Al partido progresista le salen al paso dos posturas no conformes con su actitud compromisaria. Por la izquierda, los exaltados achacarán al partido progresista el haber traicionado la democracia. Estos radicales ya no aceptan el binomio Trono-Libertad, y acudirán, más allá del partido progresista, a una República universal, a un partido demócrata.
Por la derecha salen los moderados del Estatuto Real de 1834. Estos hombres reconocen la honradez progresista al deshacerse de la izquierda más radical, pero no pueden tolerar que hayan subido al poder violentamente atacando a los intereses sociales establecidos. Los moderados aprovecharán la coyuntura bélica, el miedo de las clases medias y el, a veces, conservadurismo natural del país.
Los moderados, contando con la simpatía de la reina regente, se decidirán a expulsar a los progresistas de los cargos gubernamentales y a implantar su orden público eliminando a la izquierda radical; esto es, según ellos, revolución permanente y revolución permanente anárquica.
Desde finales de 1837 se aprecia una acentuada subida de la facción moderada, aunque este ascenso sea inestable, debido a la aparición de los militares en la dirección política del país. No obstante, la ventaja de los moderados sobre los progresistas cristalizará, en marzo de 1840, en el proyecto de ley municipal, propuesto por la mayoría moderada y que suponía un ataque a la Constitución progresista de 1837. Esta ley de Ayuntamientos es vital para el poder público por la enorme importancia de las autoridades municipales en los censos y elecciones. Los moderados, partidarios del centralismo, desean restringir los sufragios elevando las contribuciones, al tiempo que estas autoridades locales quedan uniformadas y subordinadas a los gobernadores provinciales y al gobierno central. También, en su deseo de monopolizar el poder, quieren, con esta ley partidista, eliminar la fuerza electoral progresista en las ciudades, aunque ello sea a costa de destruir la independencia municipal, y estas características democráticas las consideran parte inherente de la Constitución vigente. Si los moderados, en unas Cortes ordinarias y con el apoyo de la Corona, trataban de imponerse, los progresistas acudirían a la rebelión legal, a la revolución como una obligación, ya que los ayuntamientos, depositarios de la voluntad nacional, podían pronunciarse al haberse visto atacados en lo más vivo por unas Cortes corrompidas.
Este nudo sólo podía soltarlo el ejército y su prestigioso jefe, Espartero. De hecho, ya desde 1837, la voluntad de Espartero se había impuesto a cuantos ministerios no le placían: los de Bardají, Ofalia, duque de Frías y Pérez de Castro, cuatro gabinetes entre agosto de 1837 y diciembre de 1838.
La preponderancia de los soldados sobre los civiles la simboliza el prestigio militar de Espartero. Los moderados, a pesar de considerarlo un imbécil, tratarán de ganarse su simpatía, pero los progresistas le harán protector de la libertad y mural de una reacción que ellos no podían ya detener. Espartero, "caballo terco" y político simplista, cada día ve más claro y acabará convenciéndose de que la voluntad popular se identifica con el partido progresista.
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