Descontento agrario y reforma agraria eran temas cruciales que venían arrastrándose ya de mucho tiempo atrás. El problema consistirá en interpretar datos, en ponerse de acuerdo sobre los principios, en unir las diferentes ideas de lo que era socialmente conveniente.
Mientras los anarquista y comunistas proclamaban que la tierra era del que la trabajaba, los liberales abogaban por la propiedad individual; y si los socialistas afirmaban "La tierra para el Estado y la explotación para los sindicatos de trabajadores agrícolas", los católicos proclamaban: "Propiedad familiar e indemnizaciones sustanciales a los expropiados".
Los cálidos y frecuentes debates se celebraron durante los ocho primeros meses de 1932, con un fondo de creciente agitación en los campos. Los socialistas tuvieron que transigir en aras de una unidad republicana. La extrema izquierda y los marxistas revolucionarios, como Maurín, creían que la República se condenaba a sí misma negándose a iniciar una revolución social, y denigraban el proyecto de ley del gobierno como indigno del nombre de reforma agraria. También los republicanos de izquierda y los socialistas tenían idéntico convencimiento (aunque por diferentes razones) de que una solución auténticamente socialista al problema agrario acabaría con la República.
El futuro de la agricultura española se mostraba incierto. Ya en 1931 muchos grandes terratenientes habían dejado sus fincas sin cultivar, y hubo quienes las vendieron. También un número cada vez mayor de arrendatarios abandonaban el campo. El cultivo decaía, y la población rural se inquietaba.
El estudio de la comisión de reforma agraria duró hasta mayo de 1932, y el debate parlamentario, hasta el 15 de septiembre. La Ley Agraria aprobada en septiembre autorizaba la expropiación de millones de hectáreas pertenecientes a la nobleza, que debían ser redistribuidas en forma colectiva o en parcelas individuales por el Instituto de Reforma Agraria.
A pesar de la ceguera, inflexibilidad y carencia de imaginación (la ley satisfizo a muy pocos), se logró un objetivo esencial: poner a disposición del Estado enormes extensiones de tierras a unos precios que el propio Estado podía pagar. La ley se aplicaba solamente a las catorce provincias caracterizadas por el latifundismo: Andalucía y Extremadura íntegras, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca.
La expropiación tenía lugar en fincas procedentes de antiguos señoríos jurisdiccionales y en las explotaciones durante más de doce años en régimen de arrendamiento a renta fija. Se aplicaba la expropiación en aquellas tierras que sobrepasasen "un máximo agrario-social", que variaba según las provincias y el régimen de regadío o secano: de diez hectáreas en buen terreno de regadío hasta 700 en terreno pastoral y pobre. Las indemnizaciones, con arreglo a un tipo de capitalización del 5 al 20%, según las fortunas, eran pagadas parte en numerario y parte en bonos al 5%, amortizables en cincuenta años.
Sin embargo, los jornaleros, pequeños arrendatarios o ínfimos propietarios sólo tenían un "usufructo inalienable" y pagaban una pequeña renta al Estado. Se concedían ventajas par estimular la explotación colectiva. Un Instituto de Reforma Agraria, junto con comités provinciales y comunidades locales, estaban encargados de realizar la reforma. A finales de 1933 habían instalado 8.600 familias (se habían previsto, en principio, un número de 60.000 campesinos asentados por año), habían expropiado 89.000 hectáreas y autorizado "la ocupación temporal" de otras tantas aproximadamente. Bien poco, en definitiva.
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