Respecto a la Constitución, las respuestas apuntaban a una legalidad constitucional violada por el absolutismo monárquico y el despotismo ministerial. No se aclaran al definir la Constitución histórica española, no saben qué leyes la componen, existe un tremendo desorden a la hora de calificar algunas leyes de fundamentales y a otras de positivas. Pero bien acudiendo a la tradición legal española, bien a la razón, cuenta más su querer actual que el decir del Fuero Juzgo o de las Partidas, y en la voluntad general hay un deseo de una monarquía constitucional, templada, moderada..., en la que se pongan unos límites al ejercicio del poder por parte del rey.
Será en los problemas económicos y sociales -los realmente determinantes- donde la tradición reformista alcanzará resultados trascendentales. La nobleza "inútil" y el clero "ignorante" han sido barridos por el hombre "honesto" (no en lo religioso, sino en los social). En estos momentos triunfa el concepto de un nuevo hombre con un nombre nuevo: ciudadano. Carece de las virtudes heroicas que acreditaron al noble y de las trascendentales del clérigo, pero, en cambio, es productivo, ilustrado, tolerante, y sus idea se ponen por encima de cualesquiera otras. Esta cualidad de ciudadano hace a todos iguales ante la ley, sin negar por ello las diferencias personales, que no pueden, y las económicas, que no quieren nivelar. Los privilegiados de las personas del antiguo régimen no se pueden sostener porque carecen de servicios, y el ciudadano arremeterá contra todo lo que signifique privilegio sin función.
Al lado de esto, la Guerra de la Independencia producirá unos efectos catastróficos: 500.000 soldados esquilmando todo el país durante seis largos años, desórdenes en la recaudación dentro de unas provincias ocupadas por los franceses. El país carecerá de recursos para financiar la guerra y emprender una política económica duradera. No se puede recurrir al crédito, pues los vales reales llegan a cotizare en 1809 con un 72% de pérdida. Las respuestas sobre el futuro de las rentas apuntan tres soluciones, basadas en principios revolucionarios:
-Universalidad contributiva, que amenaza a estamentos y reinos privilegiados.
-Sustitución de las contribuciones indirectas por otras directas.
-Proporcionalidad, convirtiendo en los mayores contribuyentes a los privilegiados, ya que eran los máximos propietarios.
En orden a una mayor productividad que cubra las necesidades nacionales y aguante la competencia internacional, los ilustrados descubren el interés y la propiedad individual. El derecho natural racionalista, invocado por estos hombres de 1808, atacará sin desmayo las tierras comunes, los mayorazgos y las manos muertas.
En relación con este punto, y siguiendo la línea de las leyes justas para todas las personas, todos están de acuerdo en devolver a los municipios su representación y al Estado la libre designación para los empleos, ya que en siglos anteriores eran muchos los que se habían hecho propietarios de cargos de la administración pública y sus atribuciones las traducían en beneficios materiales.
Ya hemos dicho que la mitad de España estaba sometida al señorío jurisdiccional de nobles y eclesiásticos. Éstos nombraban jueces en sus señoríos a capricho. Dicho punto sale a relucir, y es objeto de severas críticas y de la necesidad de reformarlo.
Los ataques a la Iglesia demuestran que los atacantes no son unos hombres místicos. La Iglesia debe ser despojada de todo, ya que se ha caracterizado por ser contraria a la utilidad pública. La iglesia y sus eclesiásticos deben ser útiles a la sociedad. Por ello, sólo el sacerdote secular, el párroco, el "cura" de las almas, es el único miembro salvable, e incluso exaltado, por sus elevadas funciones. Si al cura se le considera víctima de una estamentación eclesiástica y con unos ingresos insuficientes, al religioso regular se le ataca por su ignorancia y falta de vocación. Lujo y laxitud disciplinaria hacen que los ricos monasterios carezcan de defensores. Llegan a concluir que los regulares deberán someterse a la dependencia de la jerarquía secular.
De la autenticidad, originalidad y vital importancia de estas respuestas, definidoras de la posición ideológica de los españoles de1809 podríamos concluir en primer lugar la trascendencia de la crisis del año ocho tiene en la evolución histórica de nuestro país. El derrumbamiento de la estructura político-social del Antiguo Régimen revela hasta qué punto estaba carcomido el edificio, y el gobierno personal de Fernando VII servirá para ilustrar la radical incapacidad del viejo mecanismo para hacer frente a las nuevas situaciones. Destaquemos, por otra parte, la extensión y madurez de una opinión pública que pedirá en sus respuestas muchas de las trascendentales reformas que el liberalismo tendría la habilidad de cubrir bajo su bandera, y que dista mucho de poder identificarse con la tan clásica como errónea imagen que reduce el número de los reformistas a unos cuantos alborotadores gaditanos, inspirados únicamente en el ejemplo francés, interpretación que impide ver la gravedad de la crisis institucional preexistente y lo acuciante de la necesidad de renovar unos esquemas que desde mucho tiempo atrás venían coartando las posibilidades de desenvolvimiento de la sociedad no sólo española, sino europea.
Señalemos, finalmente, la importancia decisiva de la aportación doctrinal de la Ilustración, que salvo en lo que se refiere a los puntos concernientes a las cuestiones políticas, había legado a sus epígonos liberales la mayor parte de su programa económico y social, programa que surge en muchos de sus puntos, incluso en las páginas de los que no aceptan el programa político de los primeros. La amplitud de los temas que se tratan en las respuestas revela la importancia de la obra doctrinal de la Ilustración, definidora de un nuevo orden social que los hombres de 1809 no hicieron otra cosa que adoptar.
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