Concha, presidente del Consejo de Ministros, abandonado por Isabel II, trató de defender una causa perdida. Por fin, hizo entrega del poder a una junta de progresistas y unionistas, dirigidos por Pascual Madoz.
Los demócratas, escaldados por los hechos de la revolución de 1854, decidieron no quedar excluídos, formaron otra junta, y su jefe, Escalarte, abrió el arsenal de Madrid y entregó armas al pueblo.
El 3 de octubre entraba en Madrid el general Serrano y poco después lo hacía Prim, en medio de un entusiasmo delirante. el 7 de octubre quedaba formado un gobierno provisional presidido por Serrano, y con Prim, Topete y Sagasta como ministros de Guerra, Marina y Gobernación. Los otros ministros -Fuiguerola, Ruiz Zorrilla, López de Ayala, Lorenzana, Romero Ortiz- eran progresistas y unionistas . Al demócrata Rivero, que rehusó un puesto en este gobierno, en el que también quería incluir a Martos o a Becerra, se le confirió la alcaldía de Madrid: puesto popular y fermento para su política posterior.
Tanto la junta de Madrid como las elegidas en las provincias por sufragio universal eran clara expresión de la soberanía popular. Madrid se había arrogado el poder nombrar a Serrano y el ser cómplice de los acuerdos tomados por Prim y Serrano, hecho que será citado por los federales, ya que la junta de Madrid no tenía derecho a dictar sobre todo el resto del país.
Tenemos, de todas formas, a unas junta auténticamente revolucionarias y a un gobierno mucho menos auténtico y poco dúctil a seguir una política popular, aunque de momento no quisiera desengañar a sus colaboradores y no se pudiera mostrar remiso a admitir el programa demócrata:
"Sufragio universal; libertad de cultos, de enseñanza, de reunión y asociaciones pacíficas, de imprenta sin legislación especial; descentralización administrativa, juicio por jurado en materia criminal, unidad de fuero en todos los ramos de la Administración de justicia, inamovilidad judicial, seguridad individual e inviolabilidad del domicilio y de correspondencia, y abolición de la pena de muerte".
Otras juntas, como la de Zaragoza, pedían la separación absoluta y radical de la Iglesia y del Estado, con todas sus consecuencias, como institución del matrimonio civil, etcétera.
La junta de Madrid, espoleada por la vehemencia de las de provincias, que amenazaban con obrar de la forma que "más conviniera a los intereses de la patria y de la libertad", tuvo que extremar su celo revolucionario prometiendo trabajo a todos los obreros con un jornal mínimo de siete reales y medio, o disponiendo la extinción de todas las comunidades y asociaciones religiosas establecidas o creadas por los anteriores gobiernos desde 1835, más la exclaustración voluntaria de todas las comunidades, abolición de sus privilegios, etc.
La revolución en marcha imponía soluciones democráticas a los problemas planteados. La república tenía mucho adelantado y el pueblo se dejaba llevar fácilmente hacia el republicanismo. Ya el 11 de octubre, en una reunión de demócratas, se acordaba por aclamación que "la forma de gobierno de la democracia española no podía ser otra que la república federal".
Juntas y república eran los dos temas que padecía la autoridad del gobierno. Prim logrará con éxito persuadir a las juntas revolucionarias de Madrid de la conveniencia de su disolución por acuerdo propio aunque le resultó más difícil desarmar a los "Voluntarios de la Libertad", formada por clases populares insobornables.
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