Las medidas legislativas en el campo económico y social enmarcan, con más claridad que la propia Constitución de 1812, la primera revolución burguesa de España.
En nombre del "ciudadano" -exponente de la sociedad clasista y del Estado liberal- se aniquilan los estamentos, se suprimen los privilegios y las diferencias de condición jurídica.
El ciudadano persigue la realización de una nueva sociedad de propiedad, seguridad y libertad (de prensa, de trabajo, de cultivo, de producción industrial, de transporte, de contratación...) e igualdad (contributiva, civil, política).
Canga Argüelles, ministro de Hacienda a la sazón, afirmará que "la libertad, igualdad y propiedad son derechos naturales dados por Dios que los hombres deben proteger cuando entran en sociedad".
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