Inauguraron su labor las Cortes con el famoso discurso del diputado por Extremadura, Diego Muñoz Torrero, eclesiástico y ex rector de la universidad de Salamanca. Este discurso trajo como consecuencia la conquista de la soberanía nacional, la división de poderes y la inviolabilidad de los diputados. La jura y reconocimiento de estos principios abría las puertas del Estado liberal.
Antes de referirnos a la liquidación de los fundamentos económicos, sociales y jurídicos (base de la vieja sociedad estamental) llevada a cabo en las Cortes de Cádiz, citaremos la Constitución de 1812, auténtica "carta magna" del liberalismo y del nuevo Estado español.
Ya en las primeras sesiones de las Cortes salen a debate temas constitucionales. Se nombrará una comisión encargada de redactar una Constitución. La primera parte fue presentada el 18 de agosto de 1811 por un orador liberal, el "divino" Argüelles. La totalidad fue votada el 11 de marzo de 1812. El grito repetido durante el siglo XIX de "¡Viva la Pepa!" alude a esta Constitución promulgada el día de San José.
La Constitución, digna de ser leída, comprende 10 títulos, divididos en 34 capítulos. En total 384 artículos.
El título primero trataba dela nación española y de los españoles. Apuntaba radicalmente que "la soberanía reside esencialmente en la nación, y, por los mismo, pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales " (artículo 3º).
El título 2º se refiere los aspectos del territorio, de la religión y del gobierno, aparte de hablar de una monarquía limitada hereditaria; se dice en el artículo 12 que "la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra" (vaya esto por los aplaudidores de La Pepa que actualmente, y con desconocimiento de su propia historia, hacen de la antedicha baluarte y abanderamiento de unos principios que no son acordes con las ideas que afirman representar). La Constitución queda encabezada invocando el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor supremo y legislador de la sociedad. Este rasgo es suficiente para separar a la Constitución gaditana de la francesa, pese a su imitación en el racionalismo que inspira la construcción técnica de todo su articulado.
Las Cortes llenan el título 3º. Fijan una sola Cámara de diputados, uno por cada 70.000 habitantes. Se prescribe la reunión anual de las Cortes por tres meses, prorrogables a un mes más. Se crea una diputación permanente de Cortes con siete miembros, celadores del cumplimiento de la Constitución y de las leyes. En una palabra: las Cortes conquistan el poder soberano de legislar.
En el Título 4º la persona del rey es sagrada, inviolable y no sujeta a responsabilidad (como en nuestra actual y cuestionable Constitución de 1978). Se fijan sus atribuciones y el orden de sucesión. Había siete miembros responsables ante las Cortes. Se creaba, a su ve, un consejo de Estado para oír asuntos graves de gobierno; contaría 40 miembros. No más de 8 serían eclesiásticos y grandes, y el resto personas distinguidas por su ciencia y servicios.
Tema 5º es la adaptación de un solo fuero para todas las personas, aunque subsistiesen el eclesiástico y el militar.
También inspirado en el racionalismo francés es el título 6º al tratar del gobierno interior de los pueblos y de las provincias. Cada una de ellas contaría con un jefe político o un gobernador civil y un órgano administrativo, la diputación provincial. Esta nueva organización provincial trastoca radicalmente toda la administración borbónica, creándose con estas reformas municipales enemigos a la Constitución, sobre todo entre los señores jurisdiccionales, propietarios de oficios y empleados, a quienes se les priva de su medio de vida.
Cosa similar ocurrirá con la nueva organización del sistema judicial, por el deseo de disfrutar de una justicia competente e imparcial, liberando a las gentes delos corregidores de capa y espada y de los alcaldes señoriales de comportamiento más que dudoso. Por otra parte, al preferirse la justicia sobre la equidad, desaparecían las plagas de intérpretes y comentaristas, embrolladores hasta de las causas más simples.
El título 7º trata de las contribuciones. No habrá excepciones ni privilegios a la hora de repartirse los impuestos entre todos los españoles.
Las fuerzas militares -tema del título 8º- serán fijadas por las Cortes. Del servicio militar no podía excusarse ningún español. Se crean las "milicias nacionales" para el mantenimiento del orden interior, y no podían ser utilizadas por el rey fuera de su provincia sin otorgamiento de las Cortes.
Materia del 9º es la instrucción pública. Habrá un plan general de enseñanza uniforme en todo el reino, y se establecerán escuelas de primeras letras en todos los pueblos. Se creará y arreglará el número componente de las universidades.
Y por el artículo 371, todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o publicación bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. Con esto quedaba destruido el último asidero de la tiranía.
En el título 10º se habla de la observación de la Constitución y del modo de proceder para hacer variaciones. Todo empleado público debe jurarla, y cualquier español puede dirigirse a las Cortes o al rey, reclamando la observación de la Constitución. Ésta no podía ser modificada durante ocho años.
La Constitución dejaba claro los principios de la soberanía nacional y la separación de poderes, poniendo a las Cortes, elegidas por el país, por encima del monarca.
La clase social de intelectuales, funcionarios y juristas ha conquistado el poder político para llevar a cabo una radical reorganización de la sociedad, y para la realización de su programa ha trasladado la soberanía de las manos del monarca a las suyas.
Los 384 artículos de la Constitución no son sino otros tantos medios de que usa la burguesía liberal para alterar las bases d la sociedad y controlar en el futuro el poder. Los pasos se plasman en su conquista del poder legislativo, ejecutivo y judicial.
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