La política seguida por el gobierno fue de una progresiva flexibilidad, sobre todo a partir de 1957. No obstante, su participación siguió siendo importante, ya que lo hizo en un 25%de la renta nacional. A partir de 1957, y tras la reforma fiscal, se procedió a una política de equilibrio en los presupuestos estatales, reduciendo el gasto público y aumentando los ingresos.
En este período la financiación de los presupuestos oficiales siguió la tónica tradicional. Los impuestos indirectos continuaban representando el 58% del total, frente al 31% de los impuestos directos.
Una consecuencia lógica de la ampliación de la burocracia estatal -aun en el supuesto de que ésta fuese sumamente eficaz- era que el 33% lo absorbían las remuneraciones a los funcionarios.
El proceso de acumulación de capital en los grupos monopolistas, controlados en gran parte por los bancos, hizo necesaria la revisión y puesta al día de la ley de Bases de Ordenación de Crédito y de la Banca tanto oficial como privada, así como la progresiva especialización de ésta. Asimismo las Cajas de Ahorro intensificaron sus actividades, y sus fondos, junto con los de las Mutualidades Laborales, pasaron a financiar gran parte de los proyectos económicos del Instituto Nacional de Industria.
No obstante, la balanza comercial siguió apuntando el desfase entre importaciones (que en gran medida no se podían evitar, ya que habrían de ser la base del futuro desarrollo) y exportaciones, limitadas casi a los alimentos y materias primas dirigidos hacia un grupo reducido de mercados muy concentrados geográficamente. La acumulación de saldos negativos, que hubiera colocado a España en una situación parecida a la de 1959, fue evitada gracias a los ingresos del turismo y a las remesas de divisas que los esforzados emigrantes iban remitiendo en calidad de ahorro.
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