LA BURGUESÍA AL ASALTO DEL PODER (I)

El proceso revolucionario iniciado en 1808 no había llegado a su término a causa de los gobiernos tapones de Fernando VII; sin embargo, había provocado la muerte  del absolutismo.  De 1833 a 1840 se consumará la revolución burguesa a escala nacional.  Durante estos mismos siete años tendrá lugar la guerra civil entre liberales y carlistas, o mejor dicho, entre  una burguesía aún no lo suficientemente potente y un campesinado aferrado y manejado por las viejas estructuras económicas, sociales y espirituales del antiguo régimen.  A partir de 1840 los liberales todavía muestran síntomas de debilidad para llevar a cabo la revolución, y tendrán que echar mano de los militares para que con su fuerza se opongan al armado campesinado carlista y conquisten el poder político.

La consumación de la revolución liberal burguesa trastocará toda la vida española.  Las reformas radicales que trae consigo la revolución se aplicarán esencial y decisivamente en el campo económico y social (desamortización).  Aunque en un esquema lógico deberían tratarse primero estas decisivas reformas económicas y sociales, no obstante analizaremos, en primer lugar, las reformas estatales.

El proceso de democratización por parte de los liberales comienza en el Estatuto Real de 1834 y se remata con la Constitución progresista de 1837.

Con la muerte de Fernando VII, como él mismo había pronosticado, "el tapón de la botella se disparó".  Los carlistas comenzaron sus revueltas y la reina gobernadora, para combatir al carlismo, necesitaba el dinero y la capacidad de los liberales, quienes a cambio pedirían una Constitución liberal al estilo europeo.

María Cristina confirmó como presidente del gobierno a Cea Bermúdez.  Se trataba de un fiel servidor, moderado por temperamento e incansable trabajador.  Cea iniciaba su actuación en el Manifiesto de la gobernadora al país (1833).  Documento ecléctico, ofrecía a los absolutistas la defensa de la religión y el mantenimiento de las leyes fundamentales de la monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas; y a los liberales, nada de reformas políticas, sino sólo administrativas, "únicas capaces de producir la prosperidad y la dicha de los pueblos".  Como Cea desconocía lo que era un gobierno representativo, también en el extranjero cayó su manifiesto como algo desatinado.

La conspiración contra Cea Bermúdez, bien dirigida por cortesanos, militares, burócratas y representantes de Inglaterra y Francia, triunfó fácilmente.  pero quienes habían dirigido esta oporición deseaban un constitucionalismo liberal prudente y, por tanto, curado de innovaciones violentas.  Para ello, nada de recurrir al pueblo o a las sociedades secretas, sino a militares amigos de las reformas y enemigos del inmovilismo político de Cea.  La Corona aceptó este "liberalismo respetable", en el que veía una defensa segura para el trono de Isabel II.

El nuevo jefe de gobierno era Martínez de la Rosa, ardoroso representante del liberalismo en su juventud.  Como en otros muchos casos, también se había operado en él una evolución hacia el moderantismo.  El Estatuto Real de Martínez de la Rosa era una versión española de la carta otorgada que Luis XVIII había dado a Francia en 1814, y se reducía a una simple convocatoria de Cortes, de acuerdo con las leyes de Partida y Nueva Recopilación.