Maura declaraba que la opinión pública era su norte político, y, sin embargo, lo que los liberales llamaban opinión, él lo rechazaba como obra de demagogos callejeros y de una prensa venal -"El Sonajero"-. Nunca se enfrentó con lo que podía ocurrir si la masa neutral votaba sinceramente por el republicanismo o el socialismo "disolventes", "antipatrióticos", si los votantes a los que pensaba liberar del caciquismo se volvían hacia ellos.
El llamado "juego limpio" de Maura, que habría convenido a la mentalidad de Cánovas, se demostró insuficiente para remediar el hondo abismo moral abierto entre los españoles en el primer decenio del siglo XX.
Maura quiso acabar con viejos achaques de la política nacional, como el caciquismo, aunque su propio gobierno no vaciló en amañar las elecciones y fabricar votos a medida, con lo que seguía desvirtuando el sufragio y la acción parlamentaria. No obstante, se lanzó con ímpetu hacia el desmembramiento del caciquismo mediante la famosa Ley de la Administración Local (que no fue aprobada, pese a provocar el más empeñado debate que registraron las Cortes en décadas: 5.511 discursos) y la Ley del Sufragio de 1909. Por otra parte, marcó las pautas de una política internacional práctica a base de penetración en Marruecos y reorganización de la flota española.
Quizá lo más interesante de la experiencia maurista fue el galvanizar a una juventud desinteresada por el bien público y el atraerse a esa pequeña burguesía, reacia a participar en la vida pública. Este dinámico conservadurismo -"maurismo" lo podemos llamar- será un elemento de choque hasta 1923, fecha en que sus componentes servirán a la Dictadura o se prepararán para abrazar la causa de una República conservadora.
El retraso de la "Solución Maura" explica las paradojas en que, de hecho, se desarrolló su carrera política hasta 1909: liberal hasta la médula, fue reputado como déspota clerical; demócrata, vulneró el sufragio universal; descentralizador, enarboló la vieja bandera unitaria. Lo que habría servido en 1892 era insuficiente en 1907. La Ley de la Administración Local no podía satisfacer a los políticos catalanes, los cuales reclamaban legítimamente un régimen de autonomía para su región. Para llegar a un acuerdo técnico administrativo era preciso alcanzar previamente la pacificación moral. Ésta se veía cada día más lejana desde los incidentes que provocaron unos oficiales del ejército, asaltando determinados periódicos catalanistas en 1905, y, subsiguientemente, desde la votación por el gobierno liberal (Segismundo Moret) de la represiva Ley de Jurisdicciones (1906) y la réplica de la opinión pública catalana, que se movilizó en la Solidaritat Catalana (autonomistas, carlistas y republicanos unidos por una misma causa). Desatadas las pasiones, llevados al Parlamento los argumentos de uno y otro bando, era imposible que Maura alcanzara una decisión intermedia, que habría sido despreciada en Barcelona y derrotada en Madrid.
Por ello, cuando los liberales tiendan a asociarse con la revolución desde abajo o a exigir a Alfonso XIII un sincero programa de reformas y una verdadera reforma parlamentaria, Maura propondrá al rey el dilema: revolución o contrarrevolución; resistencia a las fuerzas de desorden o disolución de la disciplina política. Alfonso XIII se negó a adoptar estos dilemas dramáticos de Antonio Maura a truque del argumento atraccionista apoyado por los liberales. Los mauristas vivieron esta crisis de 1909 como una divisoria de la vida política que terminaría en abril de 1931 con el destronamiento de la monarquía y la proclamación de la República.
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