Los nuevos problemas bélicos de la guerra contra Inglaterra dejaban atrás las reformas económicas y obligarían a ir más lejos de las puras reformas. La guerra fue un desastre para España y su comercio, tanto para los navíos americanos cargados de pesos que fueron capturados como por el bloqueo de los puertos metropolitanos. Si sólo el comercio de Cádiz, en la guerra contra Francia, había experimentado unas pérdidas por valor de 500 millones de reales, ahora en la guerra contra Inglaterra, entre 1796 y 1798, perdía unos 1.000 millones de reales. El comercio y la industria de Barcelona no sufrieron menos. A los puertos del Cantábrico no les fue mucho mejor. Fueron bastantes millones de pesos los capturados por la armada inglesa a los navíos americanos que venían a la metrópoli. La situación en América era catastrófica, y en 1798 Carlos IV se vería obligado a legalizar el contrabando para que los barcos neutrales pudieran llevar toda clase de mercancías a los puertos americanos y a su vez cargasen cualquier producto colonial. Los Estados Unidos sacaron el mejor partido de este decreto.
Mientras el déficit seguía aumentando, las nuevas emisiones continuaban y el gobierno no tomaba medidas para hacer rente a sus gastos crecientes y se ahogaba ante el debilitamiento constante del crédito de los vales reales. La situación se agravaba con el alza de los precios del 200% en 1797 y 1798.
Se entraba en una segunda fase desamortizadora cuyo proceso dramático comienza por prohibir crear nuevos mayorazgos; los bienes eclesiásticos de nueva adquisición quedarían sujetos a contribución; se aumentan las cargas al estado eclesiástico. Nada basta a cubrir el déficit. Por ello, se piensa en la venta de todos los bienes destinados a fundaciones piadosas, cuyos objetos hubiesen cesado, con inclusión de las encomiendas de las órdenes militares. Un real decreto de 1798 mandaba vender todas las fincas propias de obras pías, aniversarios, capellanías, patronatos de legos, hospitales, hospicios y casas de misericordia, lo que produjo 1.000 millones de reales, quedando la Hacienda obligada al pago de una renta equivalente al 3% del capital enajenado. Carlos IV demoraba la entrega delos beneficios vacantes a la Iglesia.
En 1806 Roma autoriza la enajenación de la séptima parte de los bienes eclesiásticos. Todas estas medidas resultaron insuficientes y el aumento de los gastos condujo al camino de la bancarrota y a la quiebra definitiva del sistema.
Hay un informe muy revelador de las Cortes de Cádiz sobre estos hechos:
"... el gobierno antiguo, al tiempo de disolverse, en marzo de 1808, nos dejó esta funesta herencia y con ella una deuda pública de 7.500 millones de reales; un déficit anual de 600 millones; 100.000 enemigos extranjeros que mantener y enriquecer, cuyo número triplicó después; un ejército nacional desprovisto de todo lo necesario; un estado de relaciones diplomáticas propias solamente para suscitarnos nuevos enemigos, en vez de conciliarnos aliados; un germen de revoluciones espantosas en las provincias de ultramar; una plaga de empleados públicos y pensionados y, sobre todo, la imposibilidad de hacer uso del crédito público y de la circulación de papel moneda."
Los hechos estaban dando una gran propaganda al "Informe de la Ley Agraria" de Jovellanos y las clases pudientes y privilegiadas estaban enconadas y eran hostiles a la política de la Corona. El Estado sigue afirmándose en el carácter sagrado de la deuda, y aunque insolvente en el presente y en el futuro, sostiene un deseo de hacer efectivo el nominal de lo vales emitidos. Esto hace que los acreedores no pierdan de vista su presa: las tierras amortizadas de la Iglesia y de los comunes de los pueblos.
La Iglesia sacará a relucir la propiedad que ostenta sobre ellas y el hecho de administrar unas tierras que a la postre son de Dios. Pero esto no les vale y la crisis se vuelve quiebra total. En este aspecto, Iglesia y municipios terminarán facilitando la materia para la mayor y más descabellada subasta que conoce la historia española. En su momento volveremos a remitirnos a la desamortización de Mendizábal y posteriores.
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