7 ago. 2012

AZAÑA Y LOS SOCIALISTAS EN EL PODER (VII)

La reforma se mostraba tímida, como resultado de un gobierno de coalición.  Además fue criticada por deficiencias técnicas: no se habían tenido en cuenta las "malas tierras", las particularidades regionales, la parcelación...  También aumentaba el paro rural.
El problema era claro: si la reforma quería ser eficazmente viable, había que disponer de cuantiosos fondos par las indemnizaciones, pero como estos fondos sólo fueron inicialmente de 50 millones de pesetas, el proceso de plasmación de la reforma estaba condenado a la lentitud.
Esta reforma agraria anticuada, sin alcances, y únicamente adornada con frases socialistas, decepcionó y evaporó el entusiasmo.  Para colmo, el precio de las tierras se desplomaba.  Además, cierto número de explotaciones eran abandonadas, trayendo como consecuencia un alarmante aumento del paro.
De "embrollo descorazonador" han calificado algunos historiadores a esta reforma agraria.
Una gran distancia ha separado siempre las leyes españolas de las realidades que pretendían regular (todavía hoy en día sucede).  No es difícil hallar una legislación avanzada en el Derecho positivo español... Lo difícil es hallar muestras de su aplicación práctica.  La Ley Agraria era revolucionaria por sus implicaciones.  Amenazaba seriamente a la clase económica más fuerte del país, cortaba las fuentes de crédito, dejaba gran parte de la tierra en una situación anómala, en la que no era controlada del todo ni por sus propietarios ni por el Estado y excitaba las esperanzas del campesinado empobrecido.  Para mostrarse coherente con una ley tan revolucionaria, hubiera sido necesario emplear medios revolucionarios para ponerla en práctica.  pero el gobierno de Azaña carecía de un compromiso emocional lo bastante fuerte como para aceptar los riesgos implícitos en semejantes medidas.
Y sobre la exclusiva confianza o la incompetencia del gobierno de Azaña, la falta de convicción, acompañada de un exceso de confianza, por parte de la izquierda republicana, contribuyó a agudizar las contradicciones inherentes a la reforma.  No sólo se negó Azaña a emplear medidas revolucionarias para aplicar una ley que ya no lo era; es que ni siquiera hizo uso de todos los poderes que le concedían las leyes.  en la primera mitad de 1933, el gobierno pudo haber expropiado y colonizado una superficie igual, al menos, a la ocupada l amparo de los decretos de intensificación del cultivo, y eso sin salirse de la legalidad sin cargar de deudas al Estado y sin desencadenar una ola incontrolable de invasiones de fincas.  Todo lo que se hizo fue expropiar algunas de las fincas que pertenecían a participantes en el levantamiento de Sanjurjo y a la grandeza.  No decimos con esto que los nueve meses transcurridos desde la aprobación de la ley fueran tiempo perdido, puesto que se creó el aparato legal para la reforma futura y se adelantó, aunque tardíamente, el Registro de la Propiedad Expropiable.  Se había empezado la confección del censo de beneficiarios de la reforma.  Se establecieron juntas de reforma agraria en las cincuenta provincias españolas.  Se reclutó personal técnico (una tarea difícil), distribuido por las catorce provincias en las que la reforma iba a ser inmediatamente aplicable con amplitud.  Las sesiones casi legislativas del Consejo Ejecutivo ayudaron a aclarar algunas de las ambigüedades de la redacción de la ley.  En resumen, todo estaba a punto para una auténtica puesta en práctica de la reforma agraria. Pero no podemos más que adivinar en qué medida el gobierno de Azaña hubiera sabido actuar con decisión, porque justamente en aquel momento, en el tercer trimestre de 1933, dio fin a su mandato.  Y el supuesto de Azaña, que creía iba a seguir disfrutando por tiempo ilimitado del apoyo popular, resultó ser falso.  Nunca más se le dio una oportunidad de recuperar el tiempo perdido durante el último trimestre de 1932 y la primera mitad de 1933. Como había observado Esteban Martínez Hervás, presidente de la FNTT, laley agraria había sido durante demasiado tiempo una "ley en busca de un gobernante que quisiera aplicarla".  Trámites burocráticos, insuficiencia de técnicos y falta de fondos hicieron que la reforma fuera lenta.  Antes que se notaran sus efectos, el triunfo de la derecha interrumpió su desarrollo.

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