27 abr. 2017

LA PRIMERA CONSULTA AL PAÍS (I)

"Todos los sabios españoles que hayan meditado sobre proyectos de reforma -anuncia Quintana-  así en cuanto a la Constitución del reino en general como sobre los ramos particulares de la Administración pública, son convidados por la Junta a que le comuniquen sus ideas con toda libertad y según crean que corresponda mejor al bien de la patria."

Esta idea de llamar a los hombres entendidos a una discusión pública por escrito había salido de Jovellanos.  Son múltiples las autoridades consultados a lo largo y ancho de la geografía española y de la más variada gama social.  Es una simple representatividad, ajena a la parcialidad o al partidismo.
Todo el país estará de acuerdo con la necesidad de unas reformas.  El consenso era general al definir la época de Carlos III como época de prosperidad, y la de Carlos IV como oprobiosa.  La opinión nacional en 1809 y 1810 era de absoluta condena a Carlos IV, María Luisa, Godoy y, sobre todo, de sus sistema de gobierno.
La mayoría del país quiere reformas sociales, jurídicas, económicas y, por añadidura, políticas.  Las preguntas claves del cuestionario eran éstas:

1.-Medios de asegurar la observancia de las leyes fundamentales del reino.
2.-Medios de mejorar nuestra legislación, desterrando los abusos introducidos y facilitando su perfeccionamiento.
3.-Recaudación, administración y distribución de las rentas del Estado.
4.-Reformas necesarias en el sistema de instrucción y educación pública.

respecto al problema de la soberanía, hay quienes piensan en su origen carismático, y  por ello no se plantean el asunto, ya que la continuidad dinástica es una indiscutible realidad.  Otros están de acuerdo con el democratismo que propugnaba Rousseau, proponiendo una división de poderes y limitando la conducta del titular del gobierno.
En cuanto al problema de la ley, la mayoría es partidario de poner trabas a la capacidad legislativa del rey, bien por medio de las Cortes o consejos o por una efectiva separación de poderes.  También son defensores de la unificación legal de la nación, y se declaran contrarios a la existencia de fueros regionales.  Se muestran aún más cálidos adversarios de los fueros personales y de las jurisdicciones particulares de los diversos miembros.  Estos privilegios -dirán- son un atentado contra la igualdad civil y una vejación para el estado general, esto es, hay unanimidad a a favor de reformas radicales, como la uniformidad nacional, universalidad de la ley y formación de un código orgánico.
Son muchos los que piensan que, por el hecho de no haber participado los reyes y estamentos privilegiados que habían perdido su legitimidad, y, por tanto, tenían que someterse a la nueva legalidad nacida de la guerra.  Para unos es un derecho y para otros una recompensa la legitimidad adquirida en el levantamiento.
Hay comunidad de opiniones en la urgencia de la composición y organización de Cortes.  En cuanto al número y calidad de miembros y en lo referente a la duración, atribuciones y organización, las soluciones son múltiples y caprichosas.  Frente a los partidarios de la elección en el grupo social, están los que proponen el principio revolucionario de la proporcionalidad de diputados y la población.  En contra de los estamentalistas están los revolucionarios, que exponen coherentemente el derecho universal a ser representado.  Entendamos que no son partidarios del sufragio universal, sino del sistema censitario: representación proporcional a la población, despreciando el estado a que se pertenezca, pero recalcando la cultura y el dinero de los elegidos.  Flórez Estrada comentará la idea de que el hombre se convierte en ciudadano cuando tiene propiedad y cultura; el pobre y el ignorante son ajenos a la sociedad.  Está claro: la burguesía tratará de alejar del gobierno a los no propietarios, aunque se valga de ellos para luchar contra la nobleza y el clero.

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