El proceso de reconversión del país, aunque sólo fuera en el orden económico, se encontró con un ordenamiento legal, pensado en base a las necesidades anteriores. Los prismas corporativistas e intervencionistas, de alguna manera vigentes, originaron fricciones dentro del gobierno y de los grupos sobre los que se sustentaba. La primera solución parcial llegó tras el Consejo de Ministros del 26 de febrero de 1957 con la entrada de un equipo con nuevas ideas, que significaría el declive definitivo de los falangistas puros. En su lugar, los propagandistas y un nuevo grupo aún embrionario, los tecnócratas, se aprestan a solucionar la galopante crisis económica.
Este período de iniciación del desarrollo económico, al carecer de un paralelo desarrollo político, originó tensiones en diversos sectores, destacando por su virulencia los problemas surgidos en el campo laboral y en la Universidad. El sector obrero comienza a dar señales de malestar en 1951, agudizándose en 1953, año en que se produjeron en el mes de diciembre una serie de anormalidades en las zonas más industrializadas del país. Estas zonas, receptoras de un subproletariado procedente de la áreas agrícolas, hicieron pasar la población activa del sector industrial de 2.754.162, en 1950, a 4.481.000, en 1955. Pronto se producen una serie de mejoras para el sector obrero con la creación de nuevos puestos de trabajo, supresión de la cartilla de racionamiento.... El campo inició su proceso de industrialización gracias al trasvase de mano de obra excedente al sector industrial, así como por una incipiente mecanización que, aunque lejos de los índices europeos, marcó el comienzo de un proceso que sería irreversible Ante tal estado de cosas, la jerarquía católica intervino por boca de monseñor Herrera denunciando "la ausencia de una conciencia social de los católicos españoles, condenando el reparto de la riqueza en el país, haciéndose eco del malestar creado en las fábricas, en los campos y en la Universidad por la vida escandalosa de los privilegiados".
En la Universidad, que había comenzado a recibir a los hijos de las clases medias, el malestar se centró en el intento de sustituir el S.E.U., sindicato falangista, por unas nuevas formas de asociación,originando disturbios que irían in crescendo y que culminarían con los incidentes ocurridos a raíz del Congreso Nacional de Estudiantes celebrado en Madrid en 1956 (en los que un estudiante falangista cayó gravemente herido) y con la destitución del ministro de Educación, Ruiz Jiménez, y del secretario general del Movimiento, Fernández Cuesta.
Es el momento de baja de los políticos dogmáticos o retóricos, que son reemplazados por los tecnócratas, procedentes casi siempre de los sectores católicos (sobre todo del Opus Dei).
La Falange pudo tener también los suyos -y de hecho los tuvo-; pero éstos tendían hacia programas socialistas. Los compromisos de poder de la Falange, integrada en el Movimiento Nacional, no permitían la existencia de radicales.
El nuevo gobierno, si bien preconizaba el mantenimiento intacto del depósito de las tradiciones del régimen, en el orden económico era partidario de un mayor liberalismo. Consecuente con ello, en su primera declaración manifestó que "el deseo del gobierno es el de permitir a corto término una mayor libertad en el comercio exterior."
La nueva ordenación económica, íntimamente ligada a las aspiraciones de entrar en los organismos económicos del capitalismo internacional, trajo consigo -tras el fallido intento de algunos sectores del Movimieno, encabezados por Arrese, de crear un cuerpo de leyes que garantizasen los postulados falangistas, ya caducos- la promulgación por el jefe del Estado de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento (17 de mayo de 1958), por la que se delimitaban de una forma clara y expresa aquellos valores que se consideraban inmutables, ya que la propia ley consideraba que eran "síntesis de los que inspiraban las Leyes Fundamentales" y eran "por su propia naturaleza permanentes e inalterables". Se consideraron como tales la catolicidad del Estado, la unidad intangible entre los hombres y las tierras de España y la propiedad privada entre otros. A su vez, el Estado se comprometía a asegurar la salud física (y moral) de todos los españoles.
Se reorganizó la Administración Central (Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957; Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, y Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958). Al mismo tiempo se promulgaron nuevas leyes que reforzaron los mecanismos de control en materia política.
Para saber más puedes leer LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA siguiendo este ENLACE
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