ÚLTIMOS AÑOS DEL REINADO DE FELIPE II (III)

Diversos incidentes se venían acumulando desde años atrás, todos ellos bajo el signo del deseo de Felipe II de recortar los fueros aragoneses, bajo los que sobrevivían las más anticuadas y rígidas estructuras feudales que quedaban en las Españas. Pertrechados tras sus privilegios y tradiciones, los nobles aragoneses detentaban un poder omnímodo sobre sus vasallos. Los funcionarios señoriales eran quienes se encargaban de regir a aquellos pueblos, los que percibían sus impuestos y administraban justicia en los tribunales señoriales. La clase popular intentaba escapar a la jurisdicción señorial acogiéndose a la jurisdicción real, de modo que la Corona y los campesinos coincidían plenamente en este punto: restringir la soberanía señorial, única forma de que se acrecentase, por una parte, la soberanía real y de que se aliviasen, por otra, las fuertes cargas que echaban sobre los campesinos sus señores.
La designación de un virrey castellano para Aragón, en 1588, fue considerada por los nobles aragoneses como una flagrante violación de sus fueros. El marqués de Almenara, que así se llamaba el virrey, tuo que huir de Aragón de prisa y corriendo, mientra que los revoltosos ponían fuego a su casa. Mas Felipe no estaba dispuesto a retroceder un solo paso. En 1590, Almenara vuelve a Aragón con nuevos poderes y con renovada decisión de imponer la autoridad real. Para conseguirlo, el máximo obstáculo legal que existía estribaba en que era necesario que el Tribunal de Justicia aragonés revalidase su título de virrey. Dicho tribunal estaba formado por cinco miembros nombrados por el rey, y otros diceciséis, nombrados por las Cortes aragonesas. Lo presidía un magistrado, el Justicia Mayor de Aragón, cargo que, si bien podía ser designado directamente por el rey, de hecho venía recayendo tradicionalmente en los miembros de una noble casa aragonesa, los Lanuza.
Las pretensiones de Felipe II tendían a asestar un golpe a los feudalistas aragoneses, y éstos, por su parte, estaban dispuestos a jugarse el todo por el todo para defender sus fueros. En estas circunstancias, Antonio Pérez escapa de la cárcel de Madrid, donde, como se recordará, los tenía preso Felipe II desde los días de 1579. A uña de caballo, Pérez traspasa clandestinamente la frontera de Aragón, y en Calatayud se acoge a lugar sagrado.
Los oficiales reales nada podían hacer contra él. En efecto, segun los fueros de Aragón, el Tribunal de Justicia tenía competencia sobre aquellos acusados que manifestasen estar amenazados por los funcionarios reales. En caso de darse tal "manifestación", como ocurría a Antonio Pérez, el Tribunal de Justicia ponía bajo su protección al manifestante, custodiándolo en la cárcel foral hasta el momento en que fuese juzgado por jueces competentes.
Felipe II, viendo que Antonio Pérez se le escapaba de entre las manos, recurrió a una hábil maniobra. Si entablaba un proceso civil contra Pérez ante el Tribunal de Justicia aragonés, se corría el peligro de poner en discusión fundamentalmente su propia autoridad frente a los fueros aragoneses. Por esto, optó por entablar contra él un pleito religioso; asi pues, hizo que se le acuara de herejía, materia en la que sólo tenía competencia el Tribunal de la Inquisición, que, como se sabe, extendía su jurisdicción por igual a todos los reinos de España. En consecuencia, el Tribunal de la Inquisición de Zaragoza reclamó la persona de Antonio Pérez, que fue trasladado desde la cárcel foral hasta la cárcel de la Inquisición, que se encontraba a la sazón en el castillo de la Aljafería. Pero no tardó el acusado en recorren el camino de vuelta a la cárcel foral. Las autoridades aragonesas presionaron igualmente para que les fuese devuelto. El 24 de septiembre de 1591, un tumulto popular, instigado por los fueristas, puso en libertad a Antonio Pérez. Después de permanecer oculto algún tiempo, el antiguo secretario de Felipe II se puso a salvo al otro lado de la frontera francesa, tras haberse convertido para los nobles aragoneses en el símbolo de sus libertades forales.
En Aragón, efectivamente, se pensó en separar el reino de la Corona castelana y hacerlo una república, que, como se temió en los círculos gubernamentales, podría convertirse para Castilla en un nuevo Flanes. En ralidad, no todos los levantiscos luchaban por amor a las verdaderas libertades de Aragón. En el fondo, se debatía una cuestión de intereses: los de los nobles, en especial la pequeña nobleza y la clase media, los llamados "caballeros de la libertad", que luchaban por mantener el poder feudal frente al poder real o por impedir que un aumento de la influencia castellana les arrebatse los cargos de que disfrutaban dentro de la administración aragonesa. Por este motivo, el movimiento no encontró eco entre las clases populares, a quienes los fueros en nada favorecían; así pues, la revuelta se limitó casi por completo a la ciudad de Zaragoza, donde los rebeldes se apoderaron de la ciudad y convencieron al Justicia Mayor, Juan de Lanuza, y a la Diputación del Reno para que apoyasen oficialmente sus pretensiones. Ni Cataluña ni Valencia se adhirieron al levantamiento. Viendo los revoltosos que no les apoyaba la población campesina cristiana, trataron de lavantar a sus propios vasallos moriscos contra la autoridad real, sin resultados apreciables.
Entretanto, Felipe II había concentrado en Ágrea un ejército de 12.000 hombres, mandado por un veterano de los Países Bajos, el capitán Alonso de Vargas. Se trató de negociar pacíficamente la sumisión de los rebeldes; mas al no conseguirse, Vargas entró con sus tropas en Aragón. Cuando todavía no había llegado a Zaragoza, la oposición se desintegró. Los más radicales huyeron a Francia, entre ellos Diego de Heredia; otros, como el Justicia Mayor, se refugiaron temporalmente en Épila; mas no tardaron en caer en manos de la justicia real. Juan de Lanuza fue degollado sin proceso. El conde de Aranda y el duque de Villahermosa, cabecillas igualmente de la revuelta, fueron enviados a Castilla, donde desaparecieron misteriosamente en la prisión. La Inquisición se encargó de llevar a cabo la depuración de los elementos desafectos.

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