Gil Robles provocó la caída del gobierno en marzo por su negativa a aceptar la conmutación de las sentencias de muerte contra los dirigentes asturianos. Esto le valió el aplauso de la extrema derecha, al tiempo que paradójicamente le acusaban por aceptar la República. Gil Robles ocupó el Ministerio de la Guerra y, aunque consideró necesarias parte de las reformas estructurales que Azaña había hecho en el ejército, se permitió algunas innovaciones, entre ellas el nombramiento de generales que no simpatizaban con la República, como Fanjul o Goded. Entre sus nombramientos destacó el del general Franco como Jefe del Estado Mayor, caracterizado hasta entonces por su presidencia política, y al que la prensa elogiaba por su comportamiento en Asturias. Gil Robles, en su deseo de eliminar toda influencia izquierdista, intentó que la Guardia Civil fuera transferida del Ministerio de la Gobernación al Ministerio de la Guerra.
En el quehacer de la CEDA deberíamos citar su oposición a los planes del prestigioso ministro de Hacienda, Joaquín Chapaprieta; planeaba éste reducir la burocracia de los departamentos gubernamentales, elevar los tributos sobre la herencia y aumentar varias cargas en la transferencia de grandes propiedades.
Exceptuando ciertos matices, el gobierno de 1935 era descaradamente reaccionario. Se negó a la reforma agraria y dotaba miserablemente la educación pública. Devolvió sus propiedades a los jesuitas, favoreció el sector antirrepublicano del ejército y se negó a aprobar impuestos que de alguna manera perjudicaran a los ricos. Su impopularidad y su carencia de programa le forzaron a depender constantemente de poderes de excepción.
A los gobiernos un tanto desprestigiados de radicales y derechistas se sumaron los escándalos del estraperlo. El estraperlo era un juego de azar que requería habilidad en la operación de la ruleta y que fue autorizado gracias a los sobornos ejercidos por sus explotadores sobre determinadas figuras del radicalismo. Lerroux y los radicales, que gozaban de turbia reputación, no pudieron restablecer su prestigio y liquidaron sus posibilidades políticas.
El escándalo del estraperlo se sumó al asunto Nombela, relativo a la compensación debida por un contrato rescindido en la Guinea española ("indemnización excesiva en un asunto colonial"). Más grave aún era la atribución de ciertos servicios de importancia a personas desde hacía tiempo desacreditadas.
Estos escándalos financieros obligaron a Lerroux a dimitir. Su figura quedó para siempre desautorizada ante la opinión pública, y el nombre del "estraperlo", como antes el de Casas Viejas, sirvió para designar este triste período.
Ahora, excluidos los radicales del gobierno, cabía pensar en un gobierno cedista, en una dictadura de Gil Robles o en que el presidente de la República habilitase a un gobierno de Gil Robles para que disolviese el Parlamento. Pero otra vez se manifiesta la indecisión de Alcalá Zamora. En efecto, parecía que el presidente se veía obligado a pedirle a Gil Robles que formase gobierno. Pero sus antipatías personales, así como la sospecha de que el líder católico podía restablecer la monarquía o establecer un Estado corporativo, le disuadieron. Sin duda Gil Robles exigía el poder con insistencia, y Alcalá Zamora le obligaba a declararse republicanos; no se entendían.
Gil Robles se había enajenado las simpatías de los monárquicos por haber aceptado la República, y las de los elementos más extremistas de la derecha, por su parlamentarismo, siendo sospechoso para los republicanos, quienes no se explicaban por qué había exigido el Ministerio de la Guerra, ni cuál era la causa de que las juventudes de su partido recibiesen aquí y allí funciones de Policía Armada o él hiciese su campaña electoral basándola en su nombre, a los gritos de "¡jefe", ¡jefe!, ¡jefe!".
Alcalá Zamora se decidió finalmente por disolver el Parlamento y llamar a Manuel Portela Valladares paa que formara un gobierno capaz de guiar a España durante las elecciones; pero erró al creer que Portela podía formar un partido a base de republicanismo moderado. A comienzos de 1936, el centro prácticamente no existía, porque los radicales de Lerroux habían sucumbido y el partido de Portela no llegó a nacer. Las elecciones de febrero de 1936 lo iban a demostrar.
Durante todo 1935 el presidente de la República estuvo pensando en la oportunidad o no de celebrar nuevas elecciones. Si las Cortes Constituyentes habían tratado de llevar al país demasiado hacia la izquierda, las presentes Cortes eran sencillamente estériles. Como a la mayoría de los españoles, le parecía que la revolución de octubre había sido mal liquidada; mientras las derechas daban a entender con esta frase que el gobierno había sido indulgente hasta el punto criminal, el presidente pensaba que la represión había sido innecesariamente dura. Temía debilitar a la República y hacer que cayeran sobre su cabeza las más duras críticas disolviendo las Cortes en menos de dos años; pero temía igualmente que la República democrática tuviera que mantenerse por la constante prolongación del estado de alarma.
Tras los escándalos del estraperlo y de Nombela, decidió Alcalá Zamora que se imponía la celebración de nuevas elecciones, esperando que tuvieran lugar en condiciones que dieran como resultado una mayoría moderada o intermedia, antes que una mayoría de izquierdas o de derechas. En el año anterior, las disputas entre los monárquicos y la CEDA habían minado la unidad de la derecha, y la creciente fuerza de la facción de Largo Caballero dentro del PSOE hacía muy improbable una renovación de la coalición republicano-socialista como la que había existido en las Cotres Constituyentes. Contra una derecha y una izquierda desunidas podría surgir un centro fuerte. Por lo menos así lo razonaba el presidente. todo dependía de hallar el jefe de gobierno más apropiado para el período electoral. Pensando en esto, ofreció primero los poderes de disolución a Chapaprieta, quien los rechazó, y luego a Manuel Portela Valladares. Este político había sido el primer gobernador de Barcelona después del 6 de octubre, y en mayo de 1935 integró el gabinete Lerroux como ministro de la Gobernación. En el desempeño de ambos cargos fue muy elegiado por su firmeza y moderación. Dentro del gabinete se había opuesto con éxito a los esfuerzos de Gil Robles para que la Guardia Civil fuera transferida al Ministerio de la Guerra. Nombrado Portela el 14 de diciembre, levantó lo que quedaba de censura de prensa durante las siguientes tres semanas. El 7 de enero, el presidente disolvió las Cortes y Portela anunció elecciones para el 16 de febrero.
Fueran o no tácitamente correctas las posturas de Gil Robles, de los monárquicos y del resto de las derechas, la realidad es que estaban desunidas y no habían elaborado un programa electoral común. En el frente de las izquierdas, el panorama era diferente.
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