El gobierno, aunque informado, aparecía tranquilo. Contaba con generales adictos en puestos claves: Masquelet, Pozas, Miaja, Molero, Batet y Núñez de Prado. Por otra parte, la U.M.R.A. (Unión Militar Republicana Antifacista), formada por oficiales republicanos, contrarrestaba la acción de la U.M.E. Tanto la U.M.R.A. como el director general de Seguridad, Alonso Mallol, como el alcalde de Estella y el mismo Prieto, a quien no sin razón se le tenía por el hombre mejor informado del país, tenían al gobierno al tanto de los pasos que daban los generales comprometidos en el alzamiento. Pero mientras los socialistas de izquierda postulaban armar al pueblo para proteger al gobierno contra un golpe militar, Casares Quiroga y Azaña tranquilizaban a políticos y a periodistas. Azaña, no creyendo posible el triunfo de una rebelión militar, concurría a conciertos y exposiciones, recubierto de una dignidad imperturbable. Largo Caballero no creía en una sublevación; esto, según sus cálculos, sólo la clase obrera estaba en situación de hacerlo. Sostenía que si no había ocurrido nada en febrero, ahora cualquier posibilidad de pronunciamiento debía descartarse.
Pero un episodio vino a precipitar los acontecimientos: el 12 de julio, el teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, fue tiroteado y muerto por un pelotón de falangistas. Sus camaradas planearon una rápida y espectacular venganza asesinando a un jefe derechista importante, sin medir la responsabilidad ni la trascendencia que tal acto traería, no sólo por tratarse de un crimen, sino por ser la ejecutora del mismo una institución armada del Estado.
Buscaron a Antonio Goicoechea y, al no hallarle, se dieron a la búsqueda de Gil Robles; ausente también éste, eligieron como víctima a Calvo Sotelo. Con falsa documentación y falso pretexto sacaron de su casa al jefe del Bloque Nacional y le ejecutaron. De poco sirvió que el gobierno condenara el brutal asesinato y se arrestara a quince oficiales de la Guardia de Asalto, prometiendo que serían juzgados por tribunales civiles. Su responsabilidad quedó comprometida. La opinión pública estaba horrorizada.
Los hombres de la violencia quedaron dueños del terreno; de ahora en adelante el futuro era imprevisible. El 17 de julio estallaba en Melilla la sublevación militar. El ejército tomaría la cabeza y los demás le seguirían. La cuestión del régimen, como en casos similares durante el siglo XIX, quedaría para después.
El gobierno estaba completamente desprevenido. Acababa de estallar la Guerra Civil.
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