LA SIDERURGIA Y LA VIVIENDA

Hasta 1959 la producción se mantuvo por debajo de los niveles alcanzados en la República, debido quizá a la estructura monopolística de la oferta y a la dificultad de importar materias primas, a la vez que coincidía con la expansión de la demanda, a causa del desarrollo de otros sectores industriales.  El alza que esta situación provocó en os precios llevó al Estado a intervenir fijando precios y estableciendo criterios de distribución, creando en 1940 la Delegación Oficial del Estado en la Industria Siderúrgica.  Ante la insuficiencia de las medidas adoptadas el Estado decidió intervenir directamente, creando a través del Instituto Nacional de Industria la Empresa Nacional Siderúrgica, Sociedad Anónima (ENSIDESA), con una meta de producción de 1.400.000 Tm. de acero en una primera fase y 2,5 millones al final de la segunda.  La fuerte concentración a todos los niveles, menos en el técnico, unido al proteccionismo frente al exterior, permitieron a estas industrias la obtención de grandes beneficios hasta 1962, sin necesidad de proceder a la modernización de los equipos y de la administración.  En un informe de 1963 se decía que "la industria siderúrgica española ha estado constantemente con un exceso de proteccionismo que ha hecho que crezca como una incubadora, cuando tenía primeras materias para tomar otros vuelos. Ha preferido conseguir los beneficios en los despachos oficiales y en la antigua Junta de Aranceles y Valoraciones a conseguirlos en las fábricas con mejoras técnicas que se iban produciendo, con lo que ha frenado el consumo por habitante y ha hecho imposible la exportación de muchos productos en los que intervendría el hierro, causando un profundo mal nacional".

Un sector en el que los efectos de la guerra tuvieron gran impacto fue el de la construcción, ya que en 1939 el problema de la vivienda llegó a adquirir dimensiones no conocidas hasta entonces.  Junto a las destrucciones producidas por la contienda, se encontraban el crecimiento de la población y la falta de construcción durante estos años.  Consciente de su importancia, en el mismo año 1939 el gobierno creó el Instituto Nacional de Vivienda, que se habría de transformar (hasta la creación del Ministerio del ramo en 1957) en el instrumento básico de la intervención estatal.  Las primeras ayudas se concedieron a través de las diputaciones, ayuntamientos y otros organismos oficiales, aunque sus beneficios pronto se extendieron a las viviendas construidas por particulares.  En 1950 se realizó el censo de edificios y viviendas, que puso de manifiesto el grave déficit existente, estimándose éste en más de un millón de viviendas. La elaboración del censo sirvió también para descubrir las graves desigualdades sociales del país en materia de vivienda.  Fruto de la labor estatal y de su ayuda a través de las diversas leyes que se promulgaron sucesivamente fue la ampliación de las ciudades mediante la creación de nuevos barrios en los que poco a poco se desarrollaron nuevos conceptos urbanísticos, que concedían cada vez mayor importancia a espacios libres, zonas infantiles, etc...  La especulación de los terrenos originó que junto a unos costes excesivos para la mayoría de la población, la calidad fuera muy baja en gran parte de los edificios construidos, especialmente en los de carácter social.  Ante el Plan de Desarrollo, la industria de la construcción seguía padeciendo los males que la caracterizaron durante todo este período: excesiva proliferación de empresas, mínima mecanización, baja productividad y métodos de construcción rudimentarios.  Uno de los factores más positivos fue absorber con cierta facilidad -por sus bajos salarios- el pro laboral existente en el país, lo que llevó a ocupar en 1962 a 700.000 trabajadores, delos que el 54% no tenían cualificación alguna.  El Plan de Desarrollo hizo suyo el segundo Plan Nacional de la Vivienda, que programó su actividad en el período comprendido entre 1961 y 1976, caso único en el país de planificación a tan largo plazo.

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