16 jul. 2012

PROBLEMAS AGRARIOS A INICIOS DEL SIGLO XX (IV)

La economía rural de Badajoz (como la de las provincias de Andalucía) estaba controlada por 412 individuos (los Stuart y Falcó, Salabert, Arteaga, Montero de Espinosa, Álvarez de Toledo, Sánchez Arjona, Fernández de Córdoba, Donoso Cortés, Cueva Godoy, Gragera, etc.); eran los poseedores de 565.939 hectáreas, lo que representaba el 26,6% de la superficie total de Badajoz y al menos el 32,5% de la superficie cultivada de la provincia.  Apuntamos anteriormente que estas cifras de 1933 no variaron luego radicalmente.  Las implicaciones sociales y políticas de estas cifra son sobrecogedoras.  Consecuencia de la excesiva concentración de la propiedad de la tierra son, generalmente, el régimen extensivo de los cultivos, los bajos rendimientos, la distribución de la renta, muy desigual, el desabastecimiento y el éxodo continuo a las ciudades, para su inversión en la industria o su gasto en bienes suntuarios.  Las consecuencias sociológicas y políticas del latifundismo son todavía más importantes: el analfabetismo es especialmente intenso en las zonas latifundistas, y las reivindicaciones sociales y políticas pueden alcanzar en ellas una especial intensidad.
Podría parecer extraño, pero los principales beneficiarios del orden social existente ya no eran los eclesiásticos y los nobles, sino los propietarios burgueses.  Esta nueva clase debe ser tenida muy en cuenta al explicarnos los fracasos de la reforma agraria y el estallido de la lucha de clases.

Pero ¿cuál era el uso que hacían los propietarios nobles y burgueses de sus tierras?  A la altura de 1930 debemos descartar esa idea anacrónica y desacertada de que el campo productivo andaluz estaba entregado en extensiones inmensas a las reses de lidia y a la caza mayor de ciervos y jabalíes (aunque se afirma que los Medinaceli consagraron a actividades no productivas durante mucho tiempo 15.000 hectáreas sobre 16.000 de buenos terrenos).  Sin duda alguna, la fértil región del valle del Guadalquivir estaba cultivada en su mayoría.
Parece, pues, ser verdad que los latifundistas, en líneas generales, habían empezado a labrar sus fincas; ahora bien, existen escasas razones que permitan creer que las cultivaban bien.  todo parece sugerir que las grandes propiedades eran administradas sin iniciativa ni gran imaginación.  Parece lógico suponer que si el mayor rendimiento se obtiene en fincas grandes, las regiones meridionales serían las más mecanizadas del país.  Pero no ocurría así.
En 1930, el consumo que se hacía de fertilizantes era en las provincias levantinas de 221 kilogramos por hectárea; en la región cantábrica de 231 kilogramos por hectárea; en las tierras de secano catalanas y aragonesas, 168 kilogramos por hectárea; en Segovia, 116 kilogramos.  Sin embargo, en Andalucía, La Mancha y Extremadura no llegaba ni a 60 kilogramos por hectárea cultivada.  También estas regiones empleaban menos tractores y cosechadoras que las otras zonas del país, por lo que en el sur seguía predominando con gran diferencia el empleo de mano de obra manual y de animales.
Estos grandes terratenientes se caracterizaban también por su desinterés por el riego de sus tierras.  La zona sur sólo empleaba poco más del 10% de las bombas de riego del país.  Otros muchos datos sobre los bajos niveles de cultivo de las grandes fincas del sur podrían ser presentados para probar la negligencia de los latifundistas.
En otro orden de cosas, estamos hablando de personas que no conocían sus tierras, o no las administraban, o no vivían en ellas.  Tal era una nota común de estos grandes propietarios.  De hecho, la mayor parte de los grandes terratenientes del sur tenían su residencia en Madrid o en las capitales del País Vasco (incluso en París) antes que en el sur.  Este absentismo físico nos dice, sobre todo, una cosa: si un propietario no cultiva por sí mismo sus tierras, una de las formas de obtener unos ingresos de ellas consiste en arrendarlas.  En el sur el arrendamiento alcanza altísimas proporciones (40% de la tierra fértil del Valle del Guadalquivir).  Las grandes fincas se arrendaban a un único arrendatario, quien o cultivaba las tierras con mano de obra contratada, o las subarrendaba a pequeños campesinos.  Un ejemplo: los duques de Alba arrendaban a 25 pesetas la fanega fincas que luego se subarrendaban a 60 por sus arrendatarios generales. De este modo los capitales ni se acumulaban ni se invertían, y además daba lugar a la figura del arrendador, el cual en muchas zonas dominaba la economía local.
Estos arrendadores no hacían mejoras -riegos, introducción de cultivos...-  en las fincas, y como tenían que pagar el arriendo al propietario, quien sufría la nueva situación eran las espaldas de los jornaleros, que recibían los menores salarios posibles o tenían que pagar mayores arriendos.
Podrían enumerarse las críticas a la carencia de iniciativa e imaginación de esta oligarquía rural, pero la situación queda aclarada ya al haber dejado patente que se preferían los bajos rendimientos antes que asumir los riesgos y sufrir las preocupaciones de una explotación activa.  Dicho de otro modo: los dueños de los latifundios podían permitirse el lujo de cultivarlos mal.
En estas condiciones, una reforma agraria traería unos riesgos muy grandes y acarrearía una oposición muy fuerte; ahora bien: económica, social y humanitariamente, la reforma agraria era necesaria.

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