3 jun. 2012

LA DESAMORTIZACIÓN O ASALTO BURGUÉS AL PODER ECONÓMICO PRIVILEGIADO

Ya hemos apuntado que el problema jurídico o pleito dinástico entre carlistas e isabelinos no es sino un pretexto superficial que sirve para desencadenar el conflicto entre dos tendencias políticas, entre dos grupos sociales, entre dos clases que se esfuerzan por destruir o defender las estructuras socio-económicas del antiguo régimen, que en España habían pervivido gracias al absolutismo de Fernando VII.
Remozaremos algunos aspectos expuestos al hablar del siglo XVIII: el antiguo régimen se fundamentaría en la sociedad estamental.  Un estamento (clero, nobleza, estado llano) es una agrupación social hermética, con funciones políticas específicamente reservadas, regida por una ordenación jurídica peculiar a cada uno de los mismos.  Así, un noble no podía, aunque quisiera, repartir sus tierras entre sus hijos, o venderlas a un plebeyo, sino que debía transmitírselas íntegras a su primogénito: "mayorazgo".  De esta forma, las grandes casas nobiliarias serían siempre fuertes económicamente y podrían seguir desempeñando sus funciones sociales.  También el clero era un estamento poderosísimo en la España del antiguo régimen; su base económica la constituían una masa  enorme de bienes vinculados que producían poco: "manos muertas".  Así mismo, los municipios contaban con tierras vinculadas; tierras de pastos y tierras baldías correspondían a estos ricos municipios: bienes "comunales", "realengos", "de propios".  La desamortización trató de "desvincular" estas tierras de sus propietarios para que pudieran ser vendidas, enajenadas o repartidas.  Era quitarles al clero, nobleza y municipio su fuerza económica; era sustituir la vieja sociedad estamental del antiguo régimen por una sociedad clasista, y en la que la clase social era una agrupación abierta, sin ningún estatuto jurídico privilegiado, pero definida por la posesión o no posesión de unos bienes económicos, libremente enajenados en todo caso.
La desamortización también podía suponer la posibilidad de dar tierras a unos campesinos que no las tenían; hacer que las tierras "vinculadas" produjesen más, puesto que los nuevos compradores harían más caso de sus tierras que los antiguos dueños, y, de paso, la creación de unos nuevos propietarios, interesados en el mantenimiento de un régimen político, a cuya suerte iría unida la de su fortuna personal.
Cuando a la muerte de Fernando VII el intransigente "integrismo" económico, social, religioso... llama a una guerra santa contra los liberales (como ya hizo en 1808 contra los franceses), sólo van a acudir al tañido una pequeña parte del campesinado del nordeste; el resto confía que el liberalismo solucione los problemas agrarios y satisfaga el hambre de tierras quitándoselas a las manos muertas privilegiadas.  No vamos a asistir, por supuesto, a una revolución agraria socialista, sino al asalto del poder económico, hasta entonces detentado por el clero y la nobleza, por parte de la naciente burguesía.  Los efectos de la desamortización eclesiástica, de la desvinculación de los bienes sujetos a mayorazgos, de la supresión de la Mesta y de la abolición de los señoríos jurisdiccionales, gracias a la acción revolucionaria de los liberales, deben ser valorados en sus justos términos, por cuanto suponen la ruptura con una etapa histórica y montan las premisas de otra etapa histórica por la acumulación capitalista y los profundos cambios en la estructura de la producción.

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