LA CRISIS FINANCIERA DE FINALES DEL SIGLO XVIII (II)

La deuda pública servía para movilizar los recursos del país, pero al abusar de ella se entra en una crisis de imposible solución, ya que los estamentos y provincias se oponen al establecimiento de la contribución territorial, con lo que el Estado no podrá hacer frente a sus gastos.  Su incapacidad para proporcionarse los fondos que necesita para desempeñar sus funciones aboca a la Revolución, que hará de forma violenta lo que las monarquías absolutas no se habían atrevido a llevar a cabo desde la legalidad.  En esta situación los acreedores del Estado querían hacer efectivos sus créditos por cualquier procedimiento, produciéndose así las tendencias desamortizadoras, lo que conducirá a la enajenación de los bienes de la Iglesia, de los propios y de los comunes de los pueblos, con objeto de satisfacer los créditos que contra el Estado tienen una parte de sus súbditos.

La situación económica,a partir de 1793, se encuentra cada vez con mayores dificultades, debido  la guerra que se mantiene contra Francia.  El gobierno pudo pagar la campaña de 1793 merced a la lluvia de donativos particulares, entusiasmados por el cariz patriótico de la guerra.  Pero la economía empezó a resentirse.  Muchos empresarios, comerciantes y trabajadores fueron expulsados o se marcharon; la guerra absorbía una mano de obra abundante, por lo que la agricultura e industria se veían afectadas; el comercio exterior sufrió un duro golpe; el territorio invadido padeció destrucciones de fábricas, almacenes, cosechas, etc.  Pese a los donativos pecuniarios, en el año 1793 el gobierno experimentaba un déficit de 106 millones de reales.  El gobierno se vio obligado a emitir vales y a gravar a los grupos influyentes y conservadores, obligando a la Iglesia y a los terratenientes a proveer los medios para garantizar los vales reales y pagar la renta.  En estas circunstancias, la primera fase del programa desamortizador se demostraba insuficiente.  Consistía en aumentar la producción nacional mediante una distribución más racional de la tierra y en colocar al cultivador como propietario o como protegido enfiteuta del Estado.  Acompaña a la desamortización un plan de reforma agraria esbozado por Campomanes, Floridablanca, Castro, Sempere, Jovellanos y otros, que consistía en dividir la propiedad en parcelas adecuadas a los medios individuales y a las necesidades familiares, crear sistemas de crédito e incluso un Banco agrícola; divulgar técnicas y otras medidas para producir más y en mejores condiciones.

Pero la bancarrota del reinado de Carlos IV obligará a buscar medios más acuciantes para conservar el crédito público, el último recurso que le queda a todo Estado ante la crisis.