Concluyamos que la gestión de Graco y Albino había sido francamente positiva. Celtiberia y la zona vascona habían quedado realmente sometidas. Se había acometido la penetración en las tierras de los vacceos. La belicosidad lusitana había amainado. Así pues, mientras que los límites de la Hispania Ulterior no experimentaron cambios acusados, los de la Citerior se ensancharon espectacularmente: la frontera corría desde Jaca hasta Calagurris (Calahorra); desde allí, bordeando el Moncayo por el este, torcía hacia Segontia (Sigüenza). Continuaba por los valles del Henares y el Tajo para marcar un brusco viraje hacia el sur, entre Toletum (Toledo) y Aibura (Talavera de la Reina). Cortando los montes de Toledo y el valle del Guadiana, se unía finalmente a los límites de la Ulterior al noroeste de Iliturgi (Andújar).
Graco y Albino recibieron en Roma los merecidísimos honores triunfales. Sus veteranos fueron repatriados y premiados con pagas extraordinarias. Y durante los 33 años siguientes (178-155) la tranquilidad reinó en las provincias romanas de Hispania.
Pero no faltaron algunos incidentes violentos que merce la pena analizar...
Bien es cierto que de lo que ocurrió durante este lapso bien poco es lo que conocemos, pero sí lo suficiente para hacernos una idea de la catadura moral de los pretores que sucedieron a Graco. El hecho de que el cargo de pretor fuese anual inducía a los elegidos a una carrera de latrocinios para batir las marcas que sus antecesores en el cargo habían fijado, no sólo por el dinero entregado al erario, sino en riquezas adquiridas en provecho propio. Así, muchos de los sucesores de Graco quebrantaron descaradamente los tratados que aquél había concluido con los celtíberos. Los perjudicados trataron de defenderse como pudieron. No faltaron revueltas armadas, pero ante el convencimiento de que por la fuerza nada iban a conseguir, salvo endurecer el trato que recibían de los pretores, al final optaron por enviar legados a Roma para que denunciasen ante el Senado las rapiñas y el régimen de terror impuesto por los enviados de Roma, en violación flagrante de los tratados existentes.
En el año 171 ya estaban en Roma los diputados. No faltaban allí hombres honestos que hicieron lo posible para que se creara un tribunal encargado de exigir responsabilidades a los culpables. A. Canuleyo fue designado para instruir la causa. M.P. Catón y P. Escipión Nasica fueron nombrados patronos o defensores de la provincia Citerior, y L. Emilio Paulo y Sulpicio Galo, de la Ulterior. Pero el Senado no estaba dispuesto a consentir que se tirara de la manta y descubriese toda la verdad. Por lo pronto se quitaron de encima a Canuleyo, enviándolo a Hispania para tratar de impedir que los hispanos siguiesen molestando a los patricios romanos. Unos cuantos acuerdos, que quedarían en papel mojado, sirvieron para tranquilizar momentáneamente a los demandantes. Pero los culpables quedaron sin castigo. Entre los encartados estaban Furio y Matieno, a los que se insinuó la conveniencia de dejar Roma por algún tiempo. Titino, que se había comportado en Hispania como un auténtico criminal, fue absuelto en tercera instancia. Evidentemente, había mucha gente en las altas esferas interesada en que se diese carpetazo al enojoso proceso
Graco y Albino recibieron en Roma los merecidísimos honores triunfales. Sus veteranos fueron repatriados y premiados con pagas extraordinarias. Y durante los 33 años siguientes (178-155) la tranquilidad reinó en las provincias romanas de Hispania.
Pero no faltaron algunos incidentes violentos que merce la pena analizar...
Bien es cierto que de lo que ocurrió durante este lapso bien poco es lo que conocemos, pero sí lo suficiente para hacernos una idea de la catadura moral de los pretores que sucedieron a Graco. El hecho de que el cargo de pretor fuese anual inducía a los elegidos a una carrera de latrocinios para batir las marcas que sus antecesores en el cargo habían fijado, no sólo por el dinero entregado al erario, sino en riquezas adquiridas en provecho propio. Así, muchos de los sucesores de Graco quebrantaron descaradamente los tratados que aquél había concluido con los celtíberos. Los perjudicados trataron de defenderse como pudieron. No faltaron revueltas armadas, pero ante el convencimiento de que por la fuerza nada iban a conseguir, salvo endurecer el trato que recibían de los pretores, al final optaron por enviar legados a Roma para que denunciasen ante el Senado las rapiñas y el régimen de terror impuesto por los enviados de Roma, en violación flagrante de los tratados existentes.
En el año 171 ya estaban en Roma los diputados. No faltaban allí hombres honestos que hicieron lo posible para que se creara un tribunal encargado de exigir responsabilidades a los culpables. A. Canuleyo fue designado para instruir la causa. M.P. Catón y P. Escipión Nasica fueron nombrados patronos o defensores de la provincia Citerior, y L. Emilio Paulo y Sulpicio Galo, de la Ulterior. Pero el Senado no estaba dispuesto a consentir que se tirara de la manta y descubriese toda la verdad. Por lo pronto se quitaron de encima a Canuleyo, enviándolo a Hispania para tratar de impedir que los hispanos siguiesen molestando a los patricios romanos. Unos cuantos acuerdos, que quedarían en papel mojado, sirvieron para tranquilizar momentáneamente a los demandantes. Pero los culpables quedaron sin castigo. Entre los encartados estaban Furio y Matieno, a los que se insinuó la conveniencia de dejar Roma por algún tiempo. Titino, que se había comportado en Hispania como un auténtico criminal, fue absuelto en tercera instancia. Evidentemente, había mucha gente en las altas esferas interesada en que se diese carpetazo al enojoso proceso
En esta época tienen lugar también las fundaciones de varias colonias que evidenciaron todavía más el claro propósito de Roma de asimilar por completo, política y culturalmente, Hispania. En Carteia (Algeciras), Canuleyo permitió la instalación de las gentes que habían nacido de romano e hispana desde los primeros años de la ocupación. En el 169 a. de C., el pretor M. Claudio Mercelo fundó la colonia de Corduba (Córdoba), a la que se denominó "colonia patricia", por haberse establecido en ella muchos nobles romanos, incluso senadores y miembros del orden ecuestre.
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