El gobierno de Burgos había ido dictando sus primeras medidas en 1938. Tendían éstas a que la Iglesia ocupara el lugar que a su juicio le correspondía en la vida española. Así el 3 de mayo de 1938 se volvió a admitir a la expulsada Compañía de Jesús, devolviéndole todos sus bienes y libertades. En el mismo año se habían restablecido las relaciones diplomáticas con el Vaticano, que hasta ese momento había estado representado por el cardenal Gomá; volvió a colocarse el crucifijo en tribunales y escuelas y se abrogó la ley del divorcio.
Sin embargo, el primer acuerdo oficial no fue firmado hasta el 7 de julio de 1941 entre Serrano Súñer y Gaetano Cicognani. En él se resolvió la forma de ejercitar el derecho de presentación de obispos. De ahora en adelante se requeriría un acuerdo previo entre el nuncio y el gobierno, que enviarían la lista de las propuestas al Vaticano, de las que éste sacaría una terna para que de la misma el jefe del Estado eligiese un nuevo obispo. En el mismo acuerdo, además de señalar el deseo de ambas partes de llegar a un nuevo Concordato, se restablecieron los cuatro primeros artículos del Concordato de 1851.
Este acuerdo fue ampliado por otro de 16 de julio de 1946, en el que las posibilidades del gobierno de "oponer alguna dificultad de tipo político y general" se hacían extensivas también a los nombramientos de párrocos.
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