La actividad política y social de obreros y campesinos tendente a mejorar su situación, en medio de una sociedad burguesa nos invita a echarle una breve ojeada a algunas de las transformaciones sociales de la época que nos ocupa.
Las múltiples articulaciones de la sociedad española pueden ser reducidas a este esquema:
En la España norteña encontramos una alta burguesía vasca siderúrgica y bancaria, una burguesía minera asturiana y una burguesía textil catalana. Junto a ellos, el obrero metalúrgico vasco, el minero asturiano y el obrero textil catalán (nuevo proletariado industrial), o sea, el trabajador que no es dueño de los medios de producción, a cambo de su trabajo recibe un salario de los empresarios capitalistas.
En la España meridional vemos una oligarquía basada en la vid, el cereal y el olivo, débil en su número, pero con un enorme poder económico y social. A su lado, hombres numerosos, desheredados, analfabetos, cargados de hambre y de pobreza: viejo proletariado rural, o sea, trabajadores del campo que no tienen ningún vínculo posesorio con la tierra cuya propiedad plena, individual y acotada pertenece a otros. Junto a jornaleros y aparceros existen los que, sin ser dueños, utilizan la tierra como colonos, aparceros, arrendatarios, efiteutas, etc...
En la sociedad burguesa, el proletariado se encuentra totalmente maniatado, ya que los principios de igualdad ante la ley y otros derechos políticos son inoperantes para sus intereses. Además, las relaciones entre burguesía y proletariado se ven regidas por la ley de la oferta y la demanda, por lo que el obrero se ve obligado -y ésta es la realidad- a aceptar un salario mínimo, porque, de no ser así, siempre hay otro proletario sin salario alguno -consecuencia del empuje demográfico- dispuesto a cubrir su puesto.
Volviendo sobre el esquema, durante la época de la Restauración, de 17 millones de españoles, 15 millones pertenecían a las clases obreras y al proletariado agrícola. Sobre estas clases recae un tremendo analfabetismo del 75,52% en 1860, 72,01% en 1877, 68,01% en 1887 y 63,78% en 1900.
En 1900 casi el 64% de la población no sabe leer ni escribir. Varias provincias sobrepasan el 70% de analfabetismo: Orense, La Coruña, Badajoz, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Murcia, Málaga, Córdoba, Baleares, Canarias. Incluso Jaén y Granada sobrepasan el 80% de analfabetismo.
¿Quiénes controlan entonces el poder económico, social y político? El censo electoral nos dice que tienen derecho a voto aquellas personas que tributen de contribución directa una cierta cantidad (400 reales en 1858; 200 reales a partir de 1865). Los electores son, por tanto, el 1,02% o el 2,67%. Éstos son los que dirigen social, económica y políticamente a la gran mayoría.
No se puede decir, sin previos comentarios, que en 1890 había en España 7.112.917 propietarios, cuando realmente eran sólo 121.778 personas las que contribuían directamente con más de 300 pesetas anuales, olas que gozaban de sueldos superiores a 1.250 pesetas anuales. El resto pertenecía al grupo de desheredado, controlados por una minoría. Ésta -dirá un político de la época, Moret- la constituían doce familias.
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