7 ago. 2012

AZAÑA Y LOS SOCIALISTAS EN EL PODER (III)

El gobierno de Azaña (octubre de 1931 a septiembre de 1933) tuvo que vérselas de nuevo con el arduo problema religioso. Debemos recalcar que, en buena parte, Azaña debía su presidencia del gobierno al famoso artículo 26.
En enero de 1932, las Cortes continuaron con su legislación laicista.  Se aprobaron leyes de divorcio, matrimonio civil y entierro civil.  Aunque se derribaron tapias de cementerios, mientras bandas de música tocaban La Marsellesa, y aunque se hizo propaganda de que el matrimonio y entierro civiles eran signos de cultura, mientras que las ceremonias religiosas lo eran de superstición, estas leyes fueron solicitadas por pocas personas, lo que demostraba el conservadurismo español en estos temas.
La Iglesia católica consideró estos actos como una violación del Concordato de 1851, aún vigente, y por el cual ella monopolizaba estas funciones con la ayuda del Estado. Con estos argumentos, la Iglesia condenaba al Gobierno por violar el antedicho Concordato y por atacar la "libertad religiosa".
También de acuerdo con el artículo 26, el gobierno de Azaña decretaba en enero de 1932 la disolución de la Compañía de Jesús y la confiscación de sus propiedades, hecho repetido en otras ocasiones desde el siglo XVIII.  El sentir del gobierno era que la Iglesia suponía un peligro para la República; pero eran los jesuitas quienes sufrieron principalmente las consecuencias de ese peligro.  La razón de su disolución respondía a otras motivaciones: los jesuitas tenían un gran poder económico y eran muy influyentes en el campo de la educación.  Los que salían de sus colegios solían ocupar los mejores puestos.
Poco provecho sacó el gobierno de sus medidas (aparte de frenar su influencia en la educación), pues lo incautado a los jesuitas se redujo a una docena de edificios.  La escuela laica era un problema que interesaba a republicanos y órdenes religiosas, aunque por motivos diferentes.
La obra escolar e intelectual preocupaba a los fundadores de la República: profesores, estudiantes, intelectuales y ateneístas, muchos de ellos englobados en la Agrupación al Servicio de la República.  La famosa Institución Libre de Enseñanza se convirtió en el modelo de la Universidad y de los Institutos Secundarios.  El problema de la escuela primaria resultaba más complejo.  Sin duda, la preocupación de la República por la instrucción, como premisa de un gobierno democrático, fue una de sus características más positivas.
En 1931, alrededor del 40% de la población total española era analfabeta.  Existían 35.000 escuelas del Estado, servidas por 36.680 maestros.  A un promedio de 50 alumnos por escuela con maestro, se escolarizaba entre un millón y medio y dos millones de niños.  Eran necesarias 27.000 escuelas más para atender a otro millón y medio de niños.
De 1909 a 1931 se construyeron unas 1.500 escuelas anuales.  La República, con su programa de que todos los niños asistieran a la enseñanza primaria, en sus veinticuatro primeros meses de existencia construyó unas 10.000 escuelas.  Casi igual número de maestros habían sido preparados para ejercer sus funciones pedagógicas.  El Estado contribuía en la construcción de estos edificios escolares con el 50-75% de los gastos (el resto lo ponían los municipios).  Además pagaba a los maestros.  Entre 1931 y 1933, período en el que el coste de la vida permaneció estable, el promedio de sueldos de los maestros se elevó en un 15%. La enseñanza se había convertido en una carrera con atractivos.
Marcelino Domingo, Rodolfo Llopis y Fernando de los Ríos fueron los que echaron sobre sí estos planes, intentando proporcionar otros 20.000 maestros y, sobre todo, llegar a la cifra propuesta de 26.000 escuelas.  Tuvieron para ello que luchar con el problema de un presupuesto equilibrado, del que era partidario el gobierno.
A las razones económicas se unía la disputa laico-religiosa; había en España unos 350.000 niños que asistían a escuelas religiosas.  Sustituir estas escuelas regidas por órdenes religiosas por otras laicas, suponía la construcción de otras 6.000 escuelas más.
En resumen: a principios de 1933 casi 10.000 nuevas escuelas primaras podían considerarse el logro mejor tras años de esfuerzos, pero los progresos ulteriores quedaron paralizados por la apasionada polémica religiosa, en la cual casi todo el mundo pareció perder de vista que el objetivo principal era el de proporcionar un mínimo de educación a todos los niños de España.

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