LA POLÍTICA DE AUTARQUÍA (I)

La industrialización del país, que había alcanzado su máxima expansión en el período 1930-1936, había sufrido un duro golpe en 1939.  La política de protección de la industria nacional, hasta ese momento apoyada en una fuerte protección arancelaria, pasó a basarse en el cierre de las fronteras para todos aquellos productos que o ya fabricaba la industria nacional o cuya fabricación se emprendió a partir de entonces.  La idea de autosuficiencia o autarquía no fue totalmente original, ya que Mussolini, por ejemplo, afirmaba que la "autodeterminación de los pueblos no se comprende si no está respaldada por la independencia de su economía respecto del mercado exterior".  Era lógico que si se quería evitar la influencia de las ideas liberales, se tendería a cortar en lo posible los contactos económicos, dada la fuerte interrelación entre la economía y la política; no obstante, el ser la autarquía irrealizable en una sociedad moderna, hizo que cuando se tuvo la necesidad de prescindir de ella quedasen una serie de realizaciones erróneas de difícil corrección,así como el grave coste social que se originó cuando el sistema de financiación seguido fue, como es el caso, la inflación sobre el nivel de consumo de las clases menos favorecidas, sacrificio que resultó mucho menos útil de lo que se pensaba, puesto que el desarrollo industrial no mejoró la posición social de las clases inferiores, sino que, por el contrario, enriqueció aún más a los partícipes de los círculos monopolísticos del país a través del proceso de redistribución de la receta típica del mecanismo inflacionista.

La política de autarquía se plasmó en dos leyes de 1939, relativas, por un lado, a la protección y el fomento de la industria nacional y de ordenación y defensa de la misma, por otro.  Ambas supusieron asimismo una intervención estatal en la industria en un grado desconocido hasta entonces.  Habían nacido las "industrias de interés nacional", teóricamente controladas por el Estado a través de los interlocutores y consejeros delegados y con un fuerte grado de protección.

Para impulsar aquellos sectores en los que la iniciativa privada se mostró ausente, bien por el volumen de inversiones precisas o porque se preveían escasos beneficios, fue creado por la ley de 25 de septiembre de 1941 el Instituto Nacional de Industria, con la finalidad de "propulsar y financiar en servicio de la nación la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al desarrollo de nuestra autarquía económica, ofreciendo al ahorro español una inversión segura y atractiva", todo ello necesario "para respaldar nuestros valores nacionales y realizar los programas de nuestro destino histórico".  Según su Ley Fundamental, una vez promovida las empresas y alcanzada su rentabilidad, ésta deberían pasar a la iniciativa privada. La financiación del I.N.I. fue realizada fundamentalmente a través de la emisión de obligaciones que fueron impuestas a las Cajas de Ahorros ante la apatía del capital privado.

El primero de sus cometidos asignados fue el de romper el monopolio de algunos sectores económicos, si bien sus objetivos no fueron alcanzados.  La intervención en sectores como la siderurgia y electricidad hizo que las empresas del I.N.I. se incorporasen a los grupos ya existentes; en otros sectores monopolistas, como el cemento, las papeleras, los abonos... no intervinieron, e incluso se llegaron a crear nuevos monopolios, como Butano, Unión Repesa y CAMPSA.  En la industria automovilística, la autarquía tampoco se realizó.  Su labor fue algo más fructífera en el capítulo de la defensa nacional, sobre todo en la marina de guerra (donde fue decisiva) y en la fabricación de armamento, como el subfusil automático Cetme.

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