6 ago. 2012

PRIMEROS PASOS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA (IV)

Las jornadas del 10, 11 y 12 de mayo de 1931 fueron una prueba de la buena o mala voluntad entre el nuevo régimen y la Iglesia.  Los republicanos anunciaban sus deseos de implantar un sistema de escuelas laicas, introducir el divorcio, secularizar los cementerios y hospitales, reducir el número de las órdenes religiosas... Ahora bien, el régimen republicano hizo declaraciones de respeto hacia la Iglesia desde los primeros momentos.
El Vaticano, aunque recalcaba que era indiferente a las de los gobiernos del mundo reconociendo rápidamente a formas de gobierno, no siguió el proceder de la mayoría de la República.  Muchos obispos españoles recomendaron obediencia a los poderes constituidos; sin embargo, no los reconocieron, alegando la provisionalidad del gobierno y la no abdicación de Alfonso XIII.
El 6 de mayo el gobierno decretaba que la enseñanza religiosa dejaba de ser obligatoria, pero que sería ofrecida a aquellos niños cuyos padres la solicitaran.  Al día siguiente salía a la luz pública una carta pastoral del cardenal primado Segura, que apelaba a una cruzada femenina para defender una Iglesia que se veía atacada por un régimen al que comparaba con los más extremistas.
El día 10 de mayo, con motivo de la inauguración de un centro monárquico, colocaron un gramófono en la ventana de un piso en los alrededores de la plaza de la Cibeles (Madrid), y con un amplificador pusieron el disco de la Marcha Real.  El numeroso público se fue concentrando y se dirigió al edificio del periódico ABC (monárquico acérrimo).  Una pronta intervención de la Guardia Civil salvó los establecimientos de ese diario.  Hubo dos muertos y varios heridos entre los manifestantes.
El gentío se concentró en torno a la Puerta del Sol, pidiendo, entre otras cosas, la expulsión de las órdenes religiosas, la disolución de la Guardia Civil y la destitución del ministro de la Gobernación, Miguel Maura.  Éste pidió permiso a sus colegas del gobierno para llamar a la Guadia Civil.  El gabinete se negó, estando dispuesto a todo, menos a "sacar un tricornio a la calle contra el pueblo".  Decidió reunirse a primeras horas del día siguiente para seguir de cerca los acontecimientos que se avecinaban.
El gobierno, que estaba aprendiendo a gobernar, según algunos, era partidario de dar muestras de templanza, desde la premisa de que la autoridad debía ser paternal.  Pronto llegaron noticias de que estaban ardiendo algunas iglesias y conventos.  El gobierno todavía lo calificaba de "fogatas de virutas".  Maura seguía obstinado en su idea de hacer intervenir a la Guardia Civil.  Azaña replicó con aquella célebre frase de que "todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano".  Maura amenazó con dimitir si no salían las fuerzas de orden público a poner orden en las calles.  El gobierno se negó a ello y no aceptó la dimisión de Maura, pero declaró el "estado de guerra" y utilizó al ejército para restablecer el orden, con lo cual "al minuto" se acabaron los incendios.
En Sevilla, Cádiz, Valencia, Alicante y Málaga fueron atacados e incendiados otros conventos e iglesias de la misma manera.  El gobierno modificó su postura  y concedió a Maura poderes absolutos para utilizar a la Guardia Civil y el ejército, para nombrar y destituir gobernadores, etc.   Las esperanzas puestas en el éxito de las tácticas de la persuasión  habían resultado infundadas.
Varias decenas de iglesias fueron atacadas.  Felizmente no hubo víctimas entre los sacerdotes y las monjas.  Sin embargo, fueron destruidos los laboratorios de la Escuela Industrial y Técnica de los jesuitas en Madrid y muchas obras de arte.  El gobierno, el PSOE, la UGT y otros partidos republicanos condenaron los incendios.
Pero ¿quiénes eran los incendiarios?  Se hablaba de una provocación de los anarquistas, de una minoría de exaltados sin etiqueta política concreta o de grupos de provocadores que instigaban odios elementales a los incendiarios.  Es difícil responder con seguridad.  Fue, sin embargo, evidente que un sector de la población urbana española había tolerado ese ataque a la Iglesia, lo cual demostraría que no era la totalidad de la población española que profesaba la religión católica, como había afirmado el cardenal Segura.
Siguiendo las palabras de Miguel Maura, político republicano católico, diremos que este prelado se distinguió desde el primer momento por su oposición al régimen republicano.  Había sido promocionado por Alfonso XIII desde Las Hurdes-Coria.  Era en aquel momento cardenal de Toledo y primado de España.  Ya hemos dicho que lanzó una pastoral censurando los actos del gobierno.  Radicalizaron su posición los siguientes puntos de un decreto aparecido en "La Gaceta" del 22 de mayo:

"Artículo 1º.  Nadie, en ningún acto de servicio ni con motivo de su relación con órganos de Estado, está obligado a manifestar su religión: en su virtud, los funcionarios, así civiles como militares se abstendrán de inquirir sobre las creencias religiosas de quienes comparezcan ante ellos o les estén subordinados.
Artículo 2º.  Nadie está obligado a tomar parte, cualquiera que sea su dependencia respecto del Estado, en fiestas, ceremonias, prácticas y ejercicios religiosos.
Artículo 3º.  Todas las confesiones están autorizadas para el ejercicio, así privado como público, de sus cultos, sin otras limitaciones que las impuestas por los Reglamentos y por la ley de Orden Público."

A pesar de que el nuncio Tedeschini exhortaba a la sensatez, se agrandaban las diferencias entre prelados y jefes de organizaciones católicas con el régimen.
El gobierno solicitó de la Santa Sede la remoción del primado.  Segura fue llamado a Roma, regresando a España a la semana siguiente, para acabar siendo expulsado a Francia, instalándose en la zona de los Pirineos franceses.  Desde allí llevó a cabo una labor de defensa, según sus criterios, de los bienes de la Iglesia.  Su secretario fue sorprendido en uno de sus habituales viajes con informes donde se defendía la tesis de que los bienes de la Iglesia y los conventos de España podían ser enajenados y su producto exportado al extranjero, por tratarse de bienes exentos de fiscalización por parte del Estado.  Se le incautaron también documentos, firmados por el primado y sellados con el escudo de Toledo: en ellos se ordenaba a los párrocos que procediesen a la venta, "por lo mejor", de cuanto bienes muebles y valores poseyesen las parroquias e iglesias y tuvieran apercibido el importe.  La discreción de Maura con estos documentos hizo que no estallara una auténtica guerra religiosa.
El cardenal continuó su acción.  Así fue sorprendido en Guadalajara la víspera de dirigirse, en una reunión,  todo el clero alcarreño.  Fue detenido y puesto de nuevo en la frontera francesa.  En 1937, el cardenal sería designado por el gobierno nacional de Franco para la mitra de Sevilla, donde su actuación creó también problemas a la autoridad militar y al gobierno.  La Santa Sede, por fin, le ordenó que se recluyese en un monasterio burgalés, a lo que desobedeció, permaneciendo en el palacio arzobispal sevillano hasta su muerte.

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