La monarquía había ido recogiendo cantidad de aditamentos y toda una serie de morralla para mejorar su sistema gubernamental y robustecer su autoridad. Todas estas instituciones no habían creado una construcción lógica y coherente por la sencilla razón de que "la monarquía había creado siempre sin destruir nunca".
Cada vez era más ostensible la separación de la sociedad y el Estado político, el espíritu público y las instituciones. Por otra parte, la máquina administrativa del Antiguo Régimen estaba bastante gastada a finales del siglo XVIII; desorden, confusión, incoherencia y contradicciones eran los síntomas de una impotencia real; pero, eso sí, con los símbolos de la monarquía todopoderosa.
En teoría, el monarca absoluto gozaba de todos los poderes, y los mismos eran ilimitados, ya que el rey era fuente de toda justicia, de toda legislación, de toda autoridad, y fuente de guerra y de paz. La realidad, sin embargo, no respondía a estas pretensiones y las Cortes de Cádiz se encargarán de reclamar sus derechos históricos, a la vez que un incipiente liberalismo se preocupaba en negar valor a la "teoría de las vinculaciones aplicada impropia e impertinentemente a la monarquía".
De cualquier forma, los monarcas Carlos IV y su hijo FernandoVII, tras los sucesos de Bayona, renunciarán injustificadamente a las prerrogativas de su condición real. Los monarcas, al despojarse de sus atributos, abandonaron la soberanía, que es recogida por la nueva legalidad: la "popular".
La máquina gubernamental, formada por las secretarías de despacho y los consejos -entre los que destacaba el Consejo de Castilla, pieza fundamental del gobierno de la monarquía-, constituía una fuerte estructura, que, ocultando muchas imperfecciones, lejos de fortalecer la monarquía, frenaba con frecuencia su acción.
Pues bien, ni la Junta de Gobierno tolerando a Murat como su presidente; el Consejo de Castilla, cursando las órdenes que de aquella recibiera; las audiencias aceptándolas, y los capitanes generales intentando mantener una legalidad periclitada se comportaron como las circunstancias exigían, determinando con ello la desaparición de una estructura política multisecular que se extingue de manera definitiva en mayo de 1808.
La popular será la nueva legalidad, nacida del hecho de la rebelión que hay en la base del levantamiento. La voluntad popular se impondrá a todos estos órganos representativos de la legitimidad monárquica absolutista, proceso que culmina con la quiebra del Antiguo Régimen.
Las circunscripciones administrativas tampoco estaban de acuerdo con las necesidades del siglo; son constantes las reclamaciones contra los agentes del absolutismo; las jurisdicciones reales chocaban contra las señoriales, bien respaldadas económicamente; los impuestos, desigualmente repartidos, formaban una complejidad que arrojaba la estrechez financiera de que hemos hablado.
Inercia burocrática, pereza del personal gubernamental, caótica complejidad de la administración; todo ello no permitió a la monarquía resistir eficazmente cuando el orden social del Antiguo Régimen se conmovió y le faltó el apoyo de sus defensores tradicionales.
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