En 1939, de una forma indirecta (a través de los consejos de administración), y en 1941, de forma definitiva y total, el Estado se hizo cargo de los ferrocarriles, que hasta entonces habían estado en manos de compañías particulares, sin que éstas pusieran obstáculo alguno, ya que, dada la situación en que se encontraba la red, era casi imposible su explotación. Había nacido la R.E.N.F.E. (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles), organismo estatal con un régimen muy parecido al de las sociedades anónimas. La actividad de la RENFE, por causa de las grandes dificultades, consistió durante cierto tiempo en poner la explotación a nivel de preguerra, con la consiguiente postergación de todo programa de modernización y el paso creciente del transporte de personas y mercancías a la carretera, a pesar de los precios "políticos" con que funcionaba. Iniciada la política de reactivación, la RENFE elaboró un plan de mejora conocido como Plan de Modernización Revisado, por el que cifraba sus necesidades económicas en 70.000 millones de pesetas aproximadamente.
La reparación de los 1.561 puentes destruidos fue la tarea más urgente con la que se enfrentó el país en 1939, siendo imposible mejorar los firmes, e incluso proceder a una conservación adecuada por falta de asfaltos. En 1950, mejorada ya la situación general del país, se abordó la renovación y mejora de la red de carreteras a través del Plan de Modernizaciones; con cargo a este plan se repararon 4.000 kilómetros, aunque de forma deficiente, invirtiéndose 2.3543 millones de pesetas. Los criterios seguidos en el plan -quizá por escasez de medios- fueron totalmente antieconómicos. Ante la grave situación creada por el rápido crecimiento de la circulación por ésta, se hizo ineludible un replanteamiento de la política de carreteras, plasmado en el Plan General de Carreteras, con vigencia desde 1962 a 1967. Se proponía dotar al país, al final de cada plan, de la red necesaria desde la más modesta carretera a las autopistas.
El más modernos de los medios de transporte, el avión, fue intervenido por el Estado con la creación durante la guerra de la Empresa de Transportes Aéreos Iberia, conocida a partir de 1940 simplemente con el nombre de IBERIA, y cuyas acciones fueron entregadas en su totalidad al Instituto Nacional de Industria en 1943. Posteriormente y con capital privado en su fundación, pero después en manos del I.N.I., fue creada también AVIACO, alcanzando en 1962 los efectivos de la flota aérea la suma de sesenta y cuatro aviones, en buena parte reactores.
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