LA LEY DE ASOCIACIONES POLÍTICAS

Basado en el artículo 4º de la L.O.E. ("El Movimiento Nacional, comunión de todos los españoles en los principios a que se refiere el artículo anterior, informa el orden político, abierto a la totalidad de los españoles y, para mejor servicio de la patria, promueve la vida política en régimen de ordenada concurrencia de criterios") el gobierno presentó una Ley de Asociaciones Políticas, que fue rechazada porel Consejo Nacional, previniendo que las mismas podrían ser incipientes partidos políticos.  Quizá las divergencias estribasen en la distinta consideración del Movimiento como comunión (abierto, por tanto, a múltiples iniciativas) o como nueva asociación.

El régimen político español, en el que el poder personal de su creador hace que sus instituciones hayan sido creadas en función de ese poder, depende, en su existencia histórica, de la persistencia del mismo.  Por esta razón, su permanencia dependía, en gran manera, de la garantía de continuidad que representaba el almirante Carrero Blanco, en quien se reproducían las características del poder personal de Franco.

El 20 de diciembre de 1973, la figura de Carrero desaparece tras el atentado perpetrado contra su persona.  El nuevo presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, afronta la situación con la intención de marcar una nueva etapa política en la historia del régimen, adoptando una línea de apertura que tuvo como punto de arranque el discurso programático pronunciado ante las Cortes el 12 de febrero de 1974.

El antiguo proyecto de configurar la política dando luz verde a las asociaciones es retomado por el gobierno Arias, entre cuyos compromisos de primera hora figuró, precisamente, el de dar al país un estatuto de asociaciones políticas en plazo breve.  Mas las asociaciones, desde el momento en que empiezan a vislumbrarse en el horizonte, sirvieron más para exacerbar la escisión real que padecían, desde hacía años, los diversos sectores que integraban el bloque dominante, hasta hacerlos entrar en una fase de confrontación definitiva.

A la luz de esta interpretación, se hacen inteligibles las dificultades por las que atravesó el programa Arias en su corta andadura.  Frente a la necesidad de conseguir un pacto social con el mundo de la producción, especialmente en medio de una coyuntura de recesión económica de escala mundial, y de acercarse a Europa y a sus formas políticas,los grupos inmovilistas instalados en el seno del régimen habían cerrado filas para una ofensiva cuyos principales éxitos podrían ser las dos crisis ministeriales que afectaron al gobierno Arias (1974 y 1975) y la elaboración de un estatuto de asociaciones de signo restrictivo que llevó a la marginación de los sectores socializantes y democristianos del país, a pesar de las invitaciones a la colaboración repetidamente cursadas por el propio gobierno (Informe E.D.E., 1975).

En virtud de las atribuciones del jefe del Estado, y de acuerdo con la L.O.E., en 1969 fue designado como heredero del trono el príncipe Juan Carlos de Borbón. La rotura de la legitimidad dinástica, ocasionada al eliminar de la sucesión a don Juan, hijo de Alfonso XIII, padre de don Juan Carlos y jefe de la dinastía borbónica, se justificó al considerar que la nueva monarquía suponía una "instauración", no una "restauración".

Las líneas maestras del pensamiento político que inspiró toda esta obra legislativa se desprenden de las declaraciones de su propio inspirador, el general Franco: oposición a la democracia liberal y al comunismo; negación del parlamentarismo y de los partidos políticos; necesidad de un denominador común a todas las clases sociales, participación popular en las tareas del Estado, no en plan individual, sino como miembro de grupos naturales.  El pensamiento laboral, al menos hasta el Concilio Vaticano II, estuvo influenciado en cierta medida por la doctrina social de la Iglesia, ya que no en balde uno de los principios básicos mantenidos fue el carácter católico del Estado.  Por último, la Hispanidad fue un tema siempre presente.

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