812 en el que se declara que "la religión es y será perpetuamente católica", y se prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Sin embargo, el artículo 11 de la Constitución de 1837, se limita a reconocer la religión católica como "la que profesan los españoles".

El gobierno de Martínez de la Rosa presentaba la dimisión al no recibir la cooperación convenida de la "cuádruple alianza" para luchar contra los carlistas.  Tampoco sus métodos políticos de llevar la guerra habían dado resultado, sobre todo por la oposición de los radicales, para quienes la victoria sobre los carlistas se realizaría haciendo un llamamiento al patriotismo popular, como en 1808.

El corto ministerio del conde de Toreno (8 de junio a 14 de septiembre de 1835) tampoco tuvo éxito al aglutinar todas las fuerzas liberales, pese a sus ataques a la propiedad eclesiástica, a sus éxitos militares contra los carlistas, a recibir ayuda militar de Francia, Inglaterra y Portugal y haber traído al ministerio de Hacienda a Mendizábal, quien llevaba doce años exiliado en Londres.   Las revoluciones provinciales obligaron a Toreno a dimitir, sucediéndole Juan Álvarez Mendizábal.  Venía éste precedido de una gran reputación de revolucionario y hacendista, justo lo que necesitaba en ese momento el país.

La revolución había llevado a Mendizábal al poder.  Contenta a los entusiastas distribuyéndoles cargos locales y les apacigua manteniendo la capacidad revolucionaria de las juntas, encauzada en las diputaciones provinciales.

El sueño de Mendizábal, como el de otros políticos de la época, era mantener la armonía en el seno de la familia liberal a base de un único partido.  Para ello había que revisar el Estatuto Real dando cabida a algunas exigencias radicales.  El intento resultó imposible, por cuanto los moderados se aliaron con la Corona para derribar a Mendizábal.  El hacendista y hombre de negocios se vio obligado a dar el paso hacia la izquierda, formando la llave del partido progresista al lado del patriota radical Calatrava y de los exaltados.

Mendizábal era un judío gaditano, corpulento, elegante y de gran estatura física.  Vivió en su juventud en el Cádiz revolucionario, donde estuvo preso, a punto de ser fusilado, confiscado y condenado a muerte.  En Londres aumentó sus conocimientos mercantiles y financió al liberalismo portugués de don Pedro en Brasil y de su hija María en contra del absolutista don Miguel.  A los ojos de los radicales Mendizábal era un dictador revolucionario, el Júpiter de la reforma cuyo sistema había de salvar al país y cuyo nombre sería venerado en las más humildes aldeas españolas; en definitiva vemos la importancia del populismo para los radicales revolucionarios (ayer, hoy y siempre).  Los liberales conservadores veían en él una mezcla de Law y Cromwell, de Cagliostro y Roberpierre.  En realidad fue el primero de los cirujanos de hierro que, con panaceas extranjeras, habían de salvar un país que había perdido la confianza en su capacidad de salvarse a sí mismo.

Adquirió carta blanca para llevar a cabo su plan: consistía en conseguir un crédito inglés que reportara el dinero suficiente para organizar un ejército efectivo (aun a costa de perjudicar a los comerciantes y a la industria textil española, incapaz de competir con las manufacturas inglesas).  Publicó un decreto llamado de la "Quinta de los cien mil hombres", por el cual todos los solteros entre 18 y 45 años serían llamados a las armas si no pagaban al tesoro 4.000 reales.  La redención produjo 25 millones de pesetas y el ejército aumentó en unos 75.000 soldados (todos ellos, obviamente, de los estratos más humildes de la población)  Pese a eso, su plan distó mucho de ser un éxito.  Donde alcanzó fama y logros de trascendentales consecuencias fue en sus acometidas contra las propiedades eclesiásticas y en las reformas agrarias a base de la amortización.  

El fracaso del empréstito inglés, condicionado a la firma de un tratado comercial que la industria algodonera catalana consideró perjudicial, y la fuerte oposición de los moderados desde el Estamento de Próceres, alentados por la reina, los grandes y algunos militares decidieron a María Cristina a destituir a Mendizábal y encargar la formación de un nuevo gabinete moderado a Istúriz.

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LA BURGUESÍA AL ASALTO DEL PODER (III)

Estas revoluciones se fraguaban en las ciudades y eran motivada por la miseria de las masas urbanas, el encarecimiento de la vida, la subida del precio del trigo, sobre todo en los meses anteriores a la recolección (la carestía del pan era culpa de los aristócratas, que especulaban con el sudor del pueblo), los consumos e impuestos indirectos agudizando su pobreza, el paro, las conjuras carlistas, la traición gubernamental, etc.  Ante estos motivos, más que sobrados, el pueblo se levantaba y cometía sus excesos.  Los representantes del pueblo, después de justificarlos, los dominaban; a continuación venía el control del poder por medio de un gobierno que representaba la revolución.

Este mecanismo revolucionario tiene muchos puntos parejos con la Revolución Francesa.  El temor a que la revolución fuera traicionada les obligaba a adoptar una reacción defensiva; los camareros, buhoneros, pequeños comerciantes y personajes de barrios obreros se sentían los jacobinos salvadores de la revolución y se veían jugando el papel de parodias sangrientas de Robespierre.  Aterrorizaban a los partidarios de una Constitución conservadora matando a los prisioneros, quemando conventos, arrestando a sacerdotes sospechosos, predicando la guerra revolucionaria contra los carlistas, etc...

El mal momento para estos hacedores de la revolución venía cuando se imponía el gobierno progresista, el cual, ante las necesidades de un orden, se veía obligado a disolver, e incluso purgar, a los revolucionarios de las provincias. Un gobierno que había llegado al poder  por la revolución y luego frenaba a los entusiastas, caminaba derecho a la escisión de las masas y de los dirigentes.  Éste era uno de los puntos débiles del partido progresista, carente, por el momento, de una homogeneidad social y de una clase con intereses comunes, que tendía a suplir con una mística y un entusiasmo ideológico.

No podemos perder de vista, a través de lo dicho, una fuerza popular empujando cada día con más fuerza y un anticlericalismo en progresión, jugando su baza en el desarrollo de la revolución burguesa.

El anticlericalismo, apuntado ya en 1820, toma forma en la legislación restrictiva de las órdenes religiosas.  Ya durante el ministerio de Martínez de la Rosa, el cólera había invadido Madrid.  La ciudadanía, que atribuyó la epidemia al envenenamiento de las aguas potables por los frailes, había asaltado (17-18 de julio de 1834) el colegio de los jesuitas de la calle de Toledo.  La presión revolucionaria obliga al ministerio de Toreno (1835) a la extinción de la Compañía de Jesús y a la supresión de conventos y monasterios que no tuviesen doce individuos profesos.  Tal medida afectó a 900 establecimientos religiosos.  De paso, se hizo imposible la concordia con la Santa Sede, y el nuncio Amat salía de España.  Al año siguiente, Mendizábal, cediendo a los reclamos de las juntas revolucionarias, suprimía totalmente las órdenes monásticas, secularizando el clero regular.  Otra medida anticlerical era privar a la Iglesia del monopolio de la enseñanza primaria y liberalizar a la Universidad del oscurantismo religioso.  Posteriormente analizaremos otra medida, si cabe, mucho más dura, pues atacaba el poder económico de la Iglesia con la desamortización.  La secularización asestaría a la Iglesia un golpe tremendo.  Sólo en Madrid desaparecieron 49 iglesias y monasterios.  En un afán interpretativo, habrá quien dirá que este anticlericalismo de los liberales progresistas es no sólo doctrinario, recibido de la Revolución Francesa, sino la natural respuesta a la actitud integrista de la Iglesia y a su violenta agresividad durante la primera mitad del siglo.  Los liberales de aquella etapa revolucionaria vieron en la Iglesia, y no sin razón, el enemigo número uno del progreso, la encarnación de la España "negra", del oscurantismo y de la reacción más intransigente.

LA BURGUESÍA AL ASALTO DEL PODER (2): EL GOBIERNO DE MARTÍNEZ DE LA ROSA

Como Martínez de la Rosa entendía por "defensa de la utilidad pública" la defensa de los intereses sociales existentes, el Estatuto Real de 1834 sancionará la reconciliación entre progreso y tradición, entre libertad y orden.  Todo él está bañado en el conservadurismo histórico de Jovellanos, ideas francesas y utilitarismo inglés asimilados por los emigrados españoles en París y Londres, porque no se olvide que la Constitución "segura" de 1834 era obra de emigrados liberales amnistiados.  A estos hombres no les parece aplicable ni les gustaba la Constitución gaditana, cosa lógica, ya que el Estatuto, a diferencia de la Constitución de 1812, no había sido creado por las Cortes.

Los liberales moderados, está claro, propugnaban un régimen basado en una doble soberanía con entronque histórico: "Rex" y "regnum", rey y Cortes.  Esta ficción histórica dejaba fuera de combate a los absolutistas (la Constitución es un regalo del rey) y a los liberales progresistas (los poderes constituyentes residen en la nación).  Establecía el Estatuto dos cámaras: el Estamento de Próceres o Cámara Alta, y el Estamento de Procuradores, o Cámara Baja.  Era un bicameralismo: una de ellas reservada a la nobleza, alto clero y grandes propietarios, y la otra "democráticamente" obtenida mediante el voto indirecto y restringido.

En resumen: una Constitución que no fuese aprobada por las Cortes, un ejecutivo fuerte, una carencia de iniciativa legislativa, un sistema censitario estrecho mal podían ser tolerados por los liberales progresistas.  Como había ocurrido durante el "Trienio Liberal", el liberalismo se escinde en radical y conservador, dando lugar a los partidos progresista y moderado.

Los moderados, oligarcas del liberalismo, estaban representados por terratenientes, aristócratas como Miraflores, funcionarios de carrera como Javier de Burgos, abogados de esos terratenientes y aristócratas, antiguos afrancesados militantes en el periodismo.  Algunos de los moderados más famosos habían sido "doceañistas" o colaboradores en el pronunciamiento de Riego: Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, Istúriz...

En la Navidad de 1834 una segunda amnistía devolvía a España otra riada de liberales.  Estos liberales, en los que todavía obra la Constitución gaditana, se preguntan por la soberanía nacional y la garantía de los derechos individuales.  El Estatuto carece de afirmaciones rotundas y ha escamoteado una serie de cosas que los principios modernos del debate público y la prensa  libre no pueden silenciar.  Los exaltados, dueños de la calle y de las sociedades secretas, no pueden tolerar la herencia molesta de la "moderación".  Irrumpirán en la vida política, se harán con el poder (ni moderados ni exaltados han conquistado el poder, lo han recibido por el simple desmoronamiento del régimen absoluto) y sustituirán el Estatuto Real por la Constitución de 1812, acusa considerables rectificaciones: es bicameral, robustece los poderes de la Corona y cambia el sistema electoral.  Era una Constitución muy morigerada y que hubiera podido armonizar a la familia liberal reunida en un partido único.

Aparte del principio de la soberanía nacional y el reconocimiento de unos derechos individuales, los progresistas son legitimistas de la revolución al considerarse exclusivos representantes de la voluntad popular; por ello, si se les negaba el acceso al poder, podían llamar al pueblo a las armas para recuperar la soberanía.  No comprendían (tampoco los moderados) las normas del turno de partidos en un sistema constitucional maduro, y su táctica del derecho a la rebelión legal es la que les dará el poder en 1835,1836 y 1840.  Era en realidad la única forma, ya que no contaban con la corte, ni con el campo, ni con la opinión conservadora.

LA BURGUESÍA AL ASALTO DEL PODER (I)

El proceso revolucionario iniciado en 1808 no había llegado a su término a causa de los gobiernos tapones de Fernando VII; sin embargo, había provocado la muerte  del absolutismo.  De 1833 a 1840 se consumará la revolución burguesa a escala nacional.  Durante estos mismos siete años tendrá lugar la guerra civil entre liberales y carlistas, o mejor dicho, entre  una burguesía aún no lo suficientemente potente y un campesinado aferrado y manejado por las viejas estructuras económicas, sociales y espirituales del antiguo régimen.  A partir de 1840 los liberales todavía muestran síntomas de debilidad para llevar a cabo la revolución, y tendrán que echar mano de los militares para que con su fuerza se opongan al armado campesinado carlista y conquisten el poder político.

La consumación de la revolución liberal burguesa trastocará toda la vida española.  Las reformas radicales que trae consigo la revolución se aplicarán esencial y decisivamente en el campo económico y social (desamortización).  Aunque en un esquema lógico deberían tratarse primero estas decisivas reformas económicas y sociales, no obstante analizaremos, en primer lugar, las reformas estatales.

El proceso de democratización por parte de los liberales comienza en el Estatuto Real de 1834 y se remata con la Constitución progresista de 1837.

Con la muerte de Fernando VII, como él mismo había pronosticado, "el tapón de la botella se disparó".  Los carlistas comenzaron sus revueltas y la reina gobernadora, para combatir al carlismo, necesitaba el dinero y la capacidad de los liberales, quienes a cambio pedirían una Constitución liberal al estilo europeo.

María Cristina confirmó como presidente del gobierno a Cea Bermúdez.  Se trataba de un fiel servidor, moderado por temperamento e incansable trabajador.  Cea iniciaba su actuación en el Manifiesto de la gobernadora al país (1833).  Documento ecléctico, ofrecía a los absolutistas la defensa de la religión y el mantenimiento de las leyes fundamentales de la monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas; y a los liberales, nada de reformas políticas, sino sólo administrativas, "únicas capaces de producir la prosperidad y la dicha de los pueblos".  Como Cea desconocía lo que era un gobierno representativo, también en el extranjero cayó su manifiesto como algo desatinado.

La conspiración contra Cea Bermúdez, bien dirigida por cortesanos, militares, burócratas y representantes de Inglaterra y Francia, triunfó fácilmente.  pero quienes habían dirigido esta oporición deseaban un constitucionalismo liberal prudente y, por tanto, curado de innovaciones violentas.  Para ello, nada de recurrir al pueblo o a las sociedades secretas, sino a militares amigos de las reformas y enemigos del inmovilismo político de Cea.  La Corona aceptó este "liberalismo respetable", en el que veía una defensa segura para el trono de Isabel II.

El nuevo jefe de gobierno era Martínez de la Rosa, ardoroso representante del liberalismo en su juventud.  Como en otros muchos casos, también se había operado en él una evolución hacia el moderantismo.  El Estatuto Real de Martínez de la Rosa era una versión española de la carta otorgada que Luis XVIII había dado a Francia en 1814, y se reducía a una simple convocatoria de Cortes, de acuerdo con las leyes de Partida y Nueva Recopilación.

LA CRISIS DEL SISTEMA COLONIAL ESPAÑOL (y VIII)

Fracasa la tentativa de Bolívar de establecer una América republicana unida: el Congreso de Panamá 81826) no consigue ningún resultado, por la desconfianza entre los distintos estados y la falta de interés de Inglaterra (temiendo la creación de una unidad política no dominable en el terreno comercial).  Resultado: tras distintas divisiones, el antiguo territorio español queda dividido en 19 estados.

Otras consecuencias de la Independencia: económicamente, librados del pacto colonial, los americanos pasan a una dependencia "de facto" de Inglaterra y Estados Unidos.  Socialmente, la única modificación decisiva es la abolición de la esclavitud.  En Latinoamérica, a otro nivel, había ocurrido algo similar a lo de 1789 en Francia; creían haber realizado la libertad, igualdad y fraternidad para todos, pero, de hecho, lo único realizado era la libertad e igualdad jurídica, para así asentar la desigualdad económica, definición exacta de toda sociedad basada en el capitalismo.

Políticamente, tendrá lugar el establecimiento de unos nuevos regímenes; las primeras constituciones (sufrirán infinidad de cambios hasta nuestros días: en el período de 1810 a 1973 se dictan cerca de 190 constituciones) son imitación clara de la estadounidense.  Después se notarán dificultades entre dos corrientes constitucionales opuestas (que representan intereses sociales bien definidos), a saber el federalismo-centralismo y el parlamentarismo-presidencialismo.

La diferencia esencial con Estados Unidos se basa en el predominio de las posiciones oligárquicas o caciquiles del período colonial y la ausencia de una tradición liberal o democrática.

En cuanto a las fórmulas federales y confederales, han sido sustituídas progresivamente, salvo en Brasil, por sistemas de mayor centralización, ante la necesidad de fortalecer la unidad y el crecimiento económico.  El predomino federal, en los momentos iniciales, significa el dominio social de la aristocracia terrateniente, de los caudillos o jefes locales, deseosos de dominar sin influencia exterior su numerosa clientela rural, frente a los habitantes de las ciudades, defensores de la centralización, necesaria para el auge de la industria y el comercio.

El predominio del presidencialismo connota un poder ejecutivo fuerte, que lleva en muchos casos al establecimiento de fórmulas dictatoriales veladas.  Se ha mantenido hasta nuestros días en muchos países de la zona, tras el fracaso de varias tentativas de régimen parlamentario al estilo francés, por los conflictos entre partidos y entre personalidades, que acabaron con golpes militares de toda índole.

No obstante cabe destacar el éxito de varias constituciones presidencialistas, que se mantuvieron durante muchas décadas, como la de Chile de 1833 (en vigor hasta 1925), la de Argentina de 1853 (en vigor hasta la segunda mitad del siglo XX), la de México de 1857, mantenida en sus principios básicos en la de 1917, aún vigente.

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LA CRISIS DEL SISTEMA COLONIAL ESPAÑOL (VII)

Tras la violenta represión de las tropas españolas, la insurrección reaparece en condiciones más favorables: Inglaterra y Estados Unidos, liberados de sus problemas anteriores, se prestan decididamente a apoyar; las fuerzas españolas disminuirán por la revolución liberal de 1820...

Entre 1816 y 1820 tienen lugar las "grandes expediciones sudamericanas", definidoras, a la postre, de las nuevas patrias americanas. El general San Martín, criollo, nacido en la actual provincia argentina de Corrientes, hijo de militar español, y cuyos estudios y carrera de las armas inició en España luchando en la Guerra de la Independencia, partió de Mendoza, cruzó los Andes y consiguió liberar Chile, tras vencer en Chacabuco. Bolívar desembarca en 1817, y en 1819, con el apoyo de voluntarios ingleses, criollos y tropas indias, obtiene una victoria en Bocayá.  En el Congreso de Angostura quedan sentadas las bases políticas de la Gran Colombia (actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá).  Finalmente, las tropas de Bolívar y San Martín vencen, con el apoyo inglés, la resistencia española en Perú y Ecuador.  La victoria definitiva es la de Ayacucho (1824), en donde Sucre derrota las últimas tropas españolas.  Esta crisis definitiva del poder español en América continental tiene que ver con el levantamiento del general Riego en Cabezas de San Juan, precisamente el mismo ejército que había de embarcarse para sofocar el levantamiento americano era el que se quedó para apoyar a Riego.  La conexión entre los militares pronunciados en España y los caudillos de la emancipación, a través de las logias masónicas, queda más que probada.  

A diferencia del resto de Hispanoamérica, donde el movimiento ha sido claramente liberal, en México el general Iturbide, vencedor de Morelos, llevará a cabo un movimiento de signo contrario: en 1822, ante las tendencias liberales que triunfan en España, se proclama Emperador, con el apoyo del alto clero y la aristocracia.  Pero en 1824, derrotado y fusilado por un movimiento popular, se crea la República federal Mexicana.  

En Brasil el problema se planteó de forma totalmente distinta: residencia entre 1808 y 1820 de los reyes portugueses, expulsados de Europa por las tropas napoleónicas, quedó en manos del infante don Pedro, que en 1822 lo declaró independiente y se convirtió en emperador constitucional, abriendo el país a la influencia económica de Inglaterra.

La consolidación de la independencia es un hecho irreversible.  Los nuevos gobiernos son reconocidos y apoyados de inmediato por Inglaterra y los Estados Unidos, que se oponen resueltamente a cualquier posible intervención colectiva de la Santa Alianza para restablecer el dominio español en sus antiguos virreinatos.  Los Estados Unidos, apoyados por la actitud inglesa, dirán que toda intervención de una potencia europea cualquiera en el conflicto hispanoamericano será valorada como muestra de una disposición "inamistosa" hacia los propios Estados Unidos.  El hemisferio occidental era declarado zona intangible para los sistemas europeos de alianzas según la doctrina Monroe del 2 de diciembre de 1823.

LA CRISIS DEL SISTEMA COLONIAL ESPAÑOL (VI)

Se comprende fácilmente la escasa capacidad de reacción por parte de España, demasiado atareada en su resistencia frente a los franceses.  Se deduce de ello el carácter predominante de lucha civil que tuvieron los movimientos americanos en estos años (1808-1814).  Bolívar, como ya vimos, fue expulsado de Venezuela por los mestizos del militar Boves, quienes tenían como meta el exterminio de los criollos ricos y la destrucción de sus propiedades.  Vemos cómo, en muchas partes, la guerra de independencia fue, en sus primeras fases, una guerra civil con marcado acento racial.

Inglaterra, mientras tanto, seguía un doble juego: aliada de España frente a los franceses, en Europa; satisfecha, en América, de unos desórdenes coloniales que venían a abrir, de hecho, al comercio británico unos mercados hasta entonces celosamente reservados por los gobiernos españoles.

Para medir el significado de estas políticas que sigue Inglaterra, basta señalar que las exportaciones inglesas aumentaron durante la guerra, y, en 1818, las exportaciones del Reino Unido a las regiones del Río de la Plata alcanzaron 730.908 libras esterlinas, y pasaron en 1824 a 1.104.500.  Las exportaciones inglesas a México se multiplicaron por diez en seis años.  En Perú se pasó, entre 1818 y 1824, de 4.149 libras a 430.950.  En 1824 el comercio latinoamericano estaba ya en manos de los ingleses, y sus barcos eran casi los únicos que frecuentaban los puertos del país.

Todas estas independencias (1808-1814) serán cortas: las tropas reales y sus partidarios (alto clero, los españoles y un sector criollo) consiguen dominar casi toda la zona, salvo La Plata, antes de la vuelta de Fernando VII a España. En 1814 la guerra en la Península había terminado, y la llegada de 10.000 hombres al mando del general Morillo logra restablecer la situación; el área de operaciones de Morillo será Nueva Granada y Venezuela, donde queda afianzado el dominio español, aunque de forma precaria por la falta de continuidad en el esfuerzo bélico.

Fernando VII restablece el absolutismo, volviendo a las fórmulas ya difíciles de mantener del antiguo régimen: no acepta la constitución, ni las nuevas leyes, y declara "nulo y de ningún valor y efecto "todo lo hecho desde 1808, "como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo".  Con ello impide toda posibilidad de reconciliación pacífica con los rebeldes americanos.

Esta primera fase insurgente ha fracasado por carencia efectiva de apoyo exterior.  el doble papel de Inglaterra en estos años no permite una ayuda descarada o un enfrentamiento contra España en América; tampoco los Estados Unidos apoyan con decisión, debido a su empeño bélico todavía con Inglaterra.  por otra parte, los independentistas están faltos de apoyo interno: no intervienen en el conflicto las capas inferiores de la población; la Iglesia y parte de la aristocracia criolla (por temor a los indios) se mantienen fieles a España, a despecho de su propio deseo de independencia.  Las juntas insurgentes no actúan coordinadamente, mientras las tropas españolas, liberadas tras el fin de la Guerra de la Independencia, pueden derrotar sucesivamente cada foco rebelde.

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LA CRISIS DEL SISTEMA COLONIAL ESPAÑOL (V)

El Libertador avanza seguro en la conquista de América; la independencia era ya un hecho.  

En México, el virrey José Iturrigaray, ante el cariz de los acontecimientos en España, se movía más a favor de los criollos que de los peninsulares, pero menos por razones políticas que por exclusivas razones personales.  Pero los peninsulares, formando un cuerpo en favor de Fernando VII, le condujeron a la cárcel (16 de septiembre de 1808), mas todo ello dentro de una confrontación entre criollos y peninsulares (o entre ayuntamientos y audiencias, si se prefiere).  Que la independencia es todo menos el resultado de la sola crisis de la monarquía española nos da prueba el levantamiento del cura del pueblo Dolores, el padre Hidalgo, quien al grito de "mueran los gachupines" incorpora en la lucha contra los españoles a la masa popular, la sociedad india y mestiza.  En esta rebelión popular (1810) se instalan tensiones de clases, resentimientos sociales y confrontaciones violentas entre poseedores y desposeídos.  Se nacionaliza el fenómeno religioso (y no será la primera vez que la Iglesia apoye un movimiento separatista en nuestra historia), elevando a la Virgen de Guadalupe a símbolo de la nacionalidad mexicana.  Se invoca la supresión de tributos; se decreta la libertad de los esclavos; se plantea el problema de la tierra, etc.  Sin embargo, todo esto no supone una ruptura total, ya que son muchos (criollos, clero...) los que no querían llegar a tanto, y las estructuras coloniales se mantuvieron hasta el punto de posibilitar la creación de un Imperio con Iturbide.

Los liberales de Cádiz no comprenden la idea de autonomía colonial.  Los latinoamericanos usan las mismas armas que los patriotas españoles de 1808; unos lo hacen en defensa de su patria y los otros en defensa de la gran extensión americana; para unos el opresor es Francia, y para los otros, España.  Los liberales gaditanos conceden derechos políticos plenos a los ciudadanos americanos, considerándolos como parte integrante  de la España metropolitana.  Para ellos, todo el Imperio español había sido arruinado por la intolerancia teológica y el despotismo político, y ven el remedio de salvación en una constitución conjunta.  Les dicen: "A partir de este momento,... españoles americanos... debéis consideraros hombres libres... Vuestro destino no depende ya delos ministros, virreyes o gobernadores; está en vuestras propias manos."

Los liberales no alcanzaban a comprender el problema colonial, declarándose contrarios a cualquier forma de autonomía.  Los criollos presentaron la rebelión como única salida.  Su más claro exponente fue Bolívar, el más grande de los libertadores de América latina.

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LA CRISIS DEL SISTEMA COLONIAL ESPAÑOL (IV)

En 1807, otro caraqueño, Simón Bolívar, regresa a Venezuela después de un largo viaje por Europa.  Pertenece a la clase social que lucha contra el viejo poder político español.  Para él, de momento al menos, los pardos, los negros, los indos no constituyen una nación.

Como en Buenos Aires, se jura fidelidad a Fernando VII, estalla un motín popular contra los franceses y se forma una junta (16 de julio de 1808).  Inmediatamente, los criollos quieren pasar a ocupar el poder político y alcanzar la independencia; pero este "manifiesto de los 45" fracasa.  En 1810 se convoca un cabildo, sin permiso, se crea la junta venezolana y se destituye a las autoridades españolas.  Los aristócratas insurgentes aspiran a ser una conciencia social, pero se necesitaban "transformaciones sustanciales" y son sobrepasados.  La junta organiza misiones internacionales en Londres y Washington.; mientras, convoca elecciones, y la clase criolla quiere imponerse por medio de límites sociales y económicos, típicos de la democracia clasista y censitaria (a la francesa).  Miranda ha sido aclamado a su regreso, y en rápido proceso se proclama la independencia de Venezuela el  5 de julio de 1811.  Independencia, libertad, igualdad ante la ley, perfilaban una situación de guerra civil.  Bolívar, desde la tribuna, demuestra su talento, aunque se concede la dictadura de la República al viejo revolucionario Miranda, quien es derrotado por los realistas del español Monteverde.  La represión es brutal y alcanza incluso a los que tienen una hacienda próspera.  Bolívar sale de Venezuela y ha de reconocer que la primera República ha fracasado por la ausencia de la opinión pública y de las clases explotadas.  Vuelve a Venezuela y proclama la "guerra a muerte": "Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obrais activamente en obsequio de la libertad de Venezuela.  Americanos: contad con la vida aunque seáis culpables...".

Con el restablecimiento del absolutismo fernandino en 1814, se enardece la lucha a nivel americano.  La segunda República se ha derrumbado.  Ahora entra en juego una segunda ola, la del pueblo llano, la de los pardos, la delos indios.  De la influencia por las ideas se pasa a la independencia para los hombres.  Bolívar y Miranda, pese a ellos mismos, habían apelado a su "sangre limpia".  Se incorporaría la lucha por la causa del rey a las castas definidas como inferiores, con los que formó la llamada "división inferior".  La ferocidad es impresionante: matan al blanco por ser blanco, reparten los bienes, saquean poblaciones y haciendas.  as tropas de Bolívar fueron derrotadas sistemáticamente.  Boves muere quizá siendo el primer jefe de la democracia venezolana, y tras él "la fuerza popular" hace acto de presencia activa.  Bolívar abrirá las compuertas a todo el pueblo, abolirá la esclavitud, pero, aun así, el espíritu de clase era muy profundo entre los criollos.  Bolívar dará en todo momento un sentido social muy acusado a su gestión político-administrativa.

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LA CRISIS DEL SISTEMA COLONIAL ESPAÑOL (III)

La abdicación de Fernando VII, las derrotas delos ejércitos españoles en la Península, el desprestigio de la Junta Central -en suma, la quiebra de la autoridad española- van a dejar a los españoles en América desorientados.  Comentando esta coyuntura, son muchos los que afirman que no fueron los americanos quienes se levantaron contra España, sino que fue España la que dejó América.

En principio, los levantamientos tienen una semejanza con los de las juntas provinciales. Afirman luchar por Fernando VII y por la libertad nacional, pero en sus propias acciones realistas se esconde la libertad de la nación.  Estos levantamientos locales derriban a las autoridades existentes, y aunque el gobierno criollo protesta defender a Fernando VII, la verdad es que celebran el nacimiento de una república independiente (caso de Argentina en 1810).

En la primera década del siglo XIX Inglaterra seguía aspirando a destruir el sistema español, anclado en el típico monopolio comercial de la metrópoli.  La armada británica rondaba las colonas españolas, mientras que las nuevas ideas de ilustración, revolución e independencia norteamericana no habían pasado en balde.  El almirante inglés Popham se apoderaba de Buenos Aires el 27 de junio de 1806.  Al propio tiempo, proclamaba garantías políticas, tolerancia religiosa, libertad de comercio y otras novedades.  La realidad, sin embargo, era que los criollos estaban inclinados hacia la independencia y en absoluto eran partidarios de los ingleses.  De momento, los criollos y peninsulares se unen para expulsar a los ingleses, cosa que consiguen.  El equívoco inglés creía en algo imposible: mutación de lo "español" a lo "británico", y el equívoco español era pensar que se podían hablar a la clase criolla con le lenguaje de un siglo antes.  Esta victoria militar de los criollos supuso la exaltación de su propia estructura social como clase, y entendieron que la independencia había dado un gran paso. Los pasos siguientes fueron deshacerse  de los españoles, crear su propia junta, decretar la libertad para las mercancías procedentes de Inglaterra, etc. La independencia era un hecho, aunque no se proclamase de uan forma total hasta 1816.

A diferencia de México, donde la independencia tiene un perfil revolucionario por la incorporación de masas populares, en Buenos Aires, como en otras partes de Sudamérica, son los criollos los que sienten la necesidad de romper los monopolios peninsulares, pero no con una ruptura revolucionaria, sino modificando a su favor las relaciones de clase.

En Venezuela, una junta "pro Fernando VII" se niega a reconocer el gobierno legal de la regencia de Cádiz, abre sus puertas a todos los países, se declara independiente y, en el mismo congreso de los cabildos, proclama una constitución republicana (1811), reproducción de la de Estados Unidos.

En 1806, Francisco de Miranda, general, viajero del mundo, precursor, conspirador desde Londres y Washington, etc..., iniciaba con el apoyo de Estados Unidos la invasión de su patria, Venezuela.  Pero... toda revolución necesita su coyuntura favorable, y el país aún no estaba preparado para la empresa.  El anunciador había fracasado.

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LA CRISIS DEL SISTEMA COLONIAL ESPAÑOL (II)

Todos los principios señalados inciden sobre la América española en el siglo XVIII, en tanto la administración política seguía estancada.  Los reformadores borbónicos españoles intentarán revitalizar los supuestos fundamentales del sistema colonial: proteccionismo económico, patriarcalismo político, asimilación racial y difusión del catolicismo y la cultura.  Pero, ya antes, una fuerza social al servicio de los intereses económicos y políticos de la burguesía colonial había puesto en marcha el proceso emancipador; nos referimos al "criollismo", fermento de una conciencia revolucionaria justificadamente independentista.

Tenemos que la revolución criolla es continuación doctrinal de ideologías europeas de origen pactista (aunque también tuvieron algo de influencia las de origen populista).  Los criollos, enriquecidos por el comercio y la propiedad y formados intelectualmente en principios liberales, aspiraban al usufructo del poder, desde el cual podrían proceder a las necesarias reformas del chirriante aparato administrativo y al desarrollo de la vida económica, haciendo desaparecer los monopolios metropolitanos.

El edificio colonial se hunde en el período 1808-1824.  Es paralelo al caso de los Estados Unidos, que, sin duda, influirá en la independencia sobre Latinoamérica, aparte de contar con la semejanza del origen liberal el levantamiento.  Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, no se produce la unión política (como habría ocurrido con las 13 colonias del norte), sino la separación, derivada de las distancias y diferencias entre las distintas regiones coloniales.  Tampoco es un movimiento popular revolucionario, como el del norte, sino una "guerra civil" (o una serie de ellas) entre criollos y españoles, sin apenas participación indígena, y basada en un conflicto de intereses.

Vemos como causa fundamental en todo esto el enfrentamiento entre criollos y españoles peninsulares (gachupines); la "élite" económica e intelectual de las colonias pretende conquistar el poder político y lberarse de las trabas económicas del pacto colonial (el "quinto" de los impuestos, la prohibición del libre comercio y de los cultivos de la viña y el olivo, que hacían competencia a los españoles, etc...).  En este enfrentamiento no participa, o sólo en mínimo grado, la población inferior (al menos en un primer momento), que prefiere al español, dueño lejano, frente al criollo, dueño próximo.  Sólo en México, el cura Hidalgo consigue arrastrar a los indios, que, tras su ejecución en 1811, consiguen, dirigidos por Morelos, la independencia (1813).

Los movimientos revolucionarios tienen como precursores varios movimientos indígenas de la segunda mitad del siglo XVIII, como el significativo levantamiento de Túpac Amaru en el Perú (1780).  El levantamiento de Túpac Amaru es una rebelión popular, compacta, de las masas indias del Perú.  Su protesta, ya lo vimos en su momento, es una revuelta social donde la apelación a la justicia social emerge potencialmente ardorosa y reivindicativa.  Pedía nuevas leyes, otros administradores y la liquidación de unas estructuras que hacían de los corregidores dueños y señores.

También debemos citar las tentativas, apoyadas por Inglaterra, de desembarcos militares entre 1806 y 1807, propuestas por Francisco Miranda (el "precursor"), una delas figuras más interesantes y polémicas de la insurgencia.

La insurgencia hispanoamericana se va a ver favorecida por las circunstancias históricas que atraviesa la metrópoli.  Las guerras anteriores a 1808 demostraron la debilidad de España como potencia colonial, incapacitada para abastecer de mercancías a sus colonias.  Sin duda ninguna, y como ejemplo, la emancipación económica de Buenos Aires fue una realidad antes de que iniciara su independencia política.  Ya anticipábamos que los criollos, de comerciar con España en vez de con Inglaterra, sólo obtenían desventajas, y esto esa un claro aliciente para la independencia.

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LA CRISIS DEL SISTEMA COLONIAL ESPAÑOL (I)

Vamos a referirnos en primer lugar a la influencia ideológica que provocaría la crisis de la Independencia.  Existe un ciclo revolucionario universal, iniciado en Inglaterra en el siglo XVII y con fases sucesivas en la revolución americana y francesa.  Las doctrinas liberales influyen sobre la clase culta hispanoamericana, pese a la policía y a la Inquisición.  Esta serie de influencias (de la Constitución Americana derivarán las de Sudamérica) contrasta con la inactividad del gobierno español.  Sólo las propuestas del conde de Aranda habían intentado solucionar algunos de estos problemas, al presentar a Carlos III la creación de tres reinos en América -México, Lima y Bogotá-, regidos por los infantes reales.  También había de tenerse en cuenta a un sector criollo temeroso de que la independencia facilitara los movimientos indios contra su predominio económico.

Remontémonos al momento en que entran en colisión los principios ideológicos representativos de autoridad y libertad.  Los principios absolutos de la monarquía habían sido frenados por una serie de teorías políticas, entre las que destacan dos: populista y pactista.  En virtud de la primera se habían llegado a establecer ideas fundamentales de libertad y justicia humana; soberanía radicada en la comunidad; derecho a la rebeldía popular en caso de autoridad despótica, etc..., según normativas del deber cristiano.

Frente a tal actitud se situaba la teoría pactista -pacto entre pueblo y soberano-, en virtud de la cual el pueblo había delegado la soberanía en el monarca, configurándose así la utilidad social del poder, por la que el pueblo podía legítimamente sublevarse y deponer a un rey.  Con esta base se proclamaba la soberanía popular, según la cual todos los poderes del gobierno proceden del pueblo; se extendían los derechos de sufragio, una Constitución, un Parlamento; se difundían los derechos civiles y de propiedad; quedaba prohibido todo tipo de monopolios; se abolían la pena de muerte, los derechos de primogenitura, todos los derechos y tribunales feudales, etc.

John Locke había desarrollado todas estas ideas en sus Dos Tratados del Gobierno Civil (1690), y, a través de esta obra, pasaron a la Declaración de Independencia de América del Norte y fueron la base de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada en Francia en 1789 y traducida e impresa en 1794 por el criollo bogotano Antonio de Nariño, obteniendo una extraordinaria difusión.

Las fórmulas de la Ilustración sobre la potencialidad del Estado y la organización política interna, plasmadas en el sistema del Despotismo Ilustrado, chocan con las pretensiones políticas, sociales y económicas de la aristocracia y, sobre todo, de la burguesía.  el choque entre autoritarismo y liberalismo queda enmarcado, y, de forma similar a la revolución inglesa del siglo XVII, se manifiesta en la continuidad del proceso revolucionario: mundo colonial británico en América del Norte, Revolución Francesa y, ahora, descomposición del Imperio español americano.

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EL SISTEMA COLONIAL ESPAÑOL (II)

Aspiraban a gobernar pacíficamente, pero no estaban dispuestos a alterar las estructuras sociales, aunque luego, en el proceso emancipador, se mezclaran las corrientes de guerra civil, contienda internacional y lucha social.

La masa de sangre mezclada (mestizos, mulatos, zambos...) y los varios millones de indios estaban abocados al cultivo de la tierra y las minas por los sistemas de trabajo forzado (abolido teóricamente, pero mantenido en la práctica); en peor situación aún se encontraban los esclavos negros, producto de la trata de esclavos, empleados en las haciendas azucareras castellanas y, en menor grado, en las minas y el servicio doméstico.  Ninguno de los pertenecientes a cualquiera de estas categorías étnicas era capaz de asimilar los fundamentos ideológicos y doctrinarios en que se apoyaba el movimiento emancipador.  Salvo en México y en algunas guerras civiles, la dirección de las acciones subversivas será asumida íntegramente por los criollos.

La composición étnica en las Indias arrojaba los siguientes porcentajes a principios del siglo XIX:

-Indios, 46%

-Blancos, 20%

-Negros, 8%

-Mestizos, 26%

Dentro de los blancos, la relación entre criollos y peninsulares era de 95 a 5, lo que indica la aplastante superioridad numérica de los criollos.  En toda esta estratificación se unían diferencias raciales y económicas, estableciendo un sistema de castas cerradas.

En el campo económico existía un predominio de la agricultura feudal: los grandes dominios habían sido entregados a los conquistadores y sus compañeros bajo forma de "encomiendas" o "faciendas", junto con la mano de obra necesaria para cultivarlos, lo que permitió la aparición de una aristocracia terrateniente y una economía de derroche asentada en las grandes ciudades.

La agricultura (y ganadería, que la acompañaba) es abiertamente de carácter destructivo: la abundancia de tierras lo permite.  Junto a ella, y con base en la conquista y colonización, la minería en Perú (Potosí) o en México (Zacatecas, Oaxaca...) es explotada a través de la "mita" y favoreciendo el desarrollo de una aristocracia minera, complementaria de la terrateniente.

Es de citar también el monopolio comercial metropolitano, radicado primero en Sevilla y después en Cádiz, hasta que en 1778 Carlos III permitió el comercio libre de las Indias con los puertos españoles y entre las diversas provincias americanas.  El monopolio suministra a España oro y plata (procedentes del "quinto" real y del pago de los productos manufacturados vendidos a altos precios).

Localizamos una mínima industria.  España, a diferencia de Inglaterra, no prohibió el desarrollo de una industria artesanal activa.  Incluso, a veces, la fomentó, debido a su incapacidad de suministrar a las colonias los productos necesarios; pero su desarrollo estuvo imposibilitado por la falta de libre comercio, y el auge alcanzado en algún caso (como el ejemplo de la industria de la seda) desapareció por el afán proteccionista real a la metrópoli.  En el episodio final de la era colonial la economía americana se encontraba en una fase de dinamismo que hacía más sensibles las trabas impuestas por la metrópoli.

EL SISTEMA COLONIAL ESPAÑOL (I)

El sistema colonial era similar en las colonias españolas y portuguesas.  Era algo propio, en general, del antiguo régimen político y económico.  Trataremos de presentar aquellos factores explicativos del pacto colonial.

En primer lugar, diversas fórmulas políticas y religiosas, propias de las metrópolis, son trasplantadas al continente, para luego ser completadas con una legislación propia.

Las posibilidades de la economía indiana quedaban frenadas por el peso metropolitano.  El papel intermediario de España entre los productos hispanoamericanos y los mercados ultramarinos de Europa reportaban a la metrópoli altos lucros.  La lucha por la independencia se agudizará al querer los americanos asegurarse el contacto directo entre sus productos y las nuevas metrópolis económicas.  Por este sistema económico, basado en fórmulas mercantilistas (obtención de una balanza comercial favorable), la metrópoli se reserva el monopolio comercial: intercambio de materias primas baratas por productos manufacturados metropolitanos.  Este sistema había sido roto desde el siglo XVII por el contrabando, derivado de la incapacidad española en suministrar a sus colonias todos los productos manufacturados necesarios.

La estructura social colonial estaba caracterizada también por varios problemas:

Existe el predominio de los españoles peninsulares, detentadores de los cargos públicos, que controlan toda la problemática político-administrativa de la región.  Se mostraban como la superestructura de la jerarquía ejecutiva de una corte lejana.

Bajo ellos están los criollos, hijos de españoles nacidos en América; se sentían en su tierra, puros de toda mezcla racial, poseedores de haciendas, oficiales del ejército, comerciantes, etc.; sus fórmulas de vida pretendían mantenerse dentro del código de la hidalguía castellana, y, privados de los cargos principales, habían logrado dominar los ayuntamientos y los cabildos, desde donde comenzará, desde 1808, el movimiento de las juntas.

Estamos ante una sociedad celeidoscópica con una gama de matices, pero con una separación externa cada vez más amplia entre las altas capas adineradas y las bajas, pauperizadas y arrastrando una mísera existencia.  En este estado de cosas, la gran burguesía comercial, con su extraordinaria potencialidad económica, emplea a cargadores, acarreadores, muleros, estibadores, marineros, etc; la aristocracia terrateniente, con raigambre política y vida fastuosa, explota a los míseros peones.   La alta burocracia administrativa, con virreyes, gobernadores, capitanes generales, servidos por escribanos, conserjes, criados, etc; el ríquisimo alto clero urbano y el pobre clero rural; altos mandos militares y la soldadesca, etc...

Dentro de esta sociedad, en vísperas de la insurgencia, se connota una profunda crisis de autoridad no compensada por ningún freno de la inmoralidad: curas con concubinas, esquilmadores de rentas, confesores exigiendo limosna por la absolución, seminaristas amancebados, cadáveres en los caminos para evitar gastos de entierro, bandolerismo, supersticiones, bebedizos amorosos, juegos de azar, lupanares; la alta sociedad era la primera en dar mal ejemplo al pueblo.  Exclamaban los obispos reunidos en La Plata: "Lo encancerado de este arzobispado pide sangre y fuego para su remedio".

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SITUACIÓN DE ESPAÑA EN EL CONCIERTO INTERNACIONAL TRAS EL CONGRESO DE VIENA (y III)

Las instrucciones dieciochescas que llegaban de Madrid, la falta de agilidad, retraimiento y adustez de Labrador y el afán exlusivista de las grandes potencias, representadas por diplomáticos tan preparados y hábiles como brillantes, dejando poco margen de actuación a las potencias secundaria, componen este cuadro sobrio. Las potencias secundarias no firman, son invitadas a "acceder" a lo que planean Alejandro I, Tayllerand, Metternich, Castlereagh y Hardenberg.

España queda desplazada y resentida y no tiene otro remedio que firmar en 1817 y adherirse a la Santa Alianza.

Ni el prestigio de España como potencia mundial en el siglo anterior, ni los sacrificios del pueblo español en su Guerra de Independencia, habían podido suplir la falta de un equipo diplomático preparado.  A pesar de la victoria, quedaba consumado el descenso de España a la condición de potencia secundaria.

Esta subordinación a las grandes potencias queda reflejada en la intervención militar francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823, para derribar el régimen liberal y sacarse la espina de la derrota y humillación de la década anterior.

América, la inestabilidad política y las guerras civiles acaban por colocar a España, con respecto a Europa, en una posición económica deudora.  El bajón internacional de España se reflejará también en el endeudamiento exterior, al que no tiene otro remedio que acudir Fernando VII para enfrentarse a una constante crisis financiera, incapaz de paliar sin acudir a profundas reformas de base, como ya hemos expuesto anteriormente.

A partir de la revolución francesa de 1830, el occidente europeo sufre otra sacudida liberal.  En España repercute en la moderación del absolutismo fernandino, que, a través de una serie de hechos, prepara el advenimiento del régimen liberal y la realización de una profunda labor revolucionaria.

Austria, Prusia y Rusia y los absolutistas peninsulares opondrán una fuerte resistencia a la España liberal.  La respuesta consistirá en desligarse de la Santa Alianza y buscar una "entente cordial" con Francia, Inglaterra y Portugal y confirmar su comunión ideológica en el "Tratado de Cuádruple Alianza".  El resultado de esta alianza parte de una tutoría de Madrid y Lisboa por parte de Londres y París, con lo que España queda subordinada definitivamente a las grandes potencias.  Es cierto que franceses e ingleses apoyan a los liberales españoles en la guerra carlista, pero queda muy clara la descalificación de España como potencia europea.  Los gobiernos españoles son desairados por el gobierno francés de Luis Felipe, negándose a desarticular la rebelión carlista y diciendo irónicamente que los intereses españoles, tan celosos de su independencia, son contrarios a toda mezcla de extranjeros en sus asuntos internos.

Pero Francia e Inglaterra sólo humillaron así el prestigio político de España.  Otra prueba tuvo que aguantar el prestigio heroico de la Guerra de la Independencia.  La opinión pública europea en 1840 sobre España se condensaba en esta frase: "La barbarie española".  Francia e Inglaterra tuvieron que reclamar enérgicamente al gobierno español que carlistas y liberales dejasen de asesinarse y hacerse una guerra tan cruenta.  Estas reclamaciones acaban por hundir el prestigio moral de España.  Algunos historiadores celosos, pero sin dejar por ello de ser sinceros, señalarán en este aspecto que la barbarie europea superaría muy pronto a la española.

Resumiendo: entre 1808 y 1840 la política exterior española adquiere un abrumador carácter pasivo, queda mediatizada por parte de las grandes potencias y es reducida a potencia pequeña y secundaria.

SITUACIÓN DE ESPAÑA EN EL CONCIERTO INTERNACIONAL TRAS EL CONGRESO DE VIENA (II)

Los planes de Rusia eran diametralmente opuestos: deseaba alzarse con la hegemonía continental y lograr un equilibrio colonial y marítimo mediante la oposición a Inglaterra de la fuerza naval de Francia, Holanda y España.  En este aspecto, hay que estudiar la actuación del plenipotenciario ruso en la corte de Fernando VII, Tatischeff.

En el Congreso de Viena (1814-15) se dan cita los grandes hombres de gobierno y hábiles negociadores.  Rusia (Alejandro I) y Prusia (Hardenberg) saldrán beneficiadas al anexionarse las mayores partes de Polonia y Sajonia respectivamente.  Sin embargo, no prosperarán sus intentos hegemónicos al enfrentarse con el tríptico francés (Talleyrand), Inglés (Castlereagh) y austriaco (Metternich).

Un sabio sistema de contrapesos, de inspiración inglesa, viene a montar un nuevo orden europeo, a través de una compleja red de pactos y tratados, sobre un principio de equilibrio.  El orden europeo establecido en la capital austriaca, y basado en la primacía rectora de cinco potencias -Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia y Francia- durará, en sus líneas generales, hasta 1870.  El Congreso de Viena es, pues, como la Paz de Westfalia, la Paz de Utrecht o la Paz de París (1919), uno de esos momentos decisivos en la organización de Europa como realidad pluriestatal.

Rusia, en su anhelo de salvar algo de sus intentos hegemónicos fallidos, propondrá la creación de la Santa Alianza, a base de consideraciones éticas y religiosas.  Austria, Rusia y Francia entrarán a formar parte.  No así Inglaterra, que alegará "obstáculos constitucionales de tipo interno, por tratarse de un pacto llamado a ligar entre sí a los soberanos, y no a los gobiernos".

Uno de los objetivos de esta "entente" es mantener las estructuras sociales y políticas de tipo conservador-monárquico, impidiendo los brotes revolucionarios.  el mecanismo se pondrá en práctica (Carlsbad, Troppau-Laybach, Verona) e intervendrá militarmente (caso de los Cien Mil Hijos de San Luis) cuando en la Confederación Germánica, Italia o España aparenzcan brotes liberales.  Pero no tardarán en formarse dos núcleos europeos: constitucional y liberal en occidente, absolutista en el oriente europeo.

La diplomacia española en el Congreso de Viena brilló por su actividad marginal.

España, de cara a Europa, contaba con un factor positivo: había sostenido una heroica guerra nacional contra Francia, lo que le proporcionaba unos enteros de admiración y simpatía en Europa.  Contaba, sin embargo, con factores de gran peso negativo: la situación de las colonias americanas era inestabilísima y amenazaba con la independencia total; la coyuntura económica, política y financiera reflejaban una profunda crisis interna; España -craso error- había salido victoriosa de la guerra, pero no se había quedado al margen de las cuatro potencias que habían acabado con Napoleón; a esto debemos sumar la falta de minorías preparadas para la tarea diplomática que representaba la integración en la nueva Europa salida de Viena.  Tanto el delegado español, Pedro Gómez Labrador, como el resto de diplomáticos brillaron por su ineptitud, amontonando la falta de criterio, desconcierto e informalidad.

SITUACIÓN DE ESPAÑA EN EL CONCIERTO INTERNACIONAL TRAS EL CONGRESO DE VIENA

La monarquía de Carlos III era una de las primeras potencias de su tiempo.  Las decisiones de una España respaldada por América pesaban en el concierto europeo. Los ministros de Carlos III firmaban tratados, de tú a tú, con cualquier país europeo.  La alianza española era solicitada y valorada.

Cuarenta años después, España había descendido a la condición de pequeña potencia. Se había quedado sin la posesión de las Indias -excepto Cuba y Puerto Rico-, o, lo que es lo mismo, sin el potencial económico, financiero, demográfico y estratégico que eran las bases del moderno poderío español.

El golpe es duro y no permite una reacción, aparte de producirse en unos momentos críticos.

Paralelamente a la independencia americana, la política exterior española se enfrenta a la crisis que supone el tránsito del antiguo régimen al nuevo.  Esta crisis está jalonada por unos momentos analizados anteriormente: la Guerra de la Independencia ha dejado al país deshecho, y la reconstrucción será lenta y con ayuda extranjera; la lucha entre absolutistas y constitucionalistas mantendrá la atención en vilo, por cuanto en ella se juega su futuro toda la sociedad española; la guerra civil carlista completa el círculo bélico y revolucionario iniciado en 1808 y se gana el desprestigio ante Europa a causa de la inaudita barbarie del comportamiento colectivo de los españoles.

El hecho de que las guerras por la independencia americana se den en estas circunstancias será decisivo para la fragmentación de la monarquía española.  Simultánea y consecuentemente, España pasa a ocupar un lugar pasivo en las relaciones internacionales.  Comienza el proceso contemporáneo de la mediatización de la política española por parte de las grandes potencias.

A la altura de 1800, Francia e Inglaterra, hegemónicas en el mar tanto como en el continente, están enfrentadas en un antagonismo decisivo.  La guerra y el "bloqueo continental" intervendrán decisivamente en las estructuras económicas europeas y coloniales.  Francia ha perdido la guerra, pero Inglaterra se encuntra con un mercado europeo acostumbrado al bloqueo y en el que reina una profunda depresión económica.  Guerra y bloqueo han segregado el orden económico entre Europa y Ultramar.  Inglaterra, no obstante, estrechará sus lazos económicos con los jóvenes países americanos, asegurándose así la hegemonía marítima y colonial, mediante negociaciones bilaterales con todos los países europeos que tienen intereses coloniales.

España estaba en paz, amistad y alianza con Inglaterra desde 1809.  Habían luchado juntas contra Napoleón.  En 1814, por otro tratado, se estrechaban e intimaban las alianzas entre ambas naciones.  pero esta alianza no deja de ser una descalificación de España por cuanto no pactan como iguales, pese a la trascendencia y prestigio obtenido por España en las guerras napoleónicas.  España, políticamente, se pone en brazos de Inglaterra, puesto que se compromete a adoptar con Francia las medidas exigidas por Gran Bretaña; se compromete a conceder al comercio británico la condición de "nación más favorecida y privilegiada", tanto en relación con la metrópoli como con el Imperio español en las Indias.  Todo esto a cambio de que Inglaterra haga unas vagas promesas de no apoyar a los disidentes de América.

En una palabra: Inglaterra ordenaba los espacios coloniales a su antojo y, como los tratados de Utrech, intentaba llevar a cabo en el continente europeo una solución de equilibrio, para que nadie fuera capaz de hacerse con la hegemonía continental al estilo de Napoleón.  Esta reserva inglesa de los reajustes marítimos y la atmósfera de "Europdertum" y equilibrio quedaba bien expuesta en los tratados.

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LA TRANSICIÓN HACIA EL LIBERALISMO

El gobierno se preocupó de desarticular las fuerzas de los partidarios de don Carlos; los voluntarios realistas ascendían a 120.000 hombres, con el mando autónomo y con recursos económicos independientes.  El cuerpo de voluntarios quedó abierto a todos los ciudadanos, dejando por tanto de existir al tiempo que se les cerraban los fondos.  Los mandos militares que no inspiraban confianza fueron destituidos.  Siguiendo con el cambio de orientación dentro de la estructura de la monarquía tradicional, la reina, en su deseo de incorporar partidarios a la causa, suscribía un decreto de amnistía:

"Concedo la amnistía general y completa de cuantas hasta el presente han dispensado los reyes..., exceptuando de este rasgo benéfico, bien a pesar mío, los que tuvieron la desgracia de votar la destitución del rey en Sevilla (1823) y los que han acaudillado fuerza armada contra sus gobernantes".

La consecuencia fue que 10.000 liberales pudieron regresar a España, provocando un lógico impacto social.  Otra obra del ala liberal del gobierno de Cea Bermúdez fue la recreación del Ministerio de fomento.  Surgido en tiempos de José Bonaparte, lo habían cuidado los afrancesados y liberales y había sido objeto de estudio por los moderados en 1830.  Era, en realidad, un campo de posibilidades para los elementos liberales, cuya simpatía tan abiertamente se fomentaba desde el gobierno.

Dentro de estas importantes modificaciones en el sistema, las universidades -buen termómetro político siempre- fueron abiertas después de haber estado dos años cerradas.  También se renovaban los ayuntamientos, favoreciendo a los propietarios y dejando la puerta abierta a los burgueses que desearan participar de la vida política.  El 31 de diciembre de 1832, Fernando VII alababa lo hecho por María Cristina, condenaba la intervención carlista en los sucesos de La Granja y, como rey y como padre, volvía a publicar la Pragmática Sanción.

El Deseado moría en septiembre de 1833, dejando salvado y bien apuntalado el trono para su hija.  Durante su vida, Fernando había dicho varias veces: "cuando yo muera, saltará el tapón. Y...".

Mientras, Cea Bermúdez intenta una tercera solución a las crisis españolas, solución que desagradará a los unos y a los otros; los unos, partidarios de don Carlos, comienzan a manifestarse y a lanzar proclamas.  Antes de que las Cortes juraran heredera a la princesa Isabel, don Carlos salía desterrado a Portugal.

La proclamación de Isabel no fue el resultado de un cabildo cortesano.   La burguesía festejó en todas partes el acontecimiento con singular aplauso.  La expansión burguesa y el liberalismo moderado aún no estaban lo suficientemente potenciados para impedir la guerra civil.  Sin embargo, como veremos pronto, la sociedad española había cambiado y el carlismo era del todo inviable, económica, social e ideológicamente.

MARÍA CRISTINA DE BORBÓN, LA LEY SÁLICA Y LA PRAGMÁTICA SANCIÓN

El resultado de todas estas intentonas revolucionarias fue el de varios centenares de fusilamientos.  En 1829, Fernando VII quedaba viudo, y en este mismo año se aprestaba a contraer matrimonio (cuartas nupcias) con su joven y atractiva sobrina María Cristina de Nápoles.  El rey no había tenido descendencia de sus tres matrimonios anteriores; por tanto, hasta ese momento, el sucesor era Carlos María Isidro de Borbón, en torno al cual se agrupaban los realistas puros, quejosos ellos del aperturismo del gobierno de Fernando VII.  María Cristina no dejará al rey un heredero, sino dos hijas: Isabel y Luisa Fernanda.

El problema dinástico se planteó una vez que la reina quedó embarazada.  Las leyes de las Partidas que regían la sucesión daban preferencia a las mujeres en ausencia de herederos varones en igual grado de parentesco por consanguinidad.  Por otra parte, estaba la ley sálica, introducida por Felipe V en 1713, que excluía a las mujeres siempre que en rama directa o colateral hubiera descendencia masculina.  En 1789, Carlos IV reinstauró las leyes originales de las Partidas en la Pragmática Sanción, aprobada por las Cortes, pero no publicada en la Novísima Recopilación (el Boletín Oficial del Estado de la época).  En 1830, Fernando publica la Pragmática Sanción derogatoria de la ley sálica.  Esta decisión constituye la base jurídica de la primera guerra carlista; pero, en cualquier caso, el problema jurídico no es sino el pretexto que sirve para desencadenar el conflicto que existía entre dos tendencias políticas y, aun más, entre dos grupos sociales que no aceptaban convivir.  De hecho, la primera guerra carlista es, fundamentalmente, un tardío combate en defensa de las estructuras socio-económicas del antiguo régimen, que en España había pervivido gracias al absolutismo fernandino.

El punto más débil (jurídicamente hablando) de la causa isabelina eran que don Carlos había nacido un año antes de que las Cortes aprobaran la Pragmática Sanción en 1789; por tanto, su derecho era anterior y no podía ser anulado por la Pragmática.  Dicha Pragmática, aunque publicada durante la Guerra de la Independencia, no constaba en la Novísima Recopilación, y, por tanto, los españoles, hasta 1830, creían que el infante don Carlos contaba con derechos válidos.

Los puntos débiles de la causa carlista son éstos: la Pragmática Sancion de 1789 tenía el consentimiento de la nación en las Cortes, mientras que el Auto Acordado (ley sálica) de 1713 era un simple decreto real.  Para un partido tradicional era un mal argumento preferir el derecho de la familia Borbón a las partidas medievales.

El 13 de septiembre de 1832, en La Granja, Fernando VII sufría un grave ataque de gota, temiendo el médico Aso que el rey se le quedase en los brazos.  Ante esta situación tan delicada se reúnen los ministros para tratar de los graves problemas que se plantearían en España en el momento en que el rey dejara de existir.  En la corte se rumoreaba que Carlos protestaría la validez de la Pragmática; por ello, el ministro de la Guerra, Zambrano, marchó a Madrid para estar pendiente de todo lo que pudiera perturbar la paz y la tranquilidad en la capital y en la monarquía.

Los partidarios políticos de la reina estaban en Madrid; Cristina se vio sola y obligada a derogar la Pragmática Sanción ante la presión y amenazas de Carlos de una guerra civil si mantenía el derecho de su hija a la muerte del rey.  La noticia de la denegación de la Pragmática Sanción se extendió con rapidez, causando una gran expectación.  La actuación de los elementos favorables a la defensa de los derechos de la infanta Isabel, la llegada de Luisa Carlota, hermana de María Cristina, y la recuperación del rey, señalan el proceso de vuelta sobre su anterior decisión y de reconocer los derechos de su hija, cosa muy natural.  Esta revisión conducía también a una total modificación de los ministros.  El 1 de octubre, el gobierno en pleno fue destituido por otro encabezado por Cea Bermúdez.  Esta crisis representa un cambio de tendencia, por cuanto los partidarios de María Cristina neutralizan la fuerza de don Carlos abriendo las puertas a los enemigos del Carlismo.  Este gabinete resolverá también el problema sucesorio apoyando firmemente a la hija de María Cristina, la futura Isabel II.  De estos contratos, basados en la fórmula "ayudadme, que os ayudaré", surge el Partido Cristino.

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EL FUSILAMIENTO DE TORRIJOS Y EL AHORCAMIENTO DE MARIANA PINEDA

Los liberales emigrados, como en la década anterior, siguen conspirando para restaurar la libertad.  Sus intentonas revolucionarias incurrirán en muchos errores de cálculo, y un exaltado romanticismo les dará la nota de falta de premeditación, a la que seguirán el desastre y las víctimas.  En 1824, el coronel Vidal, partiendo de Gibraltar, ocupó Tarifa con 200 hombres.  Carentes de apoyo, fracasaron y fueron fusilados. La misma suerte corrieron, en 1826, los hermanos Bazán, quienes, tras un desembarco en Guardamar del Segura, se internaron, para luego ser capturados y fusilados en Orihuela y Alicante.

Los emigrados constituyeron en París un "Directorio para el levantamiento de España contra la tiranía", cuya figura principal era Mendizábal.  Pronto se trasladó a Bayona.  El gran contingente emigrado vivía en Inglaterra, contando con figuras destacadas, como Mina, Torrijos, Palarea, Flores, Calderón, etc...  Es curioso que la misma Inglaterra que acogió el exilio de los monárquicos franceses durante la Revolución y reinado de Napoleón estuviese ahora acogiendo a los antiabsolutistas españoles.

Las jornadas de julio de 1830 en París abrieron nuevas posibilidades a los emigrados.  La burguesía derriba a Carlos V y entroniza a Luis Felipe.  Al no ser reconocido por el rey español, presiona apoyando a los emigrados.  Pero la causa de la libertad, que para los emigrados es dogma de fe, tan sólo sirve al gobierno francés para satisfacer sus intereses particulares, esto es, el reconocimiento de Luis Felipe por Fernando VII.

En esta coyuntura, Mina inicia la desastrosa expedición de Vera.  Los grandes planes de la empresa y de este ejército invasor de 350 hombres quedaban reducidos a unas increíbles peripecias para poder regresar a  Francia.  Similares fueron los resultados de otra tentativas a cargo de San Miguel, Gurrea, Plasencia, Brunet y un hijo del general Miláns del Bosch.

El cambio de postura de Luis Felipe respecto a los emigrados liberales devolvió a Gibraltar la plataforma para lanzarse al derrocamiento del régimen absoluto.

El desembarco de Manzanares en Getares y su penetración en el territorio tampoco encontraron eco ni respaldo entre la población civil.  Manzanares fue muerto y sus hombres fusilados.  Otro levantamiento en Cádiz y San Fernando tampoco encontró respuesta positiva.

Las invasiones liberales debilitaron las fuerzas de los moderados.  El rey se volvió hacia los absolutistas restaurando las comisiones militares.  Renace la depuración política y el rey se convierte en un tirano por miedo.  En esta política de terror, fomentada por Calomarde (el todopoderoso ministro), es ahorcada la granadina Mariana Pineda por bordar una bandera destinada, según los espías, al ejército liberal.  También Torrijos, partiendo de Gibraltar, desembarcará dos veces en la Península.  En su segundo intento cayó en la trampa del general González Moreno, quien le hizo creer en las disposiciones favorables a su pronunciamiento por parte de la guarnición de Málaga.  Gisbert dedicará un cuadro y un soneto a estos cincuenta y dos románticos conspiradores liberales, quienes recibieron serenamente las descargas, para las que el propio Torrijos dio la voz de mando.  A González Moreno todo hombre de honor le volvió la espalda y la opinión pública le castigó con el apelativo de "el verdugo de Málaga".

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CRISIS ECONÓMICA CON FERNANDO VII

En la corte se caminaba hacia fórmulas moderadas, sancionadas con el cuarto matrimonio del rey con María Cristina de Nápoles en 1829.  El gobierno de Fernando VII estaba haciendo frente a la doble oposición -apostólicos y liberales- con su política de "palo a la burra blanca y palo a la burra negra", según la expresión castiza acuñada contra el propio monarca.  Esta política seguirá imperando hasta su muerte, pese a que el tránsito hacia el liberalismo era ya un hecho.

La coyuntura económica y la gestión financiera durante este período presenta los signos de depresión y anacronismo. La década ominosa presenta el derrumbamiento total de los precios; el fracaso político y financiero de los gobiernos absolutistas es evidente.  La crisis de 1827 demuestra la imposibilidad de gobernar con los aristócratas y grandes propietarios en contra de los intereses del campesinado y la burguesía.

En el aperturismo del régimen intervienen un equipo de asentistas, banqueros, emigrados y hombres de negocios.  Ahí están los nombres de Aguado, Gaspar de Remisa o Javier de Burgos, empeñados en proyectos de minas, canales y altos hornos.  El equipo del ministro de Hacienda, López Ballesteros, promulga la ley de minas de 1825, el arancel de 1826, el Código de Comercio de 1829, la Bolsa de Madrid, en 1831, etc.

Al mismo tiempo, la expansión agrícola tendrá una importancia decisiva en la reactivación de la economía española.  El área triguera y la cabaña ganadera experimentan aumentos considerables, presagio de un futuro más favorable.

La bancarrota de la Hacienda será el primer condicionante de toda la política de Fernando VII.  Hubo que hacer grandes esfuerzos para afrontar los gastos domésticos y los sueldos del personal de palacio.  El absolutismo puro carece de soluciones al problema financiero y debe ceder ante la sugerencia de ministros algo más moderados.  Recomiendan un sistema fiscal moderno, pero, como en otros puntos, resulta contradictorio, puesto que cualquier medida a adoptar chocaría con los intereses de los privilegiados y de las provincias forales.

La difícil situación financiera obligará a recurrir a empréstitos contratados en el extranjero, determinados por la pobreza del país y por el corte de metales preciosos americanos que resulta de la emancipación.  La deuda con el exterior sube de 2.600 millones de reales en 1824, a 4.460 en 1834.  Los empréstitos son negociados en unas condiciones muy poco ventajosas para España, puesto que el valor "nominal" de la deuda reconocida es muy superior a la cantidad efectiva de metal precioso que entra en España.  La Hacienda nacional pasa, con respecto a Europa, a una posición de deudora, agravada por una balanza comercial negativa, una inestabilidad política y unas guerras civiles.  El endeudamiento exterior va a convertirse en algo crónico.

Quien lleva el timón de la Hacienda durante la década ominosa es el gallego López Ballesteros, simpatizante con la mentalidad moderna de los liberales moderados y afrancesados arrepentidos.  Canalizará en lo posible la capacidad de estos hombres, prescindiendo de su pasado liberal. El balance de la gestión de López Ballesteros parece ser  que sirvió para enjugar en buena parte la carga de la deuda pública del Estado.  No obstante, su política contó con serias limitaciones.  Tendió a fijar un orden regular en la administración y contabilidad, restableció en parte el crédito público, ensayó el equilibrio de los gastos con las rentas, decretó la determinación anual de los presupuestos, procuró reprimir el contrabando y dio tal cual estabilidad a los empleados públicos.  Pero todas estas disposiciones valían muy poco en comparación con los males que llevaba en sí mismo aquel sistema de gobierno, el tributario restablecido en 1824 y los que causaban inmediatamente la reamortización de los bienes eclesiásticos y vinculados, la renovación de los privilegios y exenciones, el aumento de las ruinosas contribuciones sobre el consumo, las prohibiciones y trabas en el comercio y en la industria, la rigurosa exacción del diezmo y las franquicias y socaliñas de un clero numerosísimo, triunfante e insaciable.