5 may. 2017

DISOLUCIÓN DEL RÉGIMEN SEÑORIAL POR LAS CORTES DE CÁDIZ (III)

El derecho de propiedad será para los hombres de Cádiz sagrado e inviolable, contra el que nada podrán cielo y tierra:

"...los dueño de fincas y heredades -dirá un diputado- tienen absoluta libertad de cercarlas o acotarlas y aprovecharse exclusivamente de todos los frutos y pastos de las mismas en uso del sagrado derecho de propiedad."

El liberalismo, desde entonces hasta hoy, apuntará exclusivamente a la satisfacción del interés privado, en perjuicio del colono, al que, a la postre, reducirá a la condición de simple jornalero y bracero y al que someterá a sus necesidades y caprichos.  No todo lo que salió de las Cortes de Cádiz es dorado oro que reluce (obviamente).
En virtud del interés individua y del derecho de propiedad liberal-burgués, desaparecían los privilegios de la Mesta y las ordenanzas de montes; se negaba a la Iglesia y a las comunidades municipales el derecho a poseer; se eclipsaban la amortización eclesiástica, las encomiendas de las órdenes militares y los comunes y propios de los pueblos, y se extinguían también los vínculos y mayorazgos, por considerarse formas de propiedad imperfectas.  De momento se suprimían los mayorazgos inferiores a 3.000 ducados de renta anual.
Finalmente, se establecía la "libertad de trabajo" (decreto del 8 de junio de 1813).  La regulación gremial de la producción de bienes económicos -otro pilar de la sociedad estamental- quedaba demolida.  Desaparecía el control de calidad y precios y se afirmaba la libre contratación del trabajo, comenzando la más ignominiosa explotación del trabajo humano.  Esta explotación del hombre por el hombre será el sostén del poder económico de la burguesía liberal desde entonces hasta... hoy.
En estos años, la situación económica era crítica; los ingresos obtenidos de las colonias americanas menguaron, la creación del enorme volumen de deuda pública ya no resistía, el país era saqueado en los cuatro puntos cardinales por centenares de miles de soldados franceses, la miseria del erario se combinaba con la presión tributaria.  El resultado fue la bancarrota total.  Toda la sociedad estaba abocada a la crisis, y desde su problemática concreta reaccionó ante la gestión del gobierno.
Las Cortes de Cádiz seguirán en lo económico con su programa liberal: reconocimiento de la deuda pública, impuestos proporcionales a la riqueza individual, desamortización...
Los principios formales que vimos aplicados en lo político y social serán aplicados de manera semejante en lo económico.  Quedan abolidas las prestaciones señoriales, el "voto de Santiago" y otras rentas eclesiásticas.  El nuevo sistema de rentas dará un giro total: se suprimen las inmunidades eclesiásticas y civiles, teniendo que llevar una pesada carga financiera los estamentos privilegiados; al desaparecer las aduanas interiores, mueren los privilegios de las provincias exentas (que supondrá una añadidura al germen del futuro nacionalismo segregacionista, todavía en ciernes); en esta nueva concepción del Estado destacan la libertad mercantil, la uniformidad provincial en el pago de los impuestos a la riqueza individual.  Queda unificada la condición económica de los españoles, reducidos anteriormente a un mismo "status" político-social.
Los hombres de Cádiz son conscientes de que el Estado no puede vivir sin el crédito público.  Sin embargo, los vales reales cada vez valen menos, a la vez que la deuda pública aumenta sin cesar.  El hacendista Canga Argüelles y otros diputados no verán otra solución que la reforma tributaria y la desamortización civil y eclesiástica para pagar la deuda pública, recobrar el crédito y, de rechazo, aumentar la renta nacional, debido a la explotación directa por el propietario.
La burguesía no es partidaria de declarar la bancarrota, en parte porque sus miembros poseen cantidad de vales y les es mucho más fácil desamortizar, con lo que, además de pagar la deuda pública, el poder económico-social de la Iglesia y de los municipios pasará a sus manos.  Recordemos que la deuda pública ascendía en julio de 1808 a casi 8.000 millones de reales, lo que significa que el Estado había aumentado sus actividades, y, por tanto, sus gastos, mientras que los ingresos seguían estancados por obra y gracia de la sociedad estamental.  Era una cuestión dilemática: o el Estado o la sociedad estamental.
Los sucesos de la guerra y la posguerra harán imposible al desamortización civil y eclesiástica; pero el anteproyecto estaba hecho, y para la realización quedaban aún más de veinte años.

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