El centro de Lerroux y la derecha de Gil Robles quedaron con las manos libres, una vez liquidada la revolución asturiana. Si llegaban a un entendimiento, podían dar nueva forma a la República, llevar a cabo una inteligente "revolución desde arriba", codificar inteligentemente la legislación de Azaña e incluso superar las consecuencias negativas de lo ocurrido en Asturias.
Las dificultades de unidad gubernamental pronto serán un hecho, y los radicales y la CEDA se comportarán como un matrimonio mal avenido.
La extrema derecha era partidaria de aprovechar el aplastamiento de los socialistas y la dispersión de las fuerzas de izquierdas para acabar desde el poder con la República sin grandes riesgos. Pretendía que era mejor adelantarse a la revolución roja, de la qeu según ellos, la asturiana había sido una mera muestra. Por ello, denunciaban a Gil Robles y lo tachaban de político cobarde por no haberse definido por una dictadura antimarxista el mismo día que terminó la revolución de Asturias.
Pero Gil Robles y los jóvenes miembros de la CEDA (a los que Companys llamaba con desprecio "chicos de la matrícula de honor") veían cada día más cerca el poder y pensaban obtener, sin el apoyo de los radicales, una mayoría absoluta para modificar la Constitución desde el Parlamento sin correr el riesgo de una guerra civil (obviamente, después de la revolución minera en Asturias, la posibilidad de una guerra civil era un hecho que todos contemplaban).
La amplia variedad de gobiernos de coalición de la CEDA y de los radicales demostraba su debilidad. La deflación en pleno marasmo económico era algo que obsesionaba a los ministros. Sus objetivos parece que se limitaban a hacer economías, a lograr presupuestos equilibrados y a estabilizar la moneda. Las finanzas ortodoxas suponían reducir los gastos y minar de antemano cualquier planificación optimista.
Entre la reducción de gastos se recortaron los estipendios de los maestros y otros capítulos de la enseñanza (becas en el extranjero, asignaciones al Museo del Prado...). Muchas de estas medidas se encaminaban realmente a hacer economías, pero otras tendían claramente a entorpecer la influyente labor de la Institución Libre de Enseñanza.
La política social se invirtió, hasta dar muestras de una viva reacción social: el estado de excepción permitió, después de octubre, la suspensión de los jurados mixtos y los despidos de obreros. En el campo, sobre todo en Cataluña, se llevaron a cabo expulsiones de arrendatarios. En el sur de España, los salarios se redujeron, al tiempo que se abandonaba la protección garantizada por la ley de Términos Municipales. De nada valía que se levantaran voces afirmando que esto era poner en peligro a la sociedad y que el padre Gafo arremetiera contra los plutócratas cristianos.
De poco sirvió que el ministro social-cristiano, Manuel Gómez Fernández, patrocinara algunas reformas, entre ellas que a los arrendatarios se les mejoraran sus condiciones de vida con arreglos a largo plazo, compensándoles por las mejoras que hicieran en las tierras y edificios y no permitiendo que esas tierras se vendieran sin que los campesinos dieran su acuerdo al precio de venta. También promulgó otra ley que permitía a los campesinos comprar una parcela de tierra y obligaba a los terratenientes de Extremadura a arrendar sus tierras no cultivadas durante el año siguiente.
Los propios miembros del partido del ministro de Agricultura se negaron en redondo a cualquier cambio fundamental en las relaciones de la propiedad rural. Cayó el ministro y se abandonó el proyecto de crear una clase campesina estable. El ala derecha comenzó a hacer desahucios en masa.
Este conjunto de factores explica en parte por qué un gran sector de campesinos se incorporó al Frente Popular.
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