26 may. 2017

EL TRIENIO LIBERAL (I)

Insurrección militar, sublevación en provincias y cambio de política en Madrid.  Éste es el mecanismo revolucionario que se siguió en 1820, 1854 y 1868 (el que serviría de referente para determinados acontecimientos del siglo XX que todos tenemos en mente).
En estos tres años la confusión será indescriptible y cada una de las fuerzas políticas pretenderá dirigir los acontecimientos a su gusto.  De todo ello se puede concluir que los liberales, más que gobernar, lo que hicieron fue "intentar gobernar".
Una vez que el rey hubo jurado la Constitución, una "Junta Provisional Consultiva" se hizo cargo de dirigir y controlar la actuación política en tanto no se reuniesen las Cortes, que era uno de sus objetivos.  Otro de sus cuidados era velar porque Fernando VII se mantuviera fiel a la Constitución y fuera del alcance de los absolutistas.  Entre sus finalidades también entraba el control de la anarquía de la provincias y de los más radicales que, lógicamente, reivindicaban el mérito de haber hecho la revolución.
Se perfilan tres fuerzas: un gobierno liberal en medio de una reacción absolutista y un sector de tono radicalmente liberal.  El gobierno liberal intentará mantener el orden por encima de la libertad, dando lugar a las dos divisiones del liberalismo: moderados y exaltados.  Liberales y hombres con fortuna y posición social los primeros, demócratas y radicales urbanos los segundos.  Esta escisión de la "familia liberal" les restará fuerzas para enfrentarse a la facción absolutista.
Antes de que se abran las Cortes y, por tanto, antes de que se concluya el régimen provisional comienzan las actividades de las "Sociedades patrióticas", llamadas a tener gran importancia.  Estaban constituidas conforme al modelo de los "clubs políticos" de Francia.  Son una especie de tertulias políticas de café, radicalmente liberales, que presionan e intentan llevar las iniciativas políticas a los ministerios y a las Cortes.
La primera de estas sociedades se reunía en el Café Lorenzini, situado en la Puerta del Sol; de los discursos encendidos se pasaba a los hechos y hubo de ser disuelta por la autoridad.  Otras muy señaladas eran las de los cafés de San Sebastián y de la Cruz de Malta, y principalmente la más conocida, "La Fontana de Oro".
La masonería, que tanta parte había tenido en la revolución, cobró capital importancia y gran número de adeptos.  Su objeto era más político que filantrópico y un estupendo medio para optar a un puesto en la administración o en las actas de diputados.  Este "Gran Oriente" se escindió, y de él surgieron ramas como la sociedad secreta de los "comuneros", encabezada por Riego, y la "Sociedad de Amigos de la Constitución", con la finalidad de combatir las partidas y defender el gobierno.  Martínez de la Rosa, Toreno, Calatrava y el duque de Frías eran sus cabezas más sobresalientes.
También la Junta Consultiva se encargó de formar el primer ministerio constitucional integrado por acreditados liberales, quienes pasaron a ser ministros desde los presidios donde cumplían sus injustas condenas: Argüelles, García Herreros, Miguel Moreno, Canga Argüelles, Amarillas, Pérez de Castro, Jabat y Porcel.  El rey trataba desconsideradamente a estos ministros, a los que llamaba "los presidiarios", a excepción de Amarillas, a quien rápidamente obligaron a dimitir.

25 may. 2017

EL PRONUNCIAMIENTO DE RIEGO (II)

Los pronunciados se mantenían en torno a Cádiz sin un programa concreto a seguir.  Esta situación movió a Riego a iniciar una campaña por Andalucía y Extremadura  para ganar adeptos y auxilios para la revolución.  Con 1.500 soldados, cantando el himno de Riego y proclamando la Constitución en cada pueblo, salieron de San Fernando y entraron en Chiclana, Conil, vejer, Los Barrios, Algeciras, San Roque, Estepona, Marbella, Fuengirola... y otras muchas poblaciones hasta que casi tocaron la frontera con Portugal.
Resultado de esta expedición salieron 1.500 hombres y apenas la terminaron 50, cuando Fernando VII había jurado ya la Constitución; en los pueblos que recorrieron no encontraron apoyo ni entusiasmo, pero tampoco hostilidad, demostrando con ello la debilidad del gobierno y su pérdida de adhesión popular.
Mientras tanto, las fuerzas realistas no se atreven a atacar.  Están desmoralizadas, faltas de dinero y en una situación poco esperanzadora, según dejan ver las cartas que el servil Escoiquiz escribe a Fernando VII desde Ronda.
Esta carencia de una acción represiva por parte del gobierno legítimo y la noticia del pronunciamiento de Cabezas de San Juan animan a los liberales de toda España a liquidar la monarquía absoluta.  El 21 de febrero de 1820 se proclamó la Constitución de 1812 en La Coruña, extendiéndose a Vigo, Tuy, El Ferrol, Pontevedra y Lugo.  La resistencia de Santiago y Orense fue vencida.
Oviedo, Murcia, Cartagena, Zaragoza, Tarragona, Segovia, Barcelona, Pamplona y Cádiz siguen la misma pauta.  El movimiento revolucionario se extendía como un reguero de pólvora por estas ciudades, demostrando que el triunfo era inevitable.  Fernando VII había aceptado la vuelta al régimen constitucional.
Incluso el indeciso O'Donnell, con todas sus fuerzas, se había decidido a proclamar la Constitución el 4 de marzo, en Ocaña, en tanto el enterado Espoz y mina cruzaba la frontera francesa el 23 de febrero, marchando hacia Pamplona.
El 7 de marzo la monarquía había capitulado jurando la Constitución de 1812, liberando a los presos políticos y aboliendo la Inquisición.  El famoso manifiesto fernandino terminaba así: "Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional".
Estos sucesos madrileños determinan el triunfo pacífico de la causa liberal.  Sólo en la zona gaditana, donde parte del ejército expedicionario se había opuesto radicalmente al liberalismo, se dieron situaciones tensas y algunos muertos.  El 2 de abril entraba Riego en Cádiz en medio de un recibimiento delirante.
El Estado se había desmoronado, incapaz de resolver sus graves problemas.  Esto, unido a la pasividad del país y a la extensión del movimiento revolucionario, había sido el factor determinante del retorno al régimen constitucional y pesaba mucho más que la insurrección de Riego y sus compañeros de armas, quienes, en realidad, fracasaron.
Hay muchos matices que explicarían y nos ayudarían a interpretar la quiebra y desmoronamiento de la monarquía absoluta en los comienzos de 1820. 
Las cosas habían llegado a tal punto que el rey de España se tuvo que ver obligado a gravar con una contribución forzosa a la ciudad de Cádiz, al día siguiente de haber terminado la fiebre amarilla: acto único en la historia.  Se había hecho salir del puerto a los buques mercantes para hacerles pagar derechos de aduanas en otros puertos del reino.  Todo gobierno que ha llegado a estos extremos no puede contar con ocho días de existencia.
La tiranía, la superstición y la pobreza, amén del descrédito y todas las consecuencias de estos principios fecundos de males habían convertido a España en un pedazo de África.  Las mismas causas volvieron a producir los mismos efectos.  La máquina del Estado, que tantas veces se había ya estremecido antes, se desencuadernó por todas partes.
Está claro que la estructura económica, el fracaso del sistema de Hacienda y el estado del Tesoro hubieran bastado por sí mismos para producir la catástrofe.  ¿Cómo explicar, si no, la inhibición de las clases campesinas?

23 may. 2017

EL PRONUNCIAMIENTO DE RIEGO (I)

Habían fracasado todos los intentos revolucionarios llevados a cabo desde 1814.  Los liberales va a preparar con más cuidado una conspiración que se está gestando en Cádiz.  Desde hacía bastante tiempo estaban acantonados en los alrededores de esta ciudad unos 14.000 hombres destinados a embarcarse para las colonias americanas.  Toda esta tropa estaba descontenta, y las logias aprovecharían la oportunidad que les brindaba la repugnancia de los soldados y oficiales a ir a América para sus propios fines.
Hay otro aspecto.  Los liberales creían que la única forma de pacíficar las colonias era bajo un régimen en el que los americanos fueran libres, buen representados y no diferenciados de los españoles peninsulares.  A nadie le importaba más la recuperación de América que a los comerciantes de Cádiz o a los fabricantes de Barcelona, quienes figuraron entre los principales organizadores del movimiento revolucionario.
La burguesía mercantil gaditana ( los Istúriz, Bertrán de Lis, Montero, Díaz, etc...) arriesga sus vidas y fortunas para financiar el movimiento.  Las logias masónicas "Soberano Capítulo" y "Taller Sublime" abrigaban a los dirigentes y a los más arrojados conspiradores.  Su gran esperanza residía en la confianza que les inspiraba Enrique O'Donnell, conde de La Bisbal, general en jefe del ejército expedicionario.  O'Donnell seguía un doble juego convenciendo a los conjurados de que estaba con ellos y manifestando a la corte que si trataba con os conspiradores era para estar más al tanto de lo que tramaban.  La posición de O'Donnell comenzaba a ser crítica, y debido a la intervención de Sarsfield tuvo que decidirse, apresando a 15 oficiales conspiradores.  Este suceso es conocido como "la traición del Palmar".
Desarticulada la conjura, todo parecía perdido.  Pero no era así.  Los 15 presos seguían participando en la conjuración y a O'Donnell y a Sarsfield se les premió, al tiempo que se les alejaba del ejército expedicionario.  Alcalá Galiano, Antonio de la Vega, Mendizábal y otros seguían con sus preparativos.
El pronunciamiento se fija para los primeros días de 1820.  Riego, desde Cabezas de San Juan, partiría hacia Arcos con el doble objeto de hacer prisionero al estado mayor expedicionario; Quiroga ocuparía el puente de Zuazo para entrar en Cádiz con la ayuda de los conspiradores gaditanos; López Baños concentraría la artillería y tropas en Osuna, para luego dirigirse a Cádiz.  Un aspecto fundamental: el movimiento carecía de una orientación política; solamente pretendía derrocar a un gobierno violento y débil y asegurar los derechos de todos los ciudadanos por medio de una constitución.
El golpe fue un éxito parcial, ya que no pudieron adueñarse de Cádiz.  En torno a los muros de esta ciudad se reunieron los miles de soldados y sus jefes: Riego, Quiroga, López Baños, Arco Agüero, Evaristo San Miguel, Fernando Miranda.
El 7 de enero Quiroga enviaba a Fernando VII una carta, en nombre del ejército, diciéndole que se habían levantado para resucitar la Constitución de España y

"decidir que es la Nación legítimamente representada quien tiene sólo el derecho de darse las leyes a sí misma, he aquí lo que les inspiraba el ardor más puro y los acentos del entusiasmo más sublime.  Las Luces de la Europa no permiten ya, Señor, que las naciones sean gobernadas como posesiones absolutas de los reyes.  Los pueblos exigen instituciones diferentes y el gobierno representativo es el que parece más análogo a las vastas sociedades cuyos individuos no pueden materialmente congregare todos para promulgar leyes.  Es el gobierno que las naciones sabias adoptaron, el gobierno que todos apetecen, el gobierno cuya posesión ha costado tanta sangre y del que no hay pueblo más digno que el de España".

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INFLUENCIA DE LAS SOCIEDADES SECRETAS EN LA REVOLUCIÓN LIBERAL

Los liberales perseguidos hicieron de la masonería un medio al servicio de una política revolucionaria; la masonería influiría en la revolución de 1820, y de ahí arranca el mito de su fuerza oculta.
Entre 1815 y 1820 la masonería fue la columna vertebral del cuerpo y de las fuerzas liberales.  Más que un sistema de creencias, era una organización clandestina, bien dispuesta para la conspiración.  Ahí quedan las palabras de Alcalá Galiano, miembro y testigo de la organización francmasónica:

"Los conatos de restablecer la ley caída, en muchos no pasaban de decir a las obras.  Pero si una conjuración duradera resultaba, cuando no imposible, dificultosa, porque estaría de continuo expuesta a ser descubierta y deshecha, con grave daño de los conjurados, una sociedad con sus ritos y ceremonias, con su orden y arreglo, en que hay mucho simbólico capaz de interpretaciones, que así puede ser nada como mucho, la cual, cuando es conjuración, se disfraza un tanto para que haya quienes sean hermanos sin el terror o escrúpulo de ser considerados conspiradores, era cosa hacedera.  La hubo, pues, en España, y comenzó a tener consistencia hacia 1816."

Existían precedentes masónicos en los siglos  XVI y XVII, aunque sus raíces primeras haya que buscarlas en la filiación masónica de algunos reformadores dieciochescos: el conde de Aranda, el conde de Montijo, el conde de Almodóvar...  El desarrollo de la secta culmina con la invasión francesa. Tanto José Bonaparte como Murat y otros generales eran conocidos francmasones, y difundieron el movimiento en la Península.
La represión subsiguiente a la reinstauración del antiguo régimen y a la vuelta de Fernando VII y de los absolutistas, la situación calamitosa por la que atravesaba la economía y la sociedad del país, el descontento y la concienciación liberal de una gran parte del ejército, amén de otros factores, facilitarán las "ideas sublimes" y generosas de sus oficiales, quienes, de paso, hacían ofertas de tierras y liberación del servicio militar.  O'Donnell, conde de La Bisbal y jefe del ejército destinado a América, también estaba envuelto en la conjura.  Vemos, pues, cómo la iniciativa pasaba a manos de la masonería militar.  Aunque O'Donnell se volvió atrás y encarceló a todos los comandantes de los batallones, los conjurados se rehicieron y Quiroga, Riego y otros planearían el golpe de 1820.
La logia de Cádiz se mostró en todo momento más activa, numerosa y rica que ninguna otra; no fue sorprendida, pese a que sus trabajos eran casi públicos; fue la promotora principal de la insurrección de las tropas destinadas a América.  Estas razones explicarían por qué el levantamiento miliar de 1820 triunfó, a diferencia de los fracasos de levantamientos anteriores.
Es difícil calcular la fuerza de la masonería (digan lo que digan algunos historiadores); su mismo tipo de organización secreta, reforzada por juramentos y consignas, impide conocer su fuerza real. Sin embargo, con el triunfo del liberalismo en 1820, el número de logias y adeptos se multiplicó.  Cuando de nuevo en 1823 Fernando VII vuelva al absolutismo, la masonería será el único medio de que dispongan los núcleos proscritos para organizarse.

22 may. 2017

EL MOVIMIENTO LIBERAL (III)

Juan Díaz Porlier era otro famoso guerrillero que había alcanzado la graduación de mariscal de campo.  Figura el liberalismo español, fue relcuído y suspendido de empleo durane cuatro años.  Autirozado a tomar baños (los balnearios durante el siglo XIX fueron el "locus amenus" para los conspiradores), trama la conjuración.  En 1815 toma La Coruña, proclama la Constitución de 1812, apresa a las autoridades, pide apoyo, constituye una junta provincial y lanza un programa político eminentemente liberal, en el que se refleja todo un trasfondo económico y social, y no sólo el enfrentamiento de dos posturas políticas.
Porlier fue sorprendido en una posada, y preso por un pelotón de voluntarios gallegos, guiados por dos sargentos de los sublevados, corrompidos por dádivas.  Porlier fue ahorcado y otros 24 oficiales procesados.
Destaquemos dos hechos dejados a a interpretación del lector: la iglesia de Santiago de Compostela es el núcleo del absolutismo gallego; el cabildo compostelano paga a los voluntarios, premia a los sargentos corrompidos y logra para el gobernador de Santiago, Pesci, el grado de mariscal de campo por su fidelidad monárquica.  La represión, por otra parte, alcanza a 86 civiles, en su mayoría comerciantes.

La conspiración en triángulo es una conjuración planeada sobre la base de relaciones triangulares entre los conjurados.  El primer triángulo lo componían el comisario de guerra Richard y dos cabos granaderos.  El objetivo era asesinar a Fernando VII a 500 pasos de la Puerta de Alcalá.  Los dos granaderos delataron a Richard, quien fue ejecutado (1816).  Por supuesto, la conspiración tenía una más amplia red de colaboradores.

Lacy y Millans del Bosch eran otros generales postergados, después de haber brillado en la Guerra de la Independencia.  Lacy se comprometió en una conspiración.  Descubierto,fue preso, sentenciado a muerte y ejecutado en Mallorca, para evitar la alteración del orden público en Barcelona.
Al margen de la exposición de múltiples detalles, circunstancias, nombres , nos interesa destacar el carácter de insurrección civil, urbana y popular con una amplia participación burguesa, conectada con un pronunciamiento militar, e incluso éste con un predominio de suboficiales.  Buena parte de la población, especialmente el proletariado industrial, estaban de acuerdo con un movimiento de este sigo.  Se demostraría tres años más tarde, cuando un movimiento semejante forzaría a Castaños a aceptar la vuelta al régimen constitucional, en unos momentos en que se ignoraba aún lo que había sucedido en Madrid.
Hay otro punto a destacar: Lacy fue perseguido y prendido por militares, y no por unos campesinos que sienten horror hacia el liberalismo.  Ésta es la versión que arrojan los últimos documentos, quedando la versión de Comellas con "inexactitudes monstruosas", inventándose esa "actitud hostil del pueblo", lo que es rigurosa y enteramente  falso.

Trágico fin tuvo en Valencia la conspiración urdida en 1819 por el coronel Joaquín Vidal contra el régimen de terror implantado allí por Elío.  Vidal llega a entrevistarse con el Empecinado en Valladolid, fijando la fecha del levantamiento en Valencia para el primer día del año.  El objeto era detener a Elío en un teatro a los gritos de "libertad y constitución". para después proclamar a Carlos IV como rey constitucional.  Delatada la conjura, murió Vidal; 18 de sus compañeros fueron ahorcados.  Elío, rigorista  radical reaccionario, diría: "La divina Providencia que vela sobre nosotros, se vale de medios incomprensibles para procurarnos el poder y exterminar a los enemigos del Trono, de las leyes y de la religión".
También los conspiradores valencianos contaron con un amplio apoyo popular; comerciantes, campesinos, zapateros...

21 may. 2017

EL MOVIMIENTO LIBERAL (II)

La sublevación de Francisco Espoz y Mina en Pamplona (1814) refleja la manifestación del descontento de un guerrillero apasionado.  Mina había ido perdiendo la importancia social y política que tuvo durante la Guerra de la Independencia; tampoco encuentra recursos con que atender a las tropas que tiene a su mando.  Todas sus pretensiones son desatendidas, y si en tiempo de guerra ejerció el mando con toda plenitud de poder, como él dice, en tiempo de paz sólo encuentra resistencia pasiva en el monarca y en el virrey de Navarra..  La fricción y la insubordinación comienzan a aflorar.  Los acontecimientos obligan a un inmediato levantamiento,   cuyo objetivo era tomar Pamplona. Su intento fracasó, y Mina tuvo que marchar a Francia , donde de momento vivió pensionado por el gobierno de Luis XVIII.
Mina dirá posteriormente en sus memorias:

"Mi objetivo era apoderarme de la plaza y ciudadela de Pamplona, figurando fuerza, promoviendo la reunión de Cortes; y extender comunicaciones inmediatamente a todas las demás provincias del reino para obtener de ellas la correspondiente cooperación al mismo fin".

El hecho de que el levantamiento se frustrara con suma rapidez y, por tanto, no se expusieran las motivaciones, ha hecho negar a algunos historiadores el carácter liberal de este pronunciamiento.  Las circunstancias históricas del momento y las propias manifestaciones de los absolutistas no dejan lugar a duda de los intentos del guerrillero para restituir el imperio de la Constitución de 1812.
A partir del fracaso de su levantamiento Mina se echará en brazos del a facción liberal, y dado su prestigio ante los ojos de la opinión pública, esto servirá para ahondar las diferencias entre los liberales y los absolutistas.

20 may. 2017

EL MOVIMIENTO LIBERAL (I)

Paralelamente a la obra restauradora de Fernando VII y ala recuperación por parte de los estamentos privilegiados de su posición social, de sus bienes y de su participación en el gobierno, se desarrolla un movimiento liberal, que continúa  el marchamo revolucionario iniciado durante la Guerra de la Independencia.  La línea restauradora de la política fernandina y su represión subsiguiente lanzan a los liberales a la oposición.  Sus gestiones están cronológicamente bien diferenciadas:

-1814-1820: conspiran
-1820-1823: gobiernan
-1823: EMIGRAN.

La obra de las Cortes de Cádiz ha sido anulada por Fernando VII.  La ideología liberal persiste en los grupos capitalinos de intelectuales, comerciantes e incipiente burguesía industrial.  Los militares están disgustados, dada su postergación por los hombres de linaje.
Este descontento motivará que el ejército sea muy permeable a la ideología liberal.  La población rural esta quejosa por su vuelta a la dependencia señorial; su disgusto enlaza con la persistencia de unas partidas irregulares de desertores, guerrilleros, bandoleros y miserables campesinos, quienes, al no haber sido incorporados al orden del país, son un constante peligro para las comunicaciones y una amenaza parala estabilidad de la vida rural.
La masonería, en el siglo XVIII, había trabajado  en la difusión de los principios filosóficos de la "Luces".  En estos momentos, las logias se habían politizado, y dieron cabida a los conspiradores liberales: comerciantes, intelectuales, muy vinculados con jóvenes militares, se hicieron masones para conspirar, para pronunciarse, para restaurar la Constitución gaditana.
El pronunciamiento se convertirá en el instrumento de la revolución liberal para intentar una acción política contra el absolutismo.  Aunque en ellos se dé una participación decisiva a los militares, no hay que despreciar la intervención de los grupos burgueses y de las clases populares urbanas, ya que el pronunciamiento es, en suma, el reflejo de una honda crisis social.  El descontento de diversos grupos sociales hace que estos levantamientos se repitan con enorme frecuencia.
Muchos de éstos carecen de efectividad, ya que la propia técnica del levantamiento (sondeos previos, compromiso, grito) obliga a sus autores a la impremeditación e impulsividad.
La debilidad del pronunciamiento está en relación directa con la carencia de solidez del Estado.  Por ello, Riego, pese  la aparente debilidad de su fuerza militar, triunfa y restaura la Constitución de 1812.
Pasemos revista a estos pronunciamientos, que se caracterizan por la debilidad del mecanismo revolucionario, pero que en definitiva, son el humo de un descontento más profundo y generalizado.

19 may. 2017

LA QUIEBRA ECONÓMICA COMO BASE DE LA INESTABILIDAD POLÍTICA (y II)

El campesinado pasa por dificultades; el clero es incapaz de explotar su enorme riqueza y adaptarla a los nuevos tiempos; la burguesía  está en crisis por el colapso de todo tipo de comercialización, y piensa más en conspirar que en apoyar.
¿Subsistir con parches sin cambiar nada fundamental?  Ésta era la solución en boga.
Mantener un ejército que garantice la tranquilidad interior y alimentar el funcionamiento de una administración; he ahí las dos principales necesidades.  Hay aún otra circunstancia vital: crear y mantener una marina para recuperar el imperio americano; pero esto entrañaba un dilema, ya que solamente la plata americana podía salvar al Estado español de la bancarrota, mientra que sólo un Estado solvente podía reconquistar América.  Y el Estado estaba agobiado por su deuda interior que en 1808 ascendía a 7.204 millones de reales; mas con los gastos de la guerra había ascendido, el 24 de octubre de 1814, a 11.567.900.000 reales.  Los réditos  anuales de esta deuda ascendían a 212.500.000 , y las rentas liquidadas no pasaban de los 390 millones de reales.  La situación financiera era, pues, más que crítica.
¿Aumentar ingresos sin gravar más a un país arruinado y miserable?  Éste era el milagro.  Fracasan los descabellados y fantásticos proyectos de Escoiquiz y Gonález Vallejo.
Se busca afanosamente aumentar los ingresos y ajustar los gastos.  Martín de Garay es llamado al Ministerio de Hacienda, en pleno absolutismo, pese a ser de traición liberal y discípulo de Jovellanos.  Garay intenta un saneamiento financiero a base de grandes economías y un nuevo sistema de finanzas, decidiéndose por las propuestas más radicales de reforma de la estructura monetaria, a base de implantar una contribución directa y suprimir las rentas provinciales.  Falló la aplicación del sistema, en parte por la resistencia delos ricos y de los cuerpos privilegiados.
El problema no tenía fácil arreglo.  La recaudación comenzó a disminuir y ni a "punta de bayoneta" se lograba sacar dinero de los pueblos.  El régimen, sí, estaba carcomido.  El acontecimiento de Riego e 1820 lo demostró.  Riego se paseó por Andalucía, sin la oposición de los campesinos.  Otros levantamientos en diversas ciudades terminaron por probar la debilidad total del régimen.  No fue la fuerza revolucionaria, sino un desmoronamiento, lo que obligó a Fernando VII a marchar por la senda constitucional.
Seis años habían demostrado que era imposible adaptar el Estado y la administración a las exigencias de la época sin alterar la estructura social tradicional y aumentar los ingresos de la Hacienda sin mermar los privilegios de los estamentos dominantes del antiguo régimen.  Varios planes y nueve ministros de Hacienda habían caído en sus intentos contra lo irrealizable.  Eliminar el latifundismo eclesiástico y el régimen señorial eran las tareas a intentar por el nuevo régimen constitucional a partir de 1820.

17 may. 2017

LA QUIEBRA ECONÓMICA COMO BASE DE LA INESTABILIDAD POLÍTICA (I)

La revolución industrial o el fuerte desarrollo de las fuerzas productivas ha obligado a los estados europeos a adaptar sus estructuras políticas a esta nueva situación económica.  Disponer de un ejército completo, mantener una administración eficiente, dirigir una política inversionista estatal en obras públicas, enseñanza, etc..., costaba mucho dinero.  Para hacer frente a esta situación irreversible, era necesario aumentar los ingresos o, lo que es casi lo mismo, aumentar la presión fiscal.  Inglaterra pudo resolver este dilema gracias a su desarrollo económico general, hecho realidad merced a la revolución del siglo XVIII.  En Francia, como en otros países europeos, las fuerzas productivas estaban encadenadas por la política y la sociedad estamental..  El empuje de las fuerzas productivas en busca de una intensiva expansión agrícola e industrial determinó un vuelco total del aparato político, del engranaje de la sociedad y de la estructura de la propiedad agraria.  Para conseguir estos logros y poderse incrustar de lleno en la época de la revolución industrial, Francia no tuvo otro remedio que acudir a la violencia y a la lucha revolucionaria.
¿Cuál es la vía española?  Aquí se hacía frente a este proceso europeo y a las necesidades del Estado, a base de la plata americana y de emitir una montaña de deuda pública.  Así se iba tirando.
En 1814 el país estaba arruinado; seis años de guerra, soportando la presencia de más de 500.000 soldados, resienten sensiblemente el desarrollo económico de España.  La guerra, las epidemias, el hambre, afectan también al desarrollo demográfico.  Las fuentes de riqueza y los medios de producción quedaron paralizados, y a veces destruidos voluntariamente, tanto por franceses como por ingleses.  El comercio interior, la red viaria... habían sido tocados en lo más vivo.  España se había visto privada de sus ingresos extraordinarios de América y, para colmo, la coyuntura económica mundial experimenta una época de recesión general.  En estas condiciones, "restaurarse" económicamente era muy difícil, y máxime con la brusca bajada de los precios, freno de todo tipo de actividad económica.
El erario del Estado contaba con menos ingresos que antes de 1808; éstos eran el resultado de una presión fiscal, con lo que el Estado y todo el país caminaban de la mano de la miseria.  Pobre la Hacienda y pobres los contribuyentes; crisis del comercio exterior, pérdida de los mercados coloniales, reducción de ingresos por aduanas, agricultura e industria incipientes, al no contar con demanda, sufren un colapso y obligan a importar productos alimenticios y manufacturados, con la consiguiente negativa balanza comercial, falta de dinero, deflación, malestar profundo y malestar general de la sociedad.
La solución (como en Francia) es acabar con los latifundios y las formas de explotación que se oponen al desarrollo de las fuerzas productivas y, concretamente, al crecimiento de la producción agraria.
Pero a la altura de 1814 los que ocupan el poder son Fernando VII, los absolutistas y los "reaccionarios clericales", que no tienen ni idea del mundo financiero.  Estas fuerzas mal se avenían con cualquier tipo de transformación revolucionaria. 

15 may. 2017

LA QUIEBRA DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA (II)

La interpretación y aplicación de estas disposiciones crea confusión, ya que los señores han perdido las jurisdicciones en manos de una unidad deseada por políticos y juristas.  No obstante, siguen cobrando rentas y prestaciones contra las que los pueblos se rebelan persistentemente.  En 1820 se planteará de nuevo la cuestión abolicionista. La dirección política de España será llevada a cabo desde 1814 por un gobierno legitimista, que pretende ser la manifestación de la voluntad divina, ante la que únicamente se siente responsable.  La acción política responderá a un gobierno personal.  Los ministros son directamente responsables ante el monarca.  Fernando VII consume docenas de ministros, a los que destituye o hace caer en desgracia.  En esta inestabilidad se dan casos curiosos, como el tener dos ministros de Asuntos Exteriores simultáneamente; o este otro: los ministros de Marina Hacienda y Estado no se enteraron de la compra de una flota podrida a Rusia, que, aparte de resultar inservible, costó a España 217.600.000 reales; el ministro de Asuntos Exteriores, Ceballos, tardó cuatro meses en enterarse de que España había entrado en la Santa Alianza.  Durante este sexenio, los ministros duraban en sus cargos un promedio de seis meses -en estas crisis permanentes los ministros pasan del ministerio a la cárcel o al destierro-; a uno se le exonera del cargo por cortedad de vista.
Si los ministros están ignorantes, ¿quién toma las decisiones?  Esto nos lleva a la influencia y existencia de unos consejeros privados que dialogan y deciden con el monarca.  Hay un párrafo probatorio del coetáneo Lardizábal, que transcribimos a continuación:

"A poco de llegado S.M. a Madrid le hicieron desconfiar de sus ministros y no hacer caso de los tribunales, ni de ningún hombre de fundamento de los que pueden y deben aconsejarle.  Da audiencia ordinariamente y en ella le habla quien quiere, sin excepción de personas.  Esto es público; pero lo peor es que por la noche, en secreto, da entrada y escucha a las gentes de peor nota y más malignas, que desacreditan y ponen más negros que la pez, en concepto de S.M., a los que le han sido y le son leales ya los que mejor le han servido, y de aquí resulta que dando crédito a tales sujetos, S.M., sin más consejo, pone de su propio puño decretos y pone providencias, no sólo sin contar con sus ministros, sino contra lo que ellos el informan.  Esto me sucedió a mí muchas veces y a los demás ministros de mi tiempo, y así ha habido tantas mutaciones de ministros, lo cual no se hace sin perjuicio de los negocios y del buen gobierno.  Ministro ha habido de veinte días o poco más, y dos hubo de cuarenta y ocho horas; ¡pero qué ministros!".

Estamos ante la famosa "camarilla", de decisiva interferencia en la vida política oficial.  Algunos de estos miembros eran Escoiquiz, el nuncio Gravina, el duque de Alagón, el aguador Chamorro, cuyas gracias burdas hacían reír al rey, el canónigo Ostolaza, el embajador ruso Tasticheff, el esportillero Ugarte, y otros de este jaez.
Si a esto sumamos la restauración de viejos individuos de la administración, el nombramiento de obispos, acérrimos absolutistas, y la postergación de los generales de la guerra por militares del antiguo régimen, que no tomaron parte en la independencia española, habremos expuesto los rasgos más característicos de la política a que se vio sometida España tras el regreso del Deseado.

14 may. 2017

LA QUIEBRA DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA (I)

La masa de la "España negra" había triunfado sobre la minoría "ilustrada", la cual había sido impotente para movilizar al pueblo, que se presenta, según algunos historiadores, como una masa negra, inmovilizando, alienando en una cristiandad integrista, inquisitorial, cerrada, dominada por la reacción que ahoga en la represión feroz todo despertar de la conciencia y considera delito o herejía cualquier manifestación del pensamiento.
La debilidad burguesa y la enorme fuerza inmovilizadora sobre el pueblo de una religiosidad derivada de una "cristiandad negra", fueron los causantes de la restauración absolutista.  El achacoso y podrido absolutismo -represivo pero débil- se impuso al liberalismo, y la fórmula revolucionaria burguesa deberá reponerse todavía durante más de 20 años, para lograr una base que la lance al poder.
Los intentos renovadores, prometidos en el decreto del 4 de mayo de 1814, pronto fueron olvidados, y la reacción absolutista llegó hasta la anulación de varias reformas de los tiempos de Fernando VI y Carlos III,
Todos los organismos liberales serán extinguidos en su deseo ciego de restaurara el mecanismo de gobierno y la sociedad de 1808.  Esta legitimidad prerrevoluconaria consistía en un despotismo ministerial superpuesto a los antiguos consejos.
Se liquidan las Cortes, la figura del jefe político, las diputaciones provinciales.
Al mismo tiempo quedaba restablecido el régimen de consejos: Consejo Real, Consejo de Cámara, Consejo de Indias, Hacienda, Órdenes, Guerra e Inquisición.
La contrarrevolución alcanza  la administración provincial y municipal, volviendo a los cargos y métodos anteriores a 1808.
El proyecto de unas Cortes y de una Constitución fue desestimado por inoportuno.
La restauración de todas las instituciones no implicó novedad alguna, limitándose a desmontar todo lo creado por las Cortes de Cádiz.
Para que no cupiera duda de su antirreformismo y la gente olvidara las palabras "reformas" y "revolución", Fernando VII ordenó el 25 de abril de 1815 la suspensión de todos los periódicos, con la sola excepción del "Diario de Madrid" y "La Gaceta".
Este mismo deseo de volver  un pasado que se había manifestado anacrónico e ineficaz, queda reflejado en la restauración de la sociedad estamental.  Se vuelve a ordenar la prueba de nobleza para los altos cargos militares, produciéndose un divorcio entre los militares de carrera y aquellos que habían ascendido en el campo de batalla merced a su talento y valor.  Al suprimirse las contribuciones directas, se retrocedió al régimen impositivo estamental; los gremios y otras asociaciones recobran sus privilegios; a los frailes y monjas se les devuelven sus propiedades; los jesuitas vuelven a ser admitidos en el país; el "voto de Santiago" resucita, en perjuicio de los campesinos; la Iglesia española recobra todo su antiguo régimen señorial.  Adoptará una posición ecléctica, en cuanto confirma la abolición jurisdiccional y de los monopolios o derechos exclusivos (como en Cádiz); pero por otra pare sostiene el antiguo régimen señorial, basado en el dominio territorial y solariego, y no en la revolucionaria propiedad privada. Mantiene a terminología de señor y vasallo y prescinde de la presentación de títulos por parte de los titulares: "... los oficios de regidores, procuradores, alguaciles mayores y sus tenientes, y todos los demás que antes se proveian por los dueños jurisdiccionales en todos los pueblos del reino" ahora serán de designación regia, ya que la "jurisdicción es una joya preciosa de la Corona", y si la han ejercido los poderosos ha sido por debilidad de la nobleza.  Sin embargo, los derechos dimanantes del señorío territorial o solariego, como la percepción de rentas,frutos, prestaciones...., se mantenían subsistentes.

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12 may. 2017

EL REGRESO DE FERNANDO VII: DECEPCIÓN TOTAL

El regente Agar y Císcar, los ministros Álvarez Guerra y García Herreros, Villacampa, Copons, Muñoz Torrero, Agustín Argüelles, Larrazábal, Villanueva, Calatrava, Toreno, Canga Argüelles, Nicasio Gallego, Feliu, Fernández Golfín, López Cepero, Ramos Arispe, Martínez de la Rosa, Sánchez Barbero, el geógrafo Antillón, el poeta Quintana, el actor Máiquiez y un largo etcétera eran conducidos a los presidios de África y a conventos y castillos de la Península para cumplir penas de reclusión e incomunicación.
Estas medidas fueron tomadas arbitrariamente, pasando el rey por alto las opiniones y decisiones de los tribunales.
Las mismas medidas represivas fueron usadas contra los afrancesados.
La represión política no fue pura fábula, como dice algún historiador; está demostrada su existencia, lo que dio motivos a una intervención de lord Wellington para aplacar e incluso amenazar a Fernando VII y a los absolutistas si no abandonaban sus medidas. Se trató de un obligado cortejo de venganzas y furores, comisiones militares, delaciones y "purificaciones", suplicios y palizas.... absolutismo feroz, en fin, degradante, personal y sombrío, del cual fue víctima la misma Iglesia, ofendida con sacrílegas simonías, ostentaciones de regalismo y retenciones de bulas, desplegado por un rey cada vez más divorciado del sentir popular.
Esta política y los numerosos exiliados obligarán a las potencias extranjeras a intervenir para que se suavicen las medidas antiliberales que propugna soberbiamente "El Deseado" (¿deseado? los españoles siempre hemos sido así)

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10 may. 2017

EL REGRESO DE FERNANDO VII: EL MANIFIESTO DE LOS PERSAS

La estrella napoleónica se eclipsaba en los campos europeos.  El 11 de diciembre de 1813, por el Tratado de Valençay, Napoleón devolvía el trono de España a Fernando VII "El Deseado" (¿deseado?).
La Regencia española no reconoce dicho tratado y se obstina en que no reconocerá por libre al rey, ni, por tanto, se le prestará obediencia, hasta que en el seno del Congreso nacional preste el juramento prescrito en el artículo 173 de la Constitución de Cádiz.
Los absolutistas inician una gran actividad, llegando a afirmar en las Cortes el carácter absoluto del monarca.  En esta prueba decisiva, Fernando VII también pone su granito de arena, demostrando, desde el primer momento, su falta de lealtad y su desconocimiento de la situación española.
Fernando regresa a España el 24 de marzo de 1814, entre el entusiasmo y las aclamaciones de las multitudes, que se disputan el honor de arrastrar con sus manos el coche regio a la entrada en los pueblos (los españoles siempre hemos sido así).  Nobles, clero, ciudades, pueblos cuentan con el Deseado y nadie se acuerda ya de la Constitución.
La primera infracción de Fernando VII es modificar el itinerario marcado por las Cortes, al dirigirse a Zaragoza, lo cual significa que desde el primer momento obra al margen de éstas, afirmando su soberanía frente a la de las Cortes.
El 16 de abril, Fernando hacía su entrada en Valencia a hombros de artesanos y labradores, quienes, tras desenganchar sus mulas, cargaron con el coche de las "personas reales".  El cabildo valenciano le pide que restablezca la Inquisición.  Fernando VII responde: "Éstos son mis deseos".
Un paso más: Francisco Javier Elío, general del segundo ejército, invita al rey al absolutismo; entre juramentos y gritos tenía lugar el primer pronunciamiento militar del siglo XIX.
Mientras, los Borbones son restaurados en Francia, y toda Europa intenta volver al orden de cosas anterior a la Revolución Francesa.  todo esto favorecía los planes del rey y de los absolutistas.
Otro detalle: los valencianos arrancan la lápida de la plaza de la Constitución, colocándose en su lugar otra con la inscripción "Real plaza de Fernando VII".  Dicha sustitución fue pronto repetida en otras ciudades españolas (los españoles siempre hemos sido así).
Al mismo tiempo que Fernando VII recibía con desprecio la Constitución de manos del cardenal de Borbón, Mozo de Rosales le entregaba el Manifiesto de los Persas, firmado por 69 diputados realistas, en el que se censuraban las reformas hechas por las Cortes de 1810, se elogiaba la monarquía absoluta y se pedía la celebración de Cortes al estilo de las antiguas.
El 4 de mayo de 1814 Fernando VII firma el famoso decreto por el que se declara en contra de la Constitución de Cádiz y deroga toda la labor legislativa de sus Cortes como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo.  En este decreto se habla también de revitalizar las Cortes medievales y de no gobernar despóticamente; pero estas promesas serán pronto olvidadas.
De paso, condena a muerte, como reos de lesa majestad, a cuantos atentaron contra sus prerrogativas soberanas.  En la lista de los proscritos figuran 32 nombres eminentes por su talento, patriotismo y representación social y política.
Simultáneamente, las Cortes, ciegas, desconocen la magnitud del peligro que corren.  El general Eguía daba el golpe militar en Madrid.  El absolutismo integral y la reacción intransigente se habían impuesto.

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9 may. 2017

EL REGRESO DE FERNANDO VII "EL DESEADO" (¿DESEADO?) (II)

En 1812 y 1813 la polémica entre liberales y la oposición conservadora se incrementa, bien servia por la libertad de imprenta. Desde los periódicos se increpan con epítetos como éstos: "charlatanes viciosos", "hipócritas y supersticiosos"...
El futuro político depende del regreso de Fernando VII en quien están puestas las esperanzas absolutistas, como bien demuestran estos versos que circularon:

"Huid, fementidos
traidores, huid,
que nuestro Fernando
se acerca a Madrid.
Gloria para el bueno, 
muerte para el vil,
no quede en España
un hombre ruin".

La situación para los liberales es crítica. La Constitución de 1812 se basaba en el principio de"soberanía popular":se trataba, por tanto, de que Fernando VII la jurase...

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8 may. 2017

EL REGRESO DE FERNANDO VII "EL DESEADO" (¿DESEADO?) (I)

Las Cortes de Cádiz fueron calificadas por Brenan como un "movimiento revolucionario en que la opinión esclarecida intente imponer su voluntad sobre la masa conservadora no revolucionaria del pueblo español".  Esta minoría "esclarecida" de pequeños grupos liberales organizan las Cortes y plasman sus ideas en una labor legislativa altamente ambiciosa.
Debemos afirmar con Jover "el dramático divorcio entre una clase media intelectual, que ignora a su pueblo, y un pueblo habituado a la ciudadanía, que carece de respeto y de confianza en la clase intelectual".  El pueblo permanece al margen de las doctrinas políticas y se mueve más por vivencias y sentimientos que por ideas y razonamientos.  ¿Cómo comprenderá la jerga constitucional el pueblo español compuesto por un 94% de analfabetos?
El rey y la religión son para el pueblo dos mitos que representan todo lo bueno y gozan de mucha más confianza que la minoría intelectual del país.
Digámoslo claro: las Cortes de Cádiz no son la emanación del pueblo ni los representantes de la voluntad soberana de éste, ya que no han sido elegidos por sufragio popular y, por tanto, su composición no es en absoluto democrática.
El divorcio entre los liberales de las Cortes de Cádiz y el pueblo o hay que achacarlo al carácter reaccionario del pueblo, pues éste dio a luz formas típicamente revolucionarias,como las juntas provinciales y el ejército popular, con partidas y guerrillas.  La razón estriba en por qué la burguesía no encabezó el movimiento de las juntas y no aprovechó su potencia revolucionaria, en por qué este potencial revolucionario fue utilizado por las fuerzas reaccionarias para la defensa de sus intereses.  Y es que los liberales no pasan de una toma de conciencia puramente intelectual, sin duda porque no existe una auténtica clase burguesa con unos intereses definidos.  en este aspecto se puede decir que las Cortes de Cádiz legislan en el vacío.
La ocasión no podía ser más favorable para la realización rápida y fulminante de la revolución burguesa: 1812 fue un año terrible, un año de hambre y malas cosechas; a los efectos de la culminación de un período inflacionista se añadieron los efectos destructivos de la guerra total y abierta contra los franceses.  Una clase burguesa, unida, por la guerra patriótica, a un pueblo en armas organizado en guerrillas, exasperado por la miseria y la lucha, hubiera hecho de las juntas el instrumento revolucionario de las partidas y la milicia nacional y, por ende, de las Cortes el sancionador estrepitoso de sus intereses.  Un rey "prisionero", una nobleza dispersa y una Iglesia interesada y a la defensiva, no hubieran podido contener la revolución de la crisis por la acción revolucionaria.
Los estamentos privilegiados encabezan la oposición conservadora.  Son hostiles al liberalismo porque trata de arrebatarles sus riquezas y sus posesiones privilegiadas, al considerarlas incompatibles con las necesidades de un Estado moderno.
Protestan el Consejo de Castilla, las audiencias provinciales, los ayuntamientos antiguos.  Los nobles se quejan de la abolición de los señoríos, y los funcionarios municipales y señoriales "sin empleo" obstaculizan la aplicación de las leyes de las Cortes.
El clero, atacado en su disciplina, doctrina, privilegios y propiedad, asegura firmemente su influencia sobre un pueblo analfabeto.  Recordemos que el clero tenía unos ingresos anuales de más de mil millones de reales; más de 3.000 conventos y un número aún mayor de parroquias, ermitas, santuarios, abadías y catedrales.  El clero, desde púlpitos y plazas, galvaniza a un pueblo que le es deudor de su instrucción (el catecismo) y en casos apurados de su vida (la sopa boba y el paso de las almas al otro mundo).

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7 may. 2017

DISOLUCIÓN DEL RÉGIMEN SEÑORIAL POR LAS CORTES DE CÁDIZ (y IV)

Son muchos los historiadores españoles que hablan de unas Cortes de Cádiz imponiendo una política de reformas a la francesa, negando originalidad a la Constitución española al considerarla ramplona traducción de la Constitución francesa de 1791. Para comenzar, la Constitución española reconoce en el rey una potestad autónoma, en tanto que la francesa hace del rey un simple delegado.  Cabe subrayar, por otra parte, la vena ética y religiosa que discurre por la Constitución gaditana, lo que ya de por sí basta para separarla, en cuanto a su esencia, del patrón francés en que hubo de inspirarse en cuanto a construcción técnica.  Diríamos más si afirmásemos que Europa entera aspiraba a modificar su estructura social desalojando a los privilegiados de sus posesiones, programa que tienen en cada país un carácter autóctono, ya que no original, desde el momento en que son muy semejantes los modos sociales en que está organizado y cuyo planteamiento doctrinal corresponde a los hombres de la Ilustración.  Concebir las revoluciones liberales como una simple imitación del proceso político acaecido en Francia es una visión, como mínimo, simplista.  Cabe resaltar que el mimetismo revolucionario se debe no a la adopción de soluciones sociales y económicas existentes en los diversos países, sino en la propia idiosincrasia de la nación.
Las aguas en que beben los liberales gaditanos no son sólo las de influencia francesa.  Ahí queda una nación huérfana y un levantamiento popular, manantiales por sí mismos de toda una teoría política: el fundamento del Estado constitucional procedía de Locke y Montesquieu; desde la época de Godoy late un profundo deseo de reforma constitucional.  En toda la Constitución de 1812 hay un ir y venir al constitucionalismo histórico.  Los discursos están salpicados de citas sobre los derechos de la Corona de Aragón, de los concilios de Toledo y de León y hasta de los godos como fundadores de la libertad.  Cabe citar aquí que los diputados gaditanos estaban restableciendo leyes que habían convertido a nuestros antepasados en hombres libres, aunque a este respecto por los precedentes representativos medievales que más bien una medida táctica para que la Constitución fuera respetable a los ojos de la España conservadora.
Otro aspecto a señalar es la considerable irradiación fuera de nuestras fronteras de la Constitución gaditana, la cual se expande por Portugal, Italia e Hispanoamérica, prueba de que el liberalismo español quedaba mucho más cerca de estos pueblos que del modelo francés de 1791.

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5 may. 2017

DISOLUCIÓN DEL RÉGIMEN SEÑORIAL POR LAS CORTES DE CÁDIZ (III)

El derecho de propiedad será para los hombres de Cádiz sagrado e inviolable, contra el que nada podrán cielo y tierra:

"...los dueño de fincas y heredades -dirá un diputado- tienen absoluta libertad de cercarlas o acotarlas y aprovecharse exclusivamente de todos los frutos y pastos de las mismas en uso del sagrado derecho de propiedad."

El liberalismo, desde entonces hasta hoy, apuntará exclusivamente a la satisfacción del interés privado, en perjuicio del colono, al que, a la postre, reducirá a la condición de simple jornalero y bracero y al que someterá a sus necesidades y caprichos.  No todo lo que salió de las Cortes de Cádiz es dorado oro que reluce (obviamente).
En virtud del interés individua y del derecho de propiedad liberal-burgués, desaparecían los privilegios de la Mesta y las ordenanzas de montes; se negaba a la Iglesia y a las comunidades municipales el derecho a poseer; se eclipsaban la amortización eclesiástica, las encomiendas de las órdenes militares y los comunes y propios de los pueblos, y se extinguían también los vínculos y mayorazgos, por considerarse formas de propiedad imperfectas.  De momento se suprimían los mayorazgos inferiores a 3.000 ducados de renta anual.
Finalmente, se establecía la "libertad de trabajo" (decreto del 8 de junio de 1813).  La regulación gremial de la producción de bienes económicos -otro pilar de la sociedad estamental- quedaba demolida.  Desaparecía el control de calidad y precios y se afirmaba la libre contratación del trabajo, comenzando la más ignominiosa explotación del trabajo humano.  Esta explotación del hombre por el hombre será el sostén del poder económico de la burguesía liberal desde entonces hasta... hoy.
En estos años, la situación económica era crítica; los ingresos obtenidos de las colonias americanas menguaron, la creación del enorme volumen de deuda pública ya no resistía, el país era saqueado en los cuatro puntos cardinales por centenares de miles de soldados franceses, la miseria del erario se combinaba con la presión tributaria.  El resultado fue la bancarrota total.  Toda la sociedad estaba abocada a la crisis, y desde su problemática concreta reaccionó ante la gestión del gobierno.
Las Cortes de Cádiz seguirán en lo económico con su programa liberal: reconocimiento de la deuda pública, impuestos proporcionales a la riqueza individual, desamortización...
Los principios formales que vimos aplicados en lo político y social serán aplicados de manera semejante en lo económico.  Quedan abolidas las prestaciones señoriales, el "voto de Santiago" y otras rentas eclesiásticas.  El nuevo sistema de rentas dará un giro total: se suprimen las inmunidades eclesiásticas y civiles, teniendo que llevar una pesada carga financiera los estamentos privilegiados; al desaparecer las aduanas interiores, mueren los privilegios de las provincias exentas (que supondrá una añadidura al germen del futuro nacionalismo segregacionista, todavía en ciernes); en esta nueva concepción del Estado destacan la libertad mercantil, la uniformidad provincial en el pago de los impuestos a la riqueza individual.  Queda unificada la condición económica de los españoles, reducidos anteriormente a un mismo "status" político-social.
Los hombres de Cádiz son conscientes de que el Estado no puede vivir sin el crédito público.  Sin embargo, los vales reales cada vez valen menos, a la vez que la deuda pública aumenta sin cesar.  El hacendista Canga Argüelles y otros diputados no verán otra solución que la reforma tributaria y la desamortización civil y eclesiástica para pagar la deuda pública, recobrar el crédito y, de rechazo, aumentar la renta nacional, debido a la explotación directa por el propietario.
La burguesía no es partidaria de declarar la bancarrota, en parte porque sus miembros poseen cantidad de vales y les es mucho más fácil desamortizar, con lo que, además de pagar la deuda pública, el poder económico-social de la Iglesia y de los municipios pasará a sus manos.  Recordemos que la deuda pública ascendía en julio de 1808 a casi 8.000 millones de reales, lo que significa que el Estado había aumentado sus actividades, y, por tanto, sus gastos, mientras que los ingresos seguían estancados por obra y gracia de la sociedad estamental.  Era una cuestión dilemática: o el Estado o la sociedad estamental.
Los sucesos de la guerra y la posguerra harán imposible al desamortización civil y eclesiástica; pero el anteproyecto estaba hecho, y para la realización quedaban aún más de veinte años.

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4 may. 2017

DISOLUCIÓN DEL RÉGIMEN SEÑORIAL POR LAS CORTES DE CÁDIZ (II)

Precisamente será el secretario de las Cortes, García Herreros, el que concrete la abolición de los señoríos al proponer a la asamblea gaditana que se:

"restituya a la Nación el goce de sus naturales, inherentes e imprescriptibles derechos, mandando que desde hoy queden incorporados a la Corona todos los señoríos, jurisdicciones, posesiones, fincas y cuanto se haya enajenado o donado, reservando a los poseedores el reintegro a que tengan derecho, que resultará del examen de sus títulos de adquisición y de las mejoras".

Y más adelante dirá el propio Herreros:

"Estas enajenaciones son una especie de empeños que sólo debían durar mientras que a los dueños se les devolvían los caudales o auxilio que suministraban para el Estado, que no pudiendo devolvérselos, les concedía el uso de estas alhajas, pues para todo esto sólo tenían facultad los que las enajenaron...  En cuanto a las donaciones, éstas deben cesar de todo punto, pues bien recompensados pueden estar ya los méritos que las motivaron, si acaso los hubo para ello.  todo lo que resulte de los títulos, privilegios o llámense como se quiera, nunca son más que unas meras escrituras.  En ellas, si las presentan, se verá el motivo con que adquirieron estas gracias, y según resulte de este examen se les reintegrará en numerario; bien entendido que este reintegro se hará cuando las circunstancias lo permitan".

Estos señoríos territoriales y solariegos quedan reducidos a la condición de derechos de propiedad particular; se suprimen los privilegios monopolísticos de caza, pesca, hornos, molinos, pastos... (artículo 7º del decreto).  Para tener derecho al reintegro deberán presentar los títulos originales y no podrán seguir llamándose "señores de vasallos".
Los nobles defenderán su situación aludiendo a su legalidad y al freno que supone una nobleza fuerte frente a un absolutismo monárquico.  Nada pueden contra una corriente de opinión favorable a la abolición de los señoríos, manifestada en los cientos de pleitos de tanteo, de incorporación y de rentas señoriales de la época borbónica anterior.  En la popularidad del movimiento incorporacionista entre los consejeros y ministros ilustrados de Carlos III y Carlos IV; en la carencia de una resistencia efectiva por parte de los afectados, quienes dirigen sus esfuerzos esencialmente a la defensa de sus dominios territoriales; en el alborozo popular concordante con el clima democrático y antinobiliario y en los elogios que diputados de diversas tendencias dedican al decreto abolicionista de 1811.
La simplicidad del decreto provocó una oscuridad legal, conduciendo pronto los alborotos y litigios y tensando las relaciones entre los antiguos señores y los vasallos.  La ardua distinción entre derechos jurisdiccionales y solariegos y la cuestión de la presentación de títulos enconan aún más la situación.
No sólo de simplicidad peca el decreto, sino de limitación, al querer abordar en 14 artículos los fundamentos básicos y seculares de la estructura social, económica y administrativa de las Españas.
Por otra parte, la abolición de señoríos iba encaminada exclusivamente a privar de funciones públicas a los señores, mirando con indiferencia el destino de las tierras.  Triunfan el derecho de propiedad y el individualismo económico de la Revolución Francesa, pero en absoluto se trata de una medida liberalizadora de un campesinado oprimido.  Y es que el liberalismo, con su apoyo a la propiedad y al individuo, se mostrará hostil a una distribución de la tierra socialmente ecuánime.

3 may. 2017

DISOLUCIÓN DEL RÉGIMEN SEÑORIAL POR LAS CORTES DE CÁDIZ (I)

La elevadísima cantidad de señoríos existentes en 1808 demuestra la extensión adquirida por el régimen señorial desde la Alta Edad Media.  Redondeando cifras de diversos censos y documentos de la época, podemos evaluar en 25.000 el número de núcleos de población existentes en España hacia 1808.  De éstos, 10.000 eran de realengo, y los otros 15.000, señoríos nobiliarios y eclesiásticos.  Datos esgrimidos en las Cortes de Cádiz concuerdan en subrayar la tremenda difusión del régimen señorial, básica en la estructura social y económica del país.  A título comparativo, aparecen como realengos de jurisdicción real 17.599.900 aranzadas, mientras que las de jurisdicción nobiliaria suman 28.306.700 y 9.093.400 las tierras de jurisdicción eclesiástica y de las órdenes militares.  (La aranzada mide cerca de media hectárea, esto es, 4.470 metros cuadrados).
En 1808 también los nobles y el clero son dueños de ciudades, aunque en menor número que el rey.  Son ciudades de señorío: Santiago, Tuy, Lugo, Mondoñedo, Astorga, Coria, Urgel, Sigüenza, Alcalá de Henares, Frías, Arnedo, Nájera, Osma, Medina de Rioseco, Montilla, Huéscar, San Lucar la Mayor, Ayamonte, Medina-Sidonia, Arcos, Moguer, Segorbe, Denia, Gandía...
En algunas provincias, el señorío nobiliario o eclesiástico resulta abrumador.  En Galicia sólo había 264.460 aranzadas de jurisdicción realenga, contra 4.197.362 de jurisdicción señorial.  En La Mancha, 17-060 realengas, contra 2.767.408 señoriales; 349.410 contra 2.097.062 en Valencia...
Durante el siglo XVIII los juristas y fiscales de los consejos abogan porque estos señoríos reviertan a la Corona.  Pero estas reversiones durante los reinados de Carlos III y Carlos IV fueron más doctrinales que efectivas.  Es verdad que sólo unas cuantas docenas de pueblos fueron incorporados a la Corona; sin embargo, ideológicamente se marcó una pauta orientadora para que se restituyeran al realengo pueblos, bienes y rentas enajenadas.
Ya nos referimos al hablar de la sociedad estamental en el antiguo régimen al poder económico y social de estos privilegiados.  Radicaba, decimos, en la vinculación de la propiedad y en el régimen jurídico y de prestaciones señoriales.
Los próceres de Cádiz, dueños del poder político vacante y asegurada la opinión pública por medio de la libertad de imprenta, en una acción típica de toda revolución burguesa, liquidarán los fundamentos económicos y jurídicos en que se asentaba la vieja sociedad estamental.  El 6 de agosto de 1811, las Cortes aprobaban el trascendental decreto por el que se abolían las supervivencias del régimen señorial; se suprimían todos los privilegios señoriales y la nación incorporaba estos señoríos jurisdiccionales.
La iniciativa de la extinción del régimen señorial se debe al diputado valenciano Lloret y Martí, partidario del reintegro inmediato a la Corona de todas las jurisdicciones.  El diputado Alonso y López pide que se destierre sin dilación el sistema feudal de la Península.  Esta proposición abolicionista es defendida y respaldada también (y muy vehementemente) por Torrero, Luján, Mateo y Borja, Argüelles...

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2 may. 2017

LAS CORTES DE CÁDIZ

Mientras toda España estaba invadida por los ejércitos napoleónicos y Cádiz era bombardeada, llegaban a esta ciudad los diputados, dispuestos a gobernar España a toda costa.
Las Cortes habían sido elegidas "teóricamente" por un cumplido sistema de sufragio censitario indirecto (uno por ciudad de voto en Cortes, uno por cada junta provincial, uno por cada 50.000 habitantes).
¿Cuántos y quiénes eran los diputados?
-97 eclesiásticos.
-8 títulos del reino.
-37 militares.
-16 catedráticos.
-60 abogados.
-55 funcionarios públicos.
-15 propietarios.
-9 marinos.
-5 comerciantes.
-4 escritores.
-2 médicos.
Este número de 308 diputados, realmente orientador, es de tener en cuenta.  Pero cuando se inauguran las Cortes el 24 de septiembre de 1810 sólo eran 104, y en el momento de su clausura (14 de septiembre de 1813) 223.  En el intermedio llegan unos diputados, mientras otros se ausentan.
Poco más o menos, un tercio de los representantes eran eclesiásticos y otro tercio de los representantes lo constituían nobles.  Sin embargo, es obligado matizar la escisión e irregularidad de estos estamentos (un cura no es un obispo y un simple hidalgo tampoco tiene que ver con un grande de España) frente al bloque homogéneo formado por abogados, catedráticos, políticos, funcionarios y escritores.  Es también muy significativa la cincuentena de diputados suplentes por las provincias ocupadas y por América, ya que constituían la mayoría liberal efectiva.


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1 may. 2017

LAS CORTES DE CÁDIZ Y HACIA UN NUEVO ESTADO

Inauguraron su labor las Cortes con el famoso discurso del diputado por Extremadura, Diego Muñoz Torrero, eclesiástico y ex rector de la universidad de Salamanca.  Este discurso trajo como consecuencia la conquista de la soberanía nacional, la división de poderes y la inviolabilidad de los diputados.  La jura y reconocimiento de estos principios abría las puertas del Estado liberal.
Antes de referirnos a la liquidación de los fundamentos económicos, sociales y jurídicos (base de la vieja sociedad estamental) llevada a cabo en las Cortes de Cádiz, citaremos la Constitución de 1812, auténtica "carta magna" del liberalismo y del nuevo Estado español.
Ya en las primeras sesiones de las Cortes salen a debate temas constitucionales.  Se nombrará una comisión encargada de redactar una Constitución.  La primera parte fue presentada el 18 de agosto de 1811 por un orador liberal, el "divino" Argüelles.  La totalidad fue votada el 11 de marzo de 1812.  El grito repetido durante el siglo XIX de "¡Viva la Pepa!" alude a esta Constitución promulgada el día de San José.
La Constitución, digna de ser leída, comprende 10 títulos, divididos en 34 capítulos.  En total 384 artículos.
El título primero trataba dela nación española y de los españoles.  Apuntaba radicalmente que "la soberanía reside esencialmente en la nación, y, por los mismo, pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales " (artículo 3º).
El título 2º se refiere los aspectos del territorio, de la religión y del gobierno, aparte de hablar de una monarquía limitada hereditaria; se dice en el artículo 12 que "la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, romana, única verdadera.  La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra" (vaya esto por los aplaudidores de La Pepa que actualmente, y con desconocimiento de su propia historia, hacen de la antedicha baluarte y abanderamiento de unos principios que no son acordes con las ideas que afirman representar).  La Constitución queda encabezada invocando el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor supremo y legislador de la sociedad. Este rasgo es suficiente para separar a la Constitución gaditana de la francesa, pese a su imitación en el racionalismo que inspira la construcción técnica de todo su articulado.
Las Cortes llenan el título 3º.  Fijan una sola Cámara de diputados, uno por cada 70.000 habitantes.  Se prescribe la reunión anual de las Cortes por tres meses, prorrogables a un mes más.  Se crea una diputación permanente de Cortes con siete miembros, celadores del cumplimiento de la Constitución y de las leyes.  En una palabra: las Cortes conquistan el poder soberano de legislar.
En el Título 4º la persona del rey es sagrada, inviolable y no sujeta a responsabilidad (como en nuestra actual y cuestionable Constitución de 1978).  Se fijan sus atribuciones y el orden de sucesión.  Había siete miembros responsables ante las Cortes.  Se creaba, a su ve, un consejo de Estado para oír asuntos graves de gobierno; contaría 40 miembros.  No más de 8 serían eclesiásticos y grandes, y el resto personas distinguidas por su ciencia y servicios.
Tema 5º es la adaptación de un solo fuero para todas las personas, aunque subsistiesen el eclesiástico y el militar.
También inspirado en el racionalismo francés es el título 6º al tratar del gobierno interior de los pueblos y de las provincias.  Cada una de ellas contaría con un jefe político o un gobernador civil y un órgano administrativo, la diputación provincial.  Esta nueva organización provincial trastoca radicalmente toda la administración borbónica, creándose con  estas reformas municipales enemigos a la Constitución, sobre todo entre los señores jurisdiccionales, propietarios de oficios y empleados, a quienes se les priva de su medio de vida.
Cosa similar ocurrirá con la nueva organización del sistema judicial, por el deseo de disfrutar de una justicia competente e imparcial, liberando a las gentes delos corregidores de capa y espada y de los alcaldes señoriales de comportamiento más que dudoso.  Por otra parte, al preferirse la justicia sobre la equidad, desaparecían las plagas de intérpretes y comentaristas, embrolladores hasta de las causas más simples.
El título 7º trata de las contribuciones.  No habrá excepciones ni privilegios a la hora de repartirse los impuestos entre todos los españoles.
Las fuerzas militares -tema del título 8º-  serán fijadas por las Cortes.  Del servicio militar no podía excusarse ningún español.  Se crean las "milicias nacionales" para el mantenimiento del orden interior, y no podían ser utilizadas por el rey fuera de su provincia sin otorgamiento de las Cortes.
Materia del 9º es la instrucción pública.  Habrá un plan general de enseñanza uniforme en todo el reino, y se establecerán escuelas de primeras letras en todos los pueblos.  Se creará y arreglará el número componente de las universidades.
Y por el artículo 371, todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión  o publicación bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.  Con esto quedaba destruido el último asidero de la tiranía. 
En el título 10º se habla de la observación de la Constitución y del modo de proceder para hacer variaciones. Todo empleado público debe jurarla, y cualquier español puede dirigirse a las Cortes o al rey, reclamando la observación de la Constitución.  Ésta no podía ser modificada durante ocho años.
La Constitución dejaba claro los principios de la soberanía nacional y la separación de poderes, poniendo a las Cortes, elegidas por el país, por encima del monarca.
La clase social de intelectuales, funcionarios y juristas ha conquistado el poder político para llevar a cabo una radical reorganización de la sociedad, y para la realización de su programa ha trasladado la soberanía de las manos del monarca a las suyas.
Los 384 artículos de la Constitución no son sino otros tantos medios de que usa la burguesía liberal para alterar las bases d la sociedad y controlar en el futuro el poder.  Los pasos se plasman en su conquista del poder legislativo, ejecutivo y judicial.

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30 abr. 2017

LAS CORTES DE CÁDIZ LIQUIDAN EL ANTIGUO RÉGIMEN

Las medidas legislativas en el campo económico y social enmarcan, con más claridad que la propia Constitución de 1812, la primera revolución burguesa de España.
En nombre del "ciudadano" -exponente de la sociedad clasista y del Estado liberal- se aniquilan los estamentos, se suprimen los privilegios y las diferencias de condición jurídica.
El ciudadano persigue la realización de una nueva sociedad de propiedad, seguridad y libertad (de prensa, de trabajo, de cultivo, de producción industrial, de transporte, de contratación...) e igualdad (contributiva, civil, política).
Canga Argüelles, ministro de Hacienda a la sazón, afirmará que "la libertad, igualdad y propiedad son derechos naturales dados por Dios que los hombres deben proteger cuando entran en sociedad".

29 abr. 2017

HACIA LA CONSTITUCIÓN DE LAS CORTES DE CÁDIZ

La Junta Central desaparecería el 31 de enero de 1810, transmitiendo su legitimidad soberana a un Consejo de Regencia.  Sin embargo, las juntas provinciales subsistían, con lo que la base revolucionaria del levantamiento de 1808 seguía en pie.
Este Consejo de Regencia no se constituía en un auténtico gobierno, no nos engañemos, sino en una simple Junta de Defensa (España estaba en guerra), con escasa eficacia, en la dirección del conflicto.
La herencia más significativa que le había legado la Junta Central era la de activar la elección de diputados para las Cortes.
El 31 de julio, la Regencia aún no había tomado decisiones sobre la forma de constituir las Cortes.  No obstante, el marchamo de los acontecimientos parece adelantar la reunión en un solo brazo, y, una vez reunidas las Cortes, ellas mismas podrán decidir este punto en cuestión.  Los ánimos se acaloran, ya que son varios a apuntar que la revolución la ha hecho el pueblo y que los otros estamentos han permanecido latentes, pasivos.  En consecuencia, sería poco político convocar a los estamentos que no habían tomado parte en los hechos del levantamiento.  Además, las reformas estaban en boca de la mayoría; convocar a los tres brazos por separado sería anularlas de antemano.  Pese al presidente, el obispo de Orense, parece que triunfará la tesis de que como entre los diputados electos hay individuos de todas clases, las propias Cortes organizarán el método de representación que juzguen más conveniente a la causa pública y a todas las clases.  Quedaba, por tanto, resuelto el problema de la composición de las Cortes el 19 de agosto de 1809.
La Regencia había seguido una política dilatoria, y su posición era claramente favorable a una representación estamental.
Se aceptaba también el principio de representación interina de las provincias ocupadas por los franceses, por medio de aquellos de sus naturales que residiesen en Cádiz.  Se fija en 143 el "quorum" para la apertura y en 53 el número de suplentes, de ellos 30 americanos de las Indias.
La Regencia se plegaba a las circunstancias, y humillada y consciente de la creciente pérdida de prestigio que implicaba cualquier dilación, se verá obligada, fenómeno corriente del momento revolucionario, a encabezar un movimiento por el que no quiere ser superada.  La debilidad, incompetencia y desaguisados políticos de la Regencia serán beneficiosos, a la postre, para la inminente revolución que tendrá lugar.
El reunir precipitadamente las Cortes, el no contar con la proyectada Constitución y el carecer de reglamento interno era dejar vía libre para que en virtud de la dinámica interna de la revolución se alzasen con la representación nacional los más avanzados de entre los diputados.
Los diputados se encuentran en Cádiz sin ninguna cortapisa y con poderes ilimitados para crear un Estado partiendo de la nada.  La Regencia quedaba vinculada solamente al ejecutivo.  Su presidente, el obispo de Orense, renunciaba y se enemistaba con las Cortes.  Estaba claro que se iba a un gobierno popular, sometido a los dictámenes de la Asamblea.

28 abr. 2017

LA PRIMERA CONSULTA AL PAÍS (II)

Respecto a la Constitución, las respuestas apuntaban a una legalidad constitucional violada por el absolutismo monárquico y el despotismo ministerial.  No se aclaran al definir la Constitución histórica española, no saben qué leyes la componen, existe un tremendo desorden a la hora de calificar algunas leyes de fundamentales y a otras de positivas.  Pero bien acudiendo a la tradición legal española, bien a la razón, cuenta más su querer actual que el decir del Fuero Juzgo o de las Partidas, y en la voluntad general hay un deseo de una monarquía constitucional, templada, moderada..., en la que se pongan unos límites al ejercicio del poder por parte del rey.
Será en los problemas económicos y sociales -los realmente determinantes- donde la tradición reformista alcanzará resultados trascendentales.  La nobleza "inútil" y el clero "ignorante" han sido barridos por el hombre "honesto" (no en lo religioso, sino en los social).  En estos momentos triunfa el concepto de un nuevo hombre con un nombre nuevo: ciudadano.  Carece de las virtudes heroicas que acreditaron al noble y de las trascendentales del clérigo, pero, en cambio, es productivo, ilustrado, tolerante, y sus idea se ponen por encima de cualesquiera otras.  Esta cualidad de ciudadano hace a todos iguales ante la ley, sin negar por ello las diferencias personales, que no pueden, y las económicas, que no quieren nivelar.  Los privilegiados de las personas del antiguo régimen no se pueden sostener porque carecen de servicios, y el ciudadano arremeterá contra todo lo que signifique privilegio sin función.
Al lado de esto, la Guerra de la Independencia producirá unos efectos catastróficos: 500.000 soldados esquilmando todo el país durante seis largos años, desórdenes en la recaudación dentro de unas provincias ocupadas por los franceses.  El país carecerá de recursos para financiar la guerra y emprender una política económica duradera.  No se puede recurrir al crédito, pues los vales reales llegan a cotizare en 1809 con un 72% de pérdida.  Las respuestas sobre el futuro de las rentas apuntan tres soluciones, basadas en principios revolucionarios:

-Universalidad contributiva, que amenaza a estamentos y reinos privilegiados.
-Sustitución de las contribuciones indirectas por otras directas.
-Proporcionalidad, convirtiendo en los mayores contribuyentes a los privilegiados, ya que eran los máximos propietarios.

En orden a una mayor productividad que cubra las necesidades nacionales y aguante la competencia internacional, los ilustrados descubren el interés y la propiedad individual.  El derecho natural racionalista, invocado por estos hombres de 1808, atacará sin desmayo las tierras comunes, los mayorazgos y las manos muertas.
En relación con este punto, y siguiendo la línea de las leyes justas para todas las personas, todos están de acuerdo en devolver a los municipios su representación y al Estado la libre designación para los empleos, ya que en siglos anteriores eran muchos los que se habían hecho propietarios de cargos de la administración pública y sus atribuciones las traducían en beneficios materiales.
Ya hemos dicho que la mitad de España estaba sometida al señorío jurisdiccional de nobles y eclesiásticos.  Éstos nombraban jueces en sus señoríos a capricho.  Dicho punto sale a relucir, y es objeto de severas críticas y de la necesidad de reformarlo.
Los ataques a la Iglesia demuestran que los atacantes no son unos hombres místicos.  La Iglesia debe ser despojada de todo, ya que se ha caracterizado por ser contraria a la utilidad pública.  La iglesia y sus eclesiásticos deben ser útiles a la sociedad.  Por ello, sólo el sacerdote secular, el párroco, el "cura" de las almas, es el único miembro salvable, e incluso exaltado, por sus elevadas funciones.  Si al cura se le considera víctima de una estamentación eclesiástica y con unos ingresos insuficientes, al religioso regular se le ataca por su ignorancia y falta de vocación.  Lujo y laxitud disciplinaria hacen que los ricos monasterios carezcan de defensores.  Llegan a concluir que los regulares deberán someterse a la dependencia de la jerarquía secular.
De la autenticidad, originalidad y vital importancia de estas respuestas, definidoras de la posición ideológica de los españoles de1809 podríamos concluir en primer lugar la trascendencia de la crisis del año ocho tiene en la evolución histórica de nuestro país.  El derrumbamiento de la estructura político-social del Antiguo Régimen revela hasta qué punto estaba carcomido el edificio, y el gobierno personal de Fernando VII servirá para ilustrar la radical incapacidad del viejo mecanismo para hacer frente a las nuevas situaciones.  Destaquemos, por otra parte, la extensión y madurez de una opinión pública que pedirá en sus respuestas muchas de las trascendentales reformas que el liberalismo tendría la habilidad de cubrir bajo su bandera, y que dista mucho de poder identificarse con la tan clásica como errónea imagen que reduce el número de los reformistas a unos cuantos alborotadores gaditanos, inspirados únicamente en el ejemplo francés, interpretación que impide ver la gravedad de la crisis institucional preexistente y lo acuciante de la necesidad de renovar unos esquemas que desde mucho tiempo atrás venían coartando las posibilidades de desenvolvimiento de la sociedad no sólo española, sino europea.
Señalemos, finalmente, la importancia decisiva de la aportación doctrinal de la Ilustración, que salvo en lo que se refiere a los puntos concernientes a las cuestiones políticas, había legado a sus epígonos liberales la mayor parte de su programa económico y social, programa que surge en muchos de sus puntos, incluso en las páginas de los que no aceptan el programa político de los primeros.  La amplitud de los temas que se tratan en las respuestas revela la importancia de la obra doctrinal de la Ilustración, definidora de un nuevo orden social que los hombres de 1809 no hicieron otra cosa que adoptar.

27 abr. 2017

LA PRIMERA CONSULTA AL PAÍS (I)

"Todos los sabios españoles que hayan meditado sobre proyectos de reforma -anuncia Quintana-  así en cuanto a la Constitución del reino en general como sobre los ramos particulares de la Administración pública, son convidados por la Junta a que le comuniquen sus ideas con toda libertad y según crean que corresponda mejor al bien de la patria."

Esta idea de llamar a los hombres entendidos a una discusión pública por escrito había salido de Jovellanos.  Son múltiples las autoridades consultados a lo largo y ancho de la geografía española y de la más variada gama social.  Es una simple representatividad, ajena a la parcialidad o al partidismo.
Todo el país estará de acuerdo con la necesidad de unas reformas.  El consenso era general al definir la época de Carlos III como época de prosperidad, y la de Carlos IV como oprobiosa.  La opinión nacional en 1809 y 1810 era de absoluta condena a Carlos IV, María Luisa, Godoy y, sobre todo, de sus sistema de gobierno.
La mayoría del país quiere reformas sociales, jurídicas, económicas y, por añadidura, políticas.  Las preguntas claves del cuestionario eran éstas:

1.-Medios de asegurar la observancia de las leyes fundamentales del reino.
2.-Medios de mejorar nuestra legislación, desterrando los abusos introducidos y facilitando su perfeccionamiento.
3.-Recaudación, administración y distribución de las rentas del Estado.
4.-Reformas necesarias en el sistema de instrucción y educación pública.

respecto al problema de la soberanía, hay quienes piensan en su origen carismático, y  por ello no se plantean el asunto, ya que la continuidad dinástica es una indiscutible realidad.  Otros están de acuerdo con el democratismo que propugnaba Rousseau, proponiendo una división de poderes y limitando la conducta del titular del gobierno.
En cuanto al problema de la ley, la mayoría es partidario de poner trabas a la capacidad legislativa del rey, bien por medio de las Cortes o consejos o por una efectiva separación de poderes.  También son defensores de la unificación legal de la nación, y se declaran contrarios a la existencia de fueros regionales.  Se muestran aún más cálidos adversarios de los fueros personales y de las jurisdicciones particulares de los diversos miembros.  Estos privilegios -dirán- son un atentado contra la igualdad civil y una vejación para el estado general, esto es, hay unanimidad a a favor de reformas radicales, como la uniformidad nacional, universalidad de la ley y formación de un código orgánico.
Son muchos los que piensan que, por el hecho de no haber participado los reyes y estamentos privilegiados que habían perdido su legitimidad, y, por tanto, tenían que someterse a la nueva legalidad nacida de la guerra.  Para unos es un derecho y para otros una recompensa la legitimidad adquirida en el levantamiento.
Hay comunidad de opiniones en la urgencia de la composición y organización de Cortes.  En cuanto al número y calidad de miembros y en lo referente a la duración, atribuciones y organización, las soluciones son múltiples y caprichosas.  Frente a los partidarios de la elección en el grupo social, están los que proponen el principio revolucionario de la proporcionalidad de diputados y la población.  En contra de los estamentalistas están los revolucionarios, que exponen coherentemente el derecho universal a ser representado.  Entendamos que no son partidarios del sufragio universal, sino del sistema censitario: representación proporcional a la población, despreciando el estado a que se pertenezca, pero recalcando la cultura y el dinero de los elegidos.  Flórez Estrada comentará la idea de que el hombre se convierte en ciudadano cuando tiene propiedad y cultura; el pobre y el ignorante son ajenos a la sociedad.  Está claro: la burguesía tratará de alejar del gobierno a los no propietarios, aunque se valga de ellos para luchar contra la nobleza y el clero.