El dirigente comunista Santiago Carrillo recibió una llamada en su domicilio de París a las pocas horas del atentado contra Carrero Blanco. Era Antonio García López, un político español asiduo de la embajada estadounidense, que le llamaba en nombre del general Díez-Alegría para transmitirle tranquilidad y garantizarle que no habría represalias políticas por el atentado.
La llamada tiene su relevancia porque desde el primer momento se quiso responsabilizar al Partido Comunista de España de lo sucedido. En el registro del sótano de la calle Claudio Coello la policía dijo haber encontrado un papel con un número de teléfono: el de la casa donde se escondía Simón Sánchez Montero, uno delos dirigentes del Partido Comunista de España, que vivía en Madrid, quien fue detenido a las pocas horas.
El mismo día del atentado, a primera hora de la mañana, cinco vehículos policiales se dirigían a gran velocidad hacia la plaza de las Salesas, sede del Palacio de Justicia. Uno de ellos era un camión celular en el que eran trasladados, desde la prisión de Carabanchel, diez hombres del sindicato Comisiones Obreras, la mayoría de ellos militantes del Partido Comunista de España. Iban a ser juzgados por asociación ilícita en grado de dirigentes.
Hacía meses que se esperaba con expectación este juicio. Había un clima de tensa espera, dentro y fuera de España, ante lo que se consideraba ya como uno de los últimos coletazos represivos del franquismo. Los sindicalistas son: Eduardo Saborido, Nicolás Sartorius, Francisco García Salve, Juan Muñiz Zapico, Francisco Acosta, Miguel Zamora, Fernando Soto, Pablo Santiesteban, Luis Fernández Costilla y Marcelino Camacho.
Desde bien temprano la ultraderecha ya se había movilizado en torno al Palacio de Justicia. El asesinato de Carrero contribuye a exasperar el ánimo de los allí congregados, que ven al Partido Comunista y a Comisiones Obrera como la encarnación de todos los males. Planeaba de nuevo la sombra de la Guerra Civil.
Ajenos a lo ocurrido, los diez acusados fueron conducidos a los calabozos de las Salesas. Allí, para su sorpresa, permanecerán horas antes de subir a la sala de vistas. Ya en la sala, sus abogados defensores, Jaime Sartorius y José Luís Núñez, intentan comunicarles lo sucedido mediante señas: "han matado al Cejas" (el Cejas era Carrero Blanco).
Numerosas personas y representantes de organizaciones como Amnistía Internacional se habían congregado en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Los acusados esperaban que el apoyo internacional sirviera para impedir las severísimas condenas a que se enfrentaban.
Pero fue inútil. Las condenas fueron muy duras: de doce años y un día a veinte años de prisión. Todas las acciones de apoyo en la calle en solidaridad con los procesados se paralizaron al conocerse el asesinato del Presidente del Gobierno. Quienes sí que se manifestaron fueron los militantes de Fuerza Nueva. En el interior de la sala se podían oír los exabruptos intimidatorios, que se hacían extensivos a los familiares de los procesados.
Los servicios de información de Presidencia estaban seguros de que el comando de ETA había recibido instrucciones de hacer coincidir el atentado contra el presidente con el juicio 1.001
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