MINISTROS Y CONSEJOS

Los organismos más importantes del poder central eran las secretarías o ministerios y los consejos.

Las secretarías del rey son anuladas en el siglo XVII por el poder de los validos.  El número de secretarios o ministros oscila en el siglo XVIII de dos a siete, aunque normalmente hubo cinco ministerios: Estado o Asuntos Exteriores, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina e Indias.  Se crean, además, tres direcciones: de Rentas, Real Hacienda y Comercio de Indias.  Los ministros absorben atribuciones de los consejos y se convierten en los principales responsables en la obra d gobierno, cobrando especial importancia en los reinados de Fernando VI y Carlos III.

Los consejos eran cuerpos consultivos y deliberantes y tribunales de apelación.  Existen consejos de Estado de Indias, Órdenes, Guerra, Hacienda, Inquisición, Cámara de Castilla y sobre todo el Consejo de Castilla, el más poderoso.

El Consejo de Castilla es un organismo jurídico y administrativo.  Cualquier nombramiento para un cargo público ha de pasar necesariamente por el consejo.  Carlos III introduce reformas importantes en 1766, nombrando un tercer fiscal y elevando a treinta el número de consejeros.  Su presidente (Aranda, a partir de 1766) era el primer personaje de Estado, después del rey.  Sus fiscales entendían en todas las cuestiones que consideraban de interés.  El consejo tenía dividida a España en siete circunscripciones, y eran los consejeros los que tenían bajo su mando toda la administración provincial.  En la práctica, ejercía el poder legislativo.  Sus sentencias y representaciones tenían fuerza de ley con la aprobación expresa o tácita del soberano.  Convocaba las Cortes por ser supremo tribunal administrativo, y como tribunal de justicia, entendía en casos de altra traición y lesa majestad.  El Consejo de Castilla supervisaba la enseñanza y las ediciones, los intereses económicos y la protección de las regalías.  En una palabra, la legislación, la Iglesia, la instrucción pública, la economía y la justicia están supeditadas al Consejo de Castilla, o, como dice Desdevises du Dezert, éste era simultáneamente un comité legislativo, un consejo político, el centro de la administración y un alto tribunal de justicia administrativa, civil y criminal.  En suma, si se paralizaban los engranajes del consejo, quedaba rota la vida polítco-administrativa del país.  Veremos lo que ocurre en 1808.

El Consejo de Estado, al desbordar sus funciones de política exterior, se constituye en supremo órgano gubernativo y abarca a todos los ministerios.  Destaquemos otra creación de la época de Carlos III: la Junta de Estado, ntegrada por los ministros o consejeros más íntimos del monarca.  Esta junta se parecía bastante al actual Gobierno o Consejo de Ministros.  También observaremos su comportamiento en 1808.

El gobierno regional, con excepción del virreinato navarro, correspondía a las audiencias, que tenían funciones de justicia y gobierno.  Eran presididas por los capitanes generales, con voto en asuntos de gobierno.  Capitanías generales y audiencias son la categoría inmediata a la Junta de Gobierno y al consejo en la jerarquía administrativa.  Durante el siglo XVIII se crean nuevas audiencias en Valencia, Zaragoza, Barcelona, Mallorca, Asturias y Extremadura, aunque pierden sus atribuciones económicas, que pasan a manos de los nuevos intendentes.

El intendente de provincia (representante del centralismo) es un funcionario creado en tiempos de FElipe V para ordenar la administración local, pero con atribuciones de defender la economía y fomentar la agricultura, industria y comercio.

Los corregidores seguían en importancia a las audiencias.  Tenían funciones poíticas y judiciales y fueron perdiendo su carácter judicial, que pasó a los alcaldes mayores.