CONSECUENCIAS DE LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL (I)

La desamortización  fue una reforma agraria necesaria que se hizo mal. Es cierto que los señoríos desaparecieron, pero las normas de vida medieval permanecieron en el campo.  Los especuladores o los ya propietarios de las tierras enajenadas, que poseían títulos de la Deuda y facilidades de inversión, fueron los beneficiarios de las subastas, y en modo alguno los campesinos modestos.  Como enorme despojo y definitivo desheredamiento del campesino pobre fue considerada la desamortización por los historiadores, políticos y economistas del XIX, en especial los católicos, republicanos y colectivistas.  Este triunfo del especulador burgués y del rentista sobre la justicia social y el interés nacional fue subrayado, entre otros, por Flórez Estrada, Pi y Margall y Joaquín Costa.

Es cierto que entraron en cultivo muchas tierras que antes no lo estaban, pero, al parecer, las familias más poderosas conservaron intactos sus  patrimonios, a pesar de la desvinculación.

Por otra parte, se dio lugar a que la roturación de la vieja propiedad municipal asentara a campesinos famélicos sobre tierras no aptas para el cultivo en propiedad individual.  La venta de estos bienes provocó un desastre social al arrebatar a la población marginal su medio de vida, y un desastre nacional porque favoreció el desarrollo de la deforestación y de la consecuente erosión del suelo.

La desamortización no cumplió sus fines últimos: movilizar la estructura agraria, desintegrar los latifundios, crear una clase media de campesinos, arreglar los problemas de la Hacienda.  Nada de esto se consiguió.  Las medidas desamortizadoras estuvieron viciadas desde el primer momento por motivos fiscales y motivos políticos, como el asegurar el trono a Isabel II y el poder a los liberales.  Quede claro que lo que deseaban los radicales, conocedores de la Revolución Francesa, era un campesinado revolucionario y una burguesía rural de izquierdas, una "familia numerosa de propietarios campesinos cuya prosperidad y asistencia dependiesen de las instituciones coetáneas", pero la posición política de los moderados, los caciques, los especuladores... lo impidió.

Los especuladores de la ciudad pugnaban por lo que quería y unos y otros se contagiaban del furor para adquirir aquellas gangas.  En esta gama de especuladores entraban todos.  Los católicos fueron los grandes compradores de bienes nacionales, y los moderados y conservadores quienes sostuvieron la necesidad de la obra desamortizadora.  Derrotaron a los millones de campesinos desesperados que hubieran querido comprar y pagar a largos plazos, pero en efectivo.  Contra lo que se ha dicho el procedimiento no estuvo viciado en la tasación, sino en la aceptación del "papel" en lugar de la moneda.

Pero ni aun así lograron sanearse las finanzas públicas, y el esperado maná se diluyó en trámites burocráticos, al quedar reducida la propiedad a los títulos de la Deuda, fácilmente escamoteables.  Además, el montante de la Deuda, en vez de disminuir, aumentó considerablemente.  

Mendizábal, si bien animado de los mejores deseos en favor del crédito, lo sacrificaba inconscientemente a otro propósito que dominaba su ánimo por encima de toda consideración.  Temía el gran revolucionario verse reemplazado en el poder por los moderados, adversarios de la expropiación eclesiástica, y quería ante todo buscar sostenedores de sus medidas en los compradores nacionales.  Para mejor atraerlos, dispuso que el pago de dichos bienes se verificase dando a dichos compradores diez años de plazo, dentro del cual entregarían al Estado, en vez de dinero, papel, cuyo valor venía a ser el 10%.  Compréndase, pues, que los bienes de los frailes y monjas se vendiesen rápidamente y fuese la dotación del festín que, en poco más de dos años, entregó a los más aventurados y resueltos, 2.000 millones en bienes raíces, enajenados a cambio de 4.000 millones en papel que hubiera podido comprarse en el mercado con un desembolso no superior a 700 millones.

He aquí, pues, 2.000 millones regalados en cierto modo a los compradores, sin beneficio alguno para el Estado, pues no supo evitarse la triste necesidad de suspender el pago de los intereses de la deuda exterior, cuyos tenedores no habían cesado desde 1836 hasta 1851, en que se verificó el arreglo de la deuda de Bravo Murillo, de lamentarse de que eran víctimas de la mala fe de España, cuando en realidad sólo lo eran de la ignorancia de los políticos y su estrechez de miras.

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