Pi y Margall, preocupado por una organización efectiva, invitó a los representantes de los "pactos" a reunirse en Madrid, donde el 30 de junio firmaron un Pacto Nacional. Pero pronto se puso al descubierto la ineficacia de esta organización de cara a realizar una política de oposición, ya que los pactos eran federales, soberanos y responsables ante sus comités. El Pacto Nacional quedaba también sin fuerza ni vigor, ya que los diputados republicanos, por el hecho de serlo, estaban comprometidos a una política legal de oposición, cosa que aceptaban los comités de los pactos porque dependían de las circunstancias locales. Pi y Margall no podía suprimir los sentimiento regionales porque le repugnaba someterlos a la corporación central, pero, al mismo tiempo, ésta era la causa dela confusión de responsabilidades entre los "pactos" y el "Pacto Nacional". Todo ello se traduciría en la carencia de eficacia y en la debilidad para hacer viable el federalismo.
El federalismo catalán -con varios periódicos- estaba sensibilizando la vida política de Barcelona, captando los intereses de las clases trabajadoras, pero haciéndose cada vez más independiente de Madrid, que, a su vez, carecía de una fuerte jefatura central. Al mismo tiempo que la prensa federal crecía en beligerancia hacia el gobierno, Pi y Castelar rehusaron los ministerios de Hacienda y fomento que les ofreció Prim; para Pi y Margall aceptar este compromiso hubiera supuesto dar una bofetada a los republicanos de las provincias.
Sagasta, ministro del Gobierno, ante la marcha de los acontecimientos prohibió las manifestaciones republicanas de todo tipo al considerar que los derechos de reunión y libre expresión, aunque garantizados por la Constitución, eran "lastres en el cuello del gobierno".
Este decreto amenazaba la existencia de los federales. En Barcelona fue acompañado de la orden de desarmar a la milicia. Ésta fue la señal para que se levantaran las barricadas, a las que se unieron el descontento de las "quintas" y el malestar social y económico. Sin embargo, las milicias del gobierno habían dominado en pocos días las revueltas, pese a que Suñer y Capdevilla contaban con varios miles de hombres armados en el Ampurdán, y los hermanos Castejón, Lastau y Jubany, con numerosas cuadrillas en Lérida y en el llano de Barcelona.
En Andalucía, las ciudades grandes estaban fuertemente guarnecidas, por lo que los levantamientos se centraron en ciudades más pequeñas: Utrera, Carmona y Puerto de Santa María. Se cortaron las comunicaciones. En Carmona se proclamó la República; y de la barricada, la lucha se desplazó al campo y al monte, donde luchaban Salvoechea, Guillén y Paul y Angulo. El levantamiento de Alicante fracasó, siendo fusilado su dirigente, Froilán Carvajal. Orense, Rispa y Estévanez tampoco tuvieron éxito en levantar Béjar.
Ante esta situación, las Cortes se abrieron el 1º de octubre. Figueras, Orense, Castelar y Pi y Margall no condenaron los actos de sus correligionarios, defensores de la pureza del espíritu revolucionario. Atacaron al gobierno, acusaron a Prim de tender a la dictadura y abandonaron el salón de sesiones.
El proyecto de suspensión de garantías constitucionales se hizo ley el 5 de octubre. Era imposible armonizar los derechos individuales amplios con las exigencias de un Estado sin un ejecutivo fuerte. Los republicanos atacaron al gobierno por haber sacrificado las conquistas revolucionarias.
La insurrección seguía en Carmona, Medina-Sidonia, Arcos de la Frontera, Puerto de Santa María, Alcalá de los Gazules, Reus, Valls, Balaguer, Barbastro, etc...
Los levantamientos más terribles fueron los de Valencia y Zaragoza. Los federales locales se resistieron a ser desarmados. En Valencia duró seis días y lucharon unos 6.000 federales contra 23.000 soldados. En Zaragoza, los federales se vieron apoyados por los campesinos que habían llegado a la ciudad.
El 19 de octubre de 1869 el alzamiento estaba vencido y Prim cantó victoria en las Cortes.
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