9 feb 2015

EL GOBIERNO PERSONAL DE DON ÁLVARO DE LUNA (1430-1437) (I)

Durante un período de siete años, Castilla va a disfrutar de paz interior. La base de ésta se encontraba en que, eliminada la potencia de los infantes de Aragón, la oligarquía nobiliaria, de la que don Álvaro es la cabeza, se hace con el control del Consejo.
¿Se puede hablar de una dictadura del condestable? Sólo con muchas reservas. En efecto, a su lado figura toda una serie de linajes nobiliarios, algunos de nuevo cuño, que intentan dar al Estado castellano una estructura aristocrática. La conciencia de clase dentro de este grupo social es una realidad cada vez más palpable. Su fuerza no se debe al parentesco con el monarca, sino única y exclusivamente a su riqueza y al control de sólidos dominios.
Para el de Luna esta política se iba a convertir en una trampa en la que, a la larga, iba a caer él mismo. De momento pensaba que esta nobleza no era más que un paso, o mejor aún, un rodeo necesario para que, destruyendo a la dinástica, se pudiera constituir un régimen sólidamente monárquico, libre de toda presión exterior. El fallo esencial radicaba en que él había de ser la clave del sistema, no el propio soberano, demasiado débil. De ahí que, siguiendo en cierta medida los pasos de Fernando el de Antequera, don Álvaro procurase aumentar sus dominios y cargos como plataforma de partida para la puesta en marcha de su programa.
Una vez firmadas las treguas de Majano entre Castilla y los reinos vecinos, la primera medida para restablecer la autoridad monárquica en Castilla debía ser la eliminación definitiva del infante don Enrique, abandonado a su suerte por sus hermanos, los reyes de Aragón y Navarra. Alburquerque constituía su inexpugnable reducto. El apoyo pontificio en esta coyuntura fue de un extraordinario valor moral, ya que una bula del 24 de enero de 1431 deponía al maestre de Santiago de su cargo. El de Luna, sin embargo, no pudo beneficiarse aún directamente de esta medida. Deberá esperar todavía algunos años para recogeer este despojo en beneficio propio.
La política internacional de Castilla va encaminada en tres direcciónes: reconciliación con Portugal, equilibrio en el Atlántico y prosecución de la guerra con Granada.
Por lo que concierne al Estado lusitano, el matrimonio de don Duarte con la infanta Leonor constituía uno de los puntales más firmes de la plítica de cerco a que quisieron someter los "aragoneses" a la Castilla del de Luna. Del lado portugués, no obstante, los intentos de mediación en la querella constituyeron un rotundo mentís a cualqueir idea de injerencia en los asuntos internos castellanos.
Como consecuencia de ello, los contactos amistosos empezaron a ser tónica de las directrices políticas de don Álvaro desde 1430. Al año siguiente, en Medina del Campo y Almeida se llegó a un acuerdo castellano-lusitano, por el que se reconocía la libertad absoluta de comercio entre los dos reinos, amén de la igualdad jurídica entre los súbditos de uno y otro Estado. Para servir de garantía a estos acuerdos, se preveía la creación de una comisión arbitral que entendiese en las cuestiones de posibles querellas entre los dos reinos.
Por lo que concernía al Atlántico, la política de don Álvaro de Luna estaba encaminada a conservar las ganancias obtenidas por los marinos cántabros en los últimos años, aparte de procurar la obstaculización de cualquier maniobra aragonesa encaminada a perfilar la recreación de una alianza anticastellana. Todas las potencias del Atlántico Norte estaban interesadas en una solución que fuera acorde con los intereses mercantiles respectivos. En consecuencia, en La Rochelle sería establecida una comisión arbitral que entendiese en los asuntos de quebrantamiento de paz por cualquiera de las partes en litigio. En Bretaña se consiguió un trato de favor para los mercaderes castellanos: el puerto de Nantes acabó convirtiéndose en una de sus principales factorías en el Atlántico. En el mismo año de 1430 se procedió a la firma de una tregua anual, renovable por tiempo indefinido. Se creaba una nueva fórmula para garantizar el tráfico mercantil:la extensión de salvoconductos individuales que garantizasen a los navíos contra las operaciones de corso. En definitiva, las ciudades de la Hansa, privadas del apoyo inglés, se vieron obligadas a claudicar y a pactar con los marinos castellanos un acuerdo altamente beneficioso para éstos. La vieja alianza entre Castilla y Francia parecía renacer al calor de la nueva coyuntura internacional.

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