LOS PROBLEMAS AGRARIOS A INICIOS DEL SIGLO XX (II)

Durante los tres primeros cuartos del siglo XX España sigue siendo lo que siempre ha sido: un país básicamente agrícola.

En 1960 la población activa agrícola constituía aún el 41,3% de la población activa total.  en 1900 la población agrícola representaba más del 50% del total, salvándose solamente de la media provincias industrializadas como Madrid, Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa.

Desde otro punto de vista, en 1924, por ejemplo, la agricultura y la ganadería habían producido el 42,8% de la renta nacional, mientras la minería y la industria sólo alcanzaban un 34,7%. Todavía en 1959 la agricultura y la ganadería suponían el 24% del P.I.B. nacional, más un 2% de la actividad forestal.  En cambio, las actividades industriales sólo alcanzaban un 23% del P.I.B. más un 2% de la minería y un 4,6% de la construcción de obras públicas.  Todo esto cambiaría sensiblemente a partir de 1978, merced a los cambios políticos y a la entrada de España en la Unión Europea.

Esta situación privilegiada de la agricultura en España nos deja una cosa muy clara: la propiedad de la tierra determinaba la posición social de la mayor parte de la población, y los que poseyeran la propiedad de las tierras podían controlar la vida económica del país y también su vida social y política (hasta cierto punto en los tiempos de la Dictadura del general Franco).

La propiedad de la tierra presenta en España unas características muy peculiares a lo largo del siglo XX, ya que predominan las grandes propiedades y las pequeñas explotaciones, tanto por el tamaño como por el valor de las parcelas.  Por otra parte, existen unas marcadas diferencias regionales, puesto que en unas zonas prevalecen las pequeñas explotaciones, insuficientes para permitir la adecuada subsistencia da una familia campesina; en otras son mayoría las grandes explotaciones, que exigen el uso de mano de obra asalariada; las parcelas medianas, aptas para mantener a una familia campesina, son relativamente escasas.

Que España no ha sido un país de explotaciones familiares prósperas nos lo dicen las cifras de 1930 y 1959 en cuanto a fincas inferiores a 100 hectáreas.  Estas propiedades medianas ocupan una cuarta parte de la tierra, pero producen poco más de un quinto del líquido imponible total agrícola.  Ni siquiera en Cataluña, Álava, Navarra y sudeste español parecen predominar.  Por el contrario, las pequeñas explotaciones son una característica especial de los sistemas de propiedad de la tierra en las dos terceras partes del territorio nacional.

El abundante minifundio ocupa un 47% de la tierra y produce aproximadamente un 60% del líquido imponible.  Predomina en el centro y aún más en el norte, donde ocupa más del 60% de la tierra de labor.  Sólo en Galicia existieron 15 millones de parcelas que no llegaban a 10 hectáreas.  Ya en 1959 el número de pequeñas parcelas era seis veces mayor que el de habitantes de Galicia, 26 veces mayor que la cifra de población activa total y 90 veces mayor que el número de propietarios agrícolas.  Aún debemos hacer una salvedad importante: aunque llamamos minifundios a estas fincas menores de 10 hectáreas, la realidad del país dice que el 80% de las mismas tienen una superficie menor a una hectárea.  En Galicia las parcelas menores de media hectárea son el 93%, y las de menos de una hectárea, el 98%. Dicho de otra forma: las explotaciones de más de cinco hectáreas no llegan nunca al 5% de todas las pequeñas propiedades.  También en el sur estas pequeñas explotaciones constituyen más del 90% del total de explotaciones de todas clases.  En el sur, las fincas superiores a 250 hectáreas siguen ocupando una superficie que supera en un 50% la de las pequeñas propiedades.

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