Desde 1918 a 1923 España vive en un estado frenético de violencia social. Pasan doce gobiernos y tres parlamentos. Es una anarquía que no conduce a ninguna parte, más terrible que la de las revoluciones, porque parece haber muerto en la sociedad española el instinto de conservación. Tratan de gobernar los viejos políticos en un afán estéril de recomponer los elencos de turno. No existe ya equilibrio legal, ni cierto ni fingido. La oligarquía continúa atomizándose políticamente. Para sostenerse en el poder cada día necesita más de la fuerza. Es ahora cuando realmente comienza el caos.
La primera guerra europea significó la gran coyuntura de la economía española del siglo XX. Pero la contracción de la posguerra en el mercado europeo provocó una crisis en España. El auge había sido ficticio, no siendo empleado para modernizar la industria ni encauzar la agricultura. Negros nubarrones ensombrecieron el panorama de la economía española.
La exportación de mineral de hierro vasco se redujo más de cuatro veces entre 1920 y 1921. Muchas minas abiertas durante la guerra se cerraron o se vieron muy dañadas, disminuyendo mucho la producción y su valor no sólo de hierro, sino también de carbón, plomo y en general de toda la minería; en 1919 debieron importarse 804.943 toneladas de carbón inglés; la industria algodonera catalana sufrió un colapso al descender la importación de bolas de algodón, y lo que se producía debía ser almacenado, al no poderse vender. La siderurgia tuvo que ser fuertemente protegida; la construcción naval experimentó fuertes pérdidas y las plantas de acero no recibían pedidos. En la agricultura disminuyó mucho el área cultivada, al cerrarse varios mercados extranjeros. En 1922 fue preciso importar 24 millones de quintales de trigo. Al mismo tiempo descendían los precios de las subsistencias alimenticias. Toda esta dramática situación repercutió sobre el comercio exterior, que del superávit cayó en agudo déficit. También el déficit presupuestario español siguió aumentando, y de 1922 a 1923 alcanzó los 1.100 millones de pesetas, que representaron, según Romanones, más de la tercera parte de los presupuestos. Se intentó reformar esta situación, pero, como siempre, imponiendo la principal carga sobre el consumo y el trabajo o emitiendo Deuda del Estado, que en 1922 llegaba casi a los 15.000 millones de pesetas.
Todo esto obligó a una expansión de la circulación fiduciaria y a la consecuente depreciación del valor exterior de la peseta. Nada o casi nada quedaba sano en la vida económica nacional. Y este mal se extendió a la sociedad española, que pasó por unos años en que la lucha de clases se agudizó violentamente. Y a la dialéctica de la violencia social siguió el fracaso del arbitrismo con que se quiso regir la política del país.
Esta situación económica -caída de los precios, paro, etc...- debe quedar como determinante a la hora de explicarnos las huelgas revolucionarias de 1919 a 1923.
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