LA PRIMERA REPÚBLICA Y EL MOVIMIENTO OBRERO

La abdicación de Amadeo de Saboya en febrero de 1873 creó un clima de reivindicaciones que se tradujeron en los núcleos agrarios andaluces en una multiplicación de los motines y ocupación de tierras, mientras que en las zonas industriales las huelgas se sucedían prácticamente sin solución de continuidad, provocadas por una impetuosa base.

Por otro lado, el apoliticismo fue mal aplicado, ya que en las elecciones de mayo, mientras que por un lado no se presentaban candidatos obreros, por otro éstos votaban (contradicción de la que no se librarían hasta las elecciones de 1936) a los candidatos burgueses.

El triunfo de Pi i Margall y su República Democrática Federal se malograría debido al exacerbado legalismo de éste, impidiéndole contar con el apoyo popular y dando, en definitiva, las riendas de la República a los conservadores.  El 25 de agosto la presidencia pasó a Castelar, adversario del federalismo, apologista de la idea de la autoridad, del poder centralizado y del orden.

De la insurrección cantonal (federalista) que se produjo, destacan, por su propio carácter, los sucesos de Alcoy y Barcelona.

En Alcoy se declaró la huelga general el día 8 de julio de 1873, en la que el serio motivo seguía siendo la reducción de la jornada laboral y el aumento de los salarios (motivos netamente reivindicativos).  La negativa de la Patronal provocó una serie de sucesos que dieron lugar a que el poder pasara a un Comité de Salud, al frente de Quiblur, poco después eliminado, junto con numerosos obreros de la base, por la represión gubernamental.

En Barcelona, la agitación que había comenzado tras los ataques carlistas a la zona se tradujo en una huelga general, en la que los internacionalistas se dividieron en sus sentimientos militares.

Todos estos sucesos sirvieron para que la burguesía, preocupada por la situación, preparara la Restauración.  El brazo ejecutor sería esta vez el general Pavía (enero de 1874).  Las primeras medidas tendieron a minar las asociaciones obreras, tanto en el campo legal (disolución de la Internacional el 10 de enero de 1873) como en el campo de la praxis (detenciones, juicios, deportaciones, etc...)

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