Castelar y Salmerón rehusaron formar gobierno, y Pi, que no sabia o no quería utilizar en provecho de sus ideas los poderes personales que le brindaban las circunstancias porque no podía traicionar su conciencia o porque carecía de capacidad de mando, se vio a merced de unas Cortes sin experiencia, en un ambiente sedicioso y con unas nulidades en el gobierno, elegidas por menos de la mitad de los diputados.
La conciliación era la única forma de gobierno y, lejos de utopismos republicanos, Pi planteó una revisión de los peligros por los que atravesaba el régimen y la política que él mismo se proponía realizar.
Para evitar que el ejército se convirtiera en el instrumento de los partidos políticos, había que tratarlo con justicia, licenciar y recompensar a los soldados que hubieran servido lealmente; reducir la deuda y acortar los gastos hasta que la Constitución aprobara las atribuciones fiscales de los estados federales; separación de la Iglesia del Estado y sometimiento de aquélla a las leyes de asociaciones ordinarias; enseñanza libre y obligatoria; necesidad de ampliar la base de apoyo de la república introduciendo a la clase trabajadora en la vida política; hacer una reforma agraria y desamortizar beneficiando a los labradores sin tierra; establecer jurados mixtos; regular el trabajo de los niños o intentar dar cultura a los obreros.
Muchos de estos puntos sólo eran meros enunciados, y para realizar otros el gobierno necesitaría un tiempo que no iba a tener.
La debilidad del gobierno y la imposibilidad de acordar una política común se hizo patente al abordar los problemas financieros y la continua oposición de los intransigentes en las Cortes y en las provincias. Si a esto le sumamos el empeoramiento de la situación en el frente de la guerra carlista y las continuas noticias de nuevos disturbios en Andalucía y Levante, veremos que la continuación de Pi y Margall en el poder era absolutamente inviable. La conciliación de Pi era una política impracticable, por cuanto su doctrina federalista era la que alentaba las subversiones locales generadoras del cantonalismo. Pi buscaba el apoyo de Castelar y, sin embargo, entre los cantonalistas y los republicanos de la derecha no había nada en común. El federalismo se hacía inviable, ya que mientras unos estaban dispuestos a sacrificarse en aras del orden, otros lo sacrificarían en aras de los odios locales. El extremismo social de los intransigentes era palabrería, ya que sus programas de reforma social o económica estaban vacíos y la negativa de la Internacional obrera a aceptar su mano era la mejor prueba del poco valor que se concedía a sus radicalismos.
O se resistía a los cantones o se les hacía concesiones. Las Cortes viraron hacia la derecha y eligieron presidente a Salmerón, profesor de metafísica, ideólogo, racionalista, austero, sin fe religiosa. no se diferenciaba mucho de sus predecesores, Figueras y Pi Margall, ni de su sucesor, Castelar.
Salmerón, apoyado por la derecha, tenía un sentido vivo de la autoridad y de la ley, como declaró en las Cortes:
"El Gobierno de la República lleva seis largos meses de existencia y no ha sido aún elevado a la categoría de un Gobierno de derecho en la apreciación de los gobiernos de Europa; vivimos en un completo aislamiento; nos estiman casi todas las naciones de Europa como un verdadero peligro... A una sola condición podemos esperar el reconocimiento y el concurso de la Europa para nuestra República, y esta condición es mostrar que no es inherente a la organización republicana el virus de la demagogia y que hay virtud bastante en nuestro Gobierno para vencerla, castigarla y extirparla.."
Con este criterio dio órdenes a los generales Pavía y Martínez Campos, mal vistos por los republicanos, para que batieran la insurrección cantonal.
Su hostilidad a la pena de muerte y sobre todo su incapacidad para someter el cantón de Málaga le obligó a dimitir el 6 de septiembre. Desde esta fecha al 3 de enero de 1874 ocupará la presidencia Castelar.
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